Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico
Ley Núm. 22 del 7 de enero de 2000 y enmiendas

CAPITULO VII. CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR BAJO LOS EFECTOS DE BEBIDAS
EMBRIAGANTES, DROGAS O SUSTANCIAS CONTROLADAS

Artículo 7.01- Declaración de propósitos y regla básica
Constituye la posición oficial y política pública del gobierno del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, que el manejo de vehículos o vehículos de motor en las
vías públicas bajo los efectos de bebidas embriagantes, drogas o sustancias
controladas, constituye una amenaza de primer orden a la seguridad pública y que
los recursos del Estado irán dirigidos a combatir, en la forma más completa,
decisiva y enérgica posible, con miras a la pronta y total erradicación, de esta
conducta antisocial y criminal que amenaza las vidas y propiedades de todos los
ciudadanos, así como la tranquilidad y la paz social.

A tenor con lo dispuesto, será ilegal que cualquier persona bajo los efectos de
bebidas embriagantes, drogas o sustancias controladas conduzca, haga funcionar
cualquier vehículo o vehículo de motor, o posea cualquier envase abierto que
contenga bebidas embriagantes en el área de pasajeros de cualquier vehículo o
vehículo de motor. (Enmendado en el 2004, ley 132 en términos generales)

Artículo 7.02- Manejo de vehículos de motor bajo los efectos de bebidas
embriagantes
En cualquier proceso criminal por infracción a las disposiciones del Artículo
7.01 de esta Ley, el nivel o concentración de alcohol existente en la sangre del
conductor al tiempo en que se cometiera la alegada infracción, según surja tal
nivel o concentración del análisis químico físico de su sangre, de su aliento, o
cualquier sustancia de su cuerpo constituirá base para lo siguiente:

(a) Es ilegal per-se, que cualquier persona mayor de dieciocho (18) años de edad
conduzca o haga funcionar un vehículo de motor, cuando su contenido de alcohol
en su sangre sea de ocho (8) centésimas del uno (1) por ciento (.08%), o más,
según surja tal nivel o concentración del análisis químico o físico de su
sangre, o de su aliento.

(b) En el caso de camiones, ómnibus escolares y vehículos pesados de motor, será
ilegal que se conduzcan cuando el contenido de alcohol en la sangre del
conductor sea de dos (2) centésimas del uno (1) por ciento (.02%) o más.

(c) Es ilegal que cualquier persona menor de 18 años conduzca o haga funcionar
un vehículo de motor conteniendo alcohol en su sangre, según se determine dicha
concentración de alcohol en el análisis químico de su sangre o aliento.

Las disposiciones de los anteriores incisos (a), (b), y (c) no deberán
interpretarse en el sentido de que las mismas limitan la presentación de
cualquier otra evidencia competente sobre si el conductor estaba o no bajo los
efectos de bebidas embriagantes al tiempo de cometerse la alegada infracción.
(Enmendado en el 2004, ley 132 en términos generales.)

Artículo 7.03- Manejo de vehículos de motor bajo los efectos de drogas o
sustancias controladas
Será ilegal que cualquier persona que esté bajo los efectos de cualquier droga
narcótica, marihuana, sustancia estimulante o deprimente, o cualquier sustancia
química o sustancia controlada, al grado que lo incapacite para conducir un
vehículo con seguridad, conduzca o tenga el control físico y real de un vehículo
de motor por las vías públicas. El hecho de que una persona acusada de violar
las disposiciones de este Artículo tuviere o haya tenido derecho a usar dicha
droga narcótica, marihuana, sustancia estimulante o deprimente, o sustancia
química o sustancia controlada de acuerdo con las leyes de Puerto Rico, no
constituirá defensa contra la imputación de haber violado este Artículo.

Artículo 7.04- Penalidades
(a) Toda persona que viole lo dispuesto en los Artículos 7.01, 7.02 ó 7.03 de
esta Ley incurrirá en delito menos grave. Cualquier agente del orden público o
funcionario debidamente autorizado por ley que haya intervenido con una persona
que viole las disposiciones enumeradas en este inciso, expedirá una citación
para una vista de determinación de causa probable para su arresto, y no le
permitirá que continúe conduciendo y lo transportará hasta el cuartel más
cercano, donde permanecerá hasta tanto el nivel de alcohol en su sangre sea
menor del mínimo permitido por ley o ya no se encuentre bajo los efectos de
cualquier droga narcótica, marihuana, sustancias estimulantes o deprimentes, o
cualquier sustancia química o sustancias controladas.

(b) Si el nivel o concentración de alcohol en la sangre es de ocho (8)
centésimas de uno (1) por ciento (0.08 de 1 %) o más; o dos centésimas del uno
por ciento (.02%) o más en casos de conductores de camiones, ómnibus escolares,
vehículos pesados de servicio público y vehículos pesados de motor, o con alguna
concentración de alcohol en la sangre en caso de menores de dieciocho (18) años
de edad, y la persona fuere convicta de violar lo dispuesto en los Artículos
7.01, 7.02 ó 7.03 de esta Ley, además de la suspensión de la licencia conforme a
lo dispuesto en el Artículo 516 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 197 1, según
enmendada, conocida como "Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico”, será
sancionada de la siguiente manera:

(1) Por la primera infracción, con pena de multa no menor de trescientos (300)
dólares ni mayor de quinientos (500) dólares y pena de restitución de ser
aplicable, así como la asistencia compulsoria a un programa de orientación
debidamente certificado que el Departamento establecerá para tales casos en
conjunto con la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la
Adicción. Además, se le suspenderá la licencia por un término que no excederá de
treinta (30) días y de no cumplir con las condiciones de la sentencia y la
rehabilitación impuestas, se le impondrá una pena de cinco (5) a quince (15)
días de cárcel.

(2) Por la segunda convicción, con pena de multa no menor de quinientos (500)
dólares ni mayor de setecientos cincuenta (750) dólares y cárcel por un término
de quince (15) a treinta (30) días y pena de restitución de ser aplicable.
Además, se suspenderá la licencia de conducir por un término de seis (6) meses.

(3) Por la tercera convicción y subsiguientes, con pena de multa no menor de
setecientos (700) dólares ni mayor de mil (1,000) dólares y cárcel por un
término no menor de sesenta (60) días ni mayor de seis (6) meses y pena de
restitución, de ser aplicable. Además, se le suspenderá la licencia por un
término de dos (2) años.

(4) En casos de segunda convicción y subsiguientes, el Tribunal también ordenará
la confiscación del vehículo de motor que conducía el convicto bajo los efectos
del alcohol o bajo los efectos de sustancias controladas, al momento de ser
intervenido, con sujeción a la Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988, según
enmendada, conocida como “Ley Uniforme de Confiscaciones", si dicho vehículo
está inscrito en el Registro de Vehículos de Motor a nombre del convicto y la
convicción anterior fue adjudicada en el período de cinco (5) años anteriores a
la fecha de la nueva convicción. La alegación de reincidencia no tiene que ser
alegada por el fiscal en la denuncia. Esta se evidenciará en el informe
pre-sentencia.

(5) Luego de transcurridos tres (3) años contados a partir de una convicción
bajo las disposiciones de este Artículo, no se tomará ésta en consideración en
caso de convicciones subsiguientes. Para que el Tribunal pueda imponer las penas
por reincidencia establecidas en este Artículo, no será necesario que se haga
alegación reincidencia en la denuncia o en la acusación. Bastará que se
establezca el hecho de la reincidencia mediante el informe pre-sentencia o
mediante certificado de antecedentes penales.

(c) Toda persona que fuere convicta de violar lo dispuesto en los artículos
7.01, 7.02, y 7.03 y además estuviere manejando el vehículo de motor en compañía
de un menor de quince (15) años de edad o menos, será sancionada con una multa
de quinientos (500) dólares y cuarenta y ocho (48) horas de cárcel. El
Secretario dispondrá mediante reglamento todo lo relacionado al proceso de
confiscación de vehículos de motor que se establece en el sub inciso (b)(4) de
este Artículo, incluyendo las excepciones necesarias con el fin de evitar
penalizar a un individuo que dependa completamente de dicho vehículo de motor
para las necesidades de la vida, incluyendo cualquier miembro de la unidad
familiar del individuo convicto, o cualquier co-dueño del vehículo, siempre y
cuando dicho individuo no sea la persona convicta. (Enmendado en el 2000, ley
414; 2004, ley 132 en términos generales.)

Artículo 7.05- Penalidades en caso de daño corporal a otra persona
Toda persona que viole lo dispuesto en los Artículos 7.01, 7.02 ó 7.03 de esta
Ley y a consecuencia de ello ocasionare daño corporal a otra persona, incurrirá
en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de multa no
menor de mil (1,000) dólares ni mayor de cinco mil (5,000) dólares, y pena de
restitución. Además, conllevará la suspensión de la licencia de conducir por un
término no menor de un (1) año ni mayor de cinco (5) años, así como no impedirá
otro proceso, por los mismos hechos, por infracción a los Artículos 7.01, 7.02,
ó 7.03 de esta Ley. (Enmendado en el 2004, ley 132 en términos generales.)

Artículo 7.06- Penalidades en caso de grave daño corporal a un ser humano
Si a consecuencia de la violación a lo dispuesto en los Artículos 7.01, 7.02, ó
7.03 de esta Ley, un conductor causare grave daño corporal a un ser humano, será
culpable de delito grave y convicto que fuere le serán de aplicación las multas
dispuestas en el anterior Artículo 7.05 de esta Ley, en idénticas
circunstancias, y además será sancionado con pena de reclusión por un término
fijo de dieciocho (18) meses. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija
establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de tres (3) años; de mediar
circunstancias atenuantes, podrá ser reducida a un mínimo de seis (6) meses y un
(1) día. Además, conllevará la suspensión de la licencia de conducir por un
término no menor de dos (2) años ni mayor de siete (7) años, así como impedirá
otro proceso, por los mismos hechos, por infracción a los Artículos 7.01, 7.02,
ó 7.03 de esta Ley. Para los efectos de este Capítulo, "grave daño corporal"
significará aquel daño que, sin conformar el delito de mutilación, resulte en la
incapacidad física o mental, ya sea parcial o total, temporal o permanente, que
afecte severamente el funcionamiento fisiológico o mental de una persona.

Si una persona que hubiere sido convicta por infracción a los Artículos 7.01,
7.02, ó 7.03 de esta Ley, cometiera subsiguientemente una infracción a los
mismos Artículos, dicha persona será considerada reincidente bajo el respectivo
Artículo.

Constituirá grave daño corporal aquél que, sin conformar el delito de
mutilación, resulte en la incapacidad física o mental, ya sea parcial o total,
temporera o permanente, que afecte severamente el funcionamiento fisiológico o
mental de una persona. (Enmendado en el 2004, ley 132 párrafos 1ro y 2do.)

Artículo 7.07- Evaluación previa a imposición de sentencia y otros
procedimientos
Antes de dictar sentencia a cualquier persona convicta por infracción a las
disposiciones de los Artículos 7.01, 7.02, 7.03, 7.05 ó 7.06 de esta Ley, se
llevarán a cabo los siguientes procedimientos:

(a) El tribunal ordenará a la Administración de Servicios de Salud Mental y
Contra la Adicción que se efectúe una investigación minuciosa y le rinda un
informe dentro de los treinta (30) días siguientes a la orden. Dicho informe
incluirá los antecedentes penales e historial de la persona convicta en relación
con el uso de bebidas embriagantes o de drogas narcóticas, marihuana o
sustancias estimulantes o deprimentes que le permita determinar si dicha persona
se beneficiaría del programa de rehabilitación establecido y aprobado por la
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción en coordinación
con el Departamento de Transportación y Obras Públicas. En el informe se hará
constar si el convicto es reincidente. Para los efectos de este Artículo,
"rehabilitación" significará cualquier tipo de tratamiento, orientación,
consejería o asesoramiento que determine el organismo a cargo de la
rehabilitación.

(b) Rendido el informe del funcionario designado de la Administración de
Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, el tribunal citará para el acto
de imposición de sentencia y dictará la misma de acuerdo a las penalidades
dispuestas en los Artículos 7.04, 7.05 y 7.06 de esta Ley, según sea el caso,
dentro de un período no mayor de diez (10) días contados desde la fecha en que
se rindió dicho informe.

(c) En todos los casos, si luego de examinar el informe requerido por este
Artículo, el tribunal determina que la persona es un bebedor o adicto que
necesite del programa de rehabilitación establecido por la Administración de
Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, dictará sentencia.

(d) Si durante el proceso de rehabilitación la Administración de Servicios de
Salud Mental y Contra la Adicción determinare que la persona necesita ser
hospitalizada, y si la persona accediera voluntariamente a ser hospitalizada, la
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción solicitará al
tribunal que ordene la hospitalización. La hospitalización se realizará en
alguna institución pública o privada que provea hospitalización y tratamiento
adecuado, previamente aprobado por la Administración de Servicios de Salud
Mental y Contra la Adicción. Si la persona considera que no necesita de la
hospitalización y puede presentar testimonio médico a tales efectos, le
solicitará al tribunal que le dispense de dicha hospitalización y le permita
continuar bajo el programa de tratamiento ambulatorio. En ningún caso podrá una
persona ser hospitalizada para tratamiento, bajo las disposiciones de este
Artículo, por un período mayor de tres (3) meses en forma consecutiva. A
solicitud de la persona hospitalizada el tribunal podrá en cualquier momento
revisar o modificar su orden de hospitalización. En consideración al progreso
obtenido por la persona bajo tratamiento, el tribunal podrá, a su discreción,
dejar sin efecto la orden de hospitalización y disponer que la persona continúe
bajo tratamiento ambulatorio en el organismo dispuesto por la Administración de
Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción.

(e) Se considerará "bebedor o adicto toda persona que admita voluntariamente su
condición de alcohólico o adicto a drogas o sustancias controladas, o que haya
sido objeto de un diagnóstico médico como tal. En los demás casos, para la
determinación de si el convicto es "bebedor o adicto ", el tribunal podrá tomar
en consideración las siguientes circunstancias:

(1) Historial de contactos previos con agencias de servicios sociales o médicos
debido a problemas con la bebida, drogas o sustancias controladas.

(2) Informes sobre dificultades de índice legal, familiar, social, financiera o
de trabajo a causa de uso de bebidas alcohólicas, drogas o sustancias
controladas.

(3) Una o más convicciones previas por ofensas relacionadas con el uso de
bebidas alcohólicas, drogas o sustancias controladas.

(f) En todos los casos en que, conforme a este Artículo, al dictar la sentencia
el tribunal podrá suspender la licencia de conducir, hasta tanto dicha persona
participe y apruebe el curso de mejoramiento para conductores establecido por el
Departamento de Transportación y Obras Públicas o hasta tanto el organismo a
cargo de la rehabilitación certifique que la persona está capacitada para
conducir, según fuere el caso. El curso de mejoramiento para conductores se
iniciará dentro de un periodo no mayor de treinta (30) días después de la orden
del tribunal, decretando la suspensión de la licencia, y el mismo no se
extenderá por un período mayor de treinta (30) días después de haberse iniciado.

(g) No obstante lo establecido en este Artículo, cuando la persona amerite el
que se le conceda una licencia provisional para conducir vehículos de motor, el
tribunal podrá ordenar al Secretario que expida dicha licencia, imponiéndole
aquellas restricciones que a juicio del tribunal fueren necesarias para proteger
la sociedad y garantizar la seguridad pública. Dichas restricciones podrán
imponer limitaciones sobre el tipo de vehículo que dicha persona pueda conducir,
lugares por donde podrá conducirlo, horas y días de la semana durante las cuales
se autorice a conducir dicho vehículo por las vías públicas, así como cualquier
otra limitación que se estimare necesaria por razones de seguridad, todo lo cual
se hará constar en le licencia que se le expida.

(h) Si la persona rehusara participar en el programa de rehabilitación y
asesoramiento, o en el curso de mejoramiento para conductores, o si no
compareciera, o si violare las normas y reglas establecidas para dicho programa,
o si descontinuara su participación, el Administrador de Servicios de Salud
Mental y Contra la Adicción o el Secretario notificará al Secretario de
Justicia, quien solicitará del tribunal que proceda a dejar sin efecto la orden
de suspensión de la sentencia, procediéndose a ordenar la ejecución de la misma.

(i) Cuando el organismo a cargo de la rehabilitación certifique que la persona
está capacitada para conducir vehículos de motor, cuando la persona apruebe el
curso de mejoramiento para conductores establecido por el Departamento, o cuando
por acción u omisión del Departamento el curso de mejoramiento de conductores no
se inicie o no se complete dentro del término provisto en este Artículo, el
Secretario restituirá inmediatamente a dicha persona su licencia de conducir sin
las restricciones anteriormente impuestas, si algunas. En cualquiera de estas
circunstancias, el tribunal ordenará el archivo del caso, pudiéndose, sin
embargo, utilizar el caso para computar la reincidencia que se señala en los
Artículos 7.01, 7.02, 7.03, 7.05 y 7.06 de esta Ley.

(j) Se ordena al Director de la Administración de Servicios de Salud Mental y
Contra la Adicción, en consulta con el Secretario, a promulgar los reglamentos
que sean necesarios para poner en vigor la imposición y cobro a los conductores
que participen en el curso de mejoramiento o en el programa de rehabilitación de
ciertos derechos razonables para contribuir a sufragar el costo del programa. El
reglamento dispondrá las normas para eximir de esta obligación a aquellos
conductores que no puedan pagar los derechos. (Enmendado en el 2004, ley 132
incisos (c) y (f)).

Artículo 7.08- Sentencia suspendida bajo ciertas circunstancias
El tribunal podrá suspender los efectos de la sentencia de reclusión impuesta
cuando se tratare de una convicción bajo el Capítulo VII, con excepción del
Artículo 7.06 o que la persona sea considerada reincidente, de esta Ley y la
persona reuniere los siguientes requisitos:

(a) Que el resultado del análisis químico o físico demuestre un nivel de alcohol
en la sangre entre ocho (8) y diez (10) centésimas (0.08 y 0.10) del uno por
ciento (1%) de alcohol en la sangre.

( b) Que el resultado del análisis químico o físico demuestre un nivel de
alcohol en la sangre entre dos (2) y ocho (8) centésimas (0.02 y 0.08) del uno
por ciento (1%) de alcohol en la sangre, en el caso de un conductor de camiones,
ómnibus escolares y vehículos pesados de motor.

(c) Que la persona acceda voluntariamente a prestar treinta (30) días de
servicios en la comunidad. El beneficio de suspensión de los efectos de la
sentencia de reclusión no estará disponible si se ha recluido el resultado del
[porcentaje] en el nivel de alcohol en la sangre a base de una estipulación
entre el acusado y el Ministerio Público.

La Administración de Corrección, en coordinación con la Oficina de
Administración de los Tribunales, establecerá y mantendrá un programa de trabajo
comunitario compulsorio al cual podrán ser referidos los convictos que se acojan
a los beneficios del sistema dispuesto en el inciso (d) de este Artículo. El
programa que se establezca tendrá como propósito principal lograr que, mediante
la prestación de ciertos servicios en la comunidad, aquellas personas en quienes
recaiga una convicción por violación a lo dispuesto en el Capítulo VII de esta
Ley adquieran conciencia de los riesgos y las consecuencias adversas que acarrea
el conducir un vehículo en estado de embriaguez.

Para llevar a cabo la función que le ha sido impuesta, el Administrador de la
Administración de Corrección podrá concertar acuerdos con centros de salud y
hospitales gubernamentales y privados, con organizaciones sin fines de lucro y
especialmente con aquéllas que se dedican a proveer servicios de salud y cuidado
a los enfermos, así como entidades privadas y gubernamentales que se dedican a
promover la seguridad en el tránsito.

El programa que se establezca permitirá que el convicto preste sus servicios
comunitarios fuera de horas laborables o fuera de su horario de estudios cuando
ello sea necesario, para evitar interrupción en sus responsabilidades como
empleado o en sus tareas académicas. El acuerdo de trabajo dispondrá para la
certificación de la asistencia y para la evaluación de los trabajos que haya
prestado el convicto. En caso de que la persona no comparezca o se ausentare del
programa, o si violare las normas y reglas establecidas, la Administración de
Corrección solicitará del tribunal que proceda a dejar sin efecto la orden de
suspensión de la sentencia, procediéndose a ordenar la ejecución de la misma.
(Enmendado en el 2004, ley 132 1er párrafo)

Artículo 7.09- Análisis químico
Se considerará que toda persona que transite por las vías públicas de Puerto
Rico conduciendo un vehículo o un vehículo de motor o un vehículo pesado de
motor habrá prestado su consentimiento a someterse a un análisis químico o
físico de su sangre, o de su aliento o de cualquier sustancia de su cuerpo, para
los fines que se expresan en este Artículo, así como a una prueba inicial del
aliento a ser practicada en el lugar de la detención por el agente del orden
público o cualquier otro funcionario autorizado por ley.

Con relación a los procedimientos bajo este Artículo, se seguirán las siguientes
normas:

(a) Se entenderá que el referido consentimiento queda prestado para cualesquiera
de los análisis estatuidos y que la persona que fuere requerida, se someterá al
análisis que determine el oficial del orden público que realice la intervención.
Si el intervenido se negare, objetare, resistiere o evadiere someterse al
procedimiento de las pruebas de alcohol, drogas o sustancias controladas, será
arrestado con el fin de trasladarle a una facilidad médico-hospitalaria para que
el personal certificado por el Departamento de Salud proceda a extraerle las
muestras pertinentes. Una vez extraídas las muestras, el intervenido será dejado
en libertad, pero si después de obtener las muestras de sangre o haber realizado
la prueba de aliento el intervenido mostrare síntomas de no estar capacitado
para manejar un vehículo o vehículo de motor será retenido en el cuartel hasta
que la intoxicación desaparezca.

(b) Toda persona muerta o inconsciente se considerará que no ha retirado su
consentimiento, según anteriormente se dispone, y el análisis o los análisis le
serán efectuados, sujetos a las disposiciones de este Artículo. En estos casos,
así como el de peatones muertos en accidentes de tránsito, las muestras de
sangre se efectuarán por el Departamento de Salud dentro de las cuatro (4) horas
siguientes al accidente, y en el caso específico de las personas inconscientes
se enviarán al Instituto de Ciencias Forenses para su análisis posterior. Será
obligación de toda unidad de salud pública, hospital o dispensarlo público o
privado ante el cual se encontrare el cadáver, extraer la muestra de sangre al
occiso dentro del período antes señalado, y remitirla inmediatamente al
Instituto de Ciencias Forenses.

(c) Cualquier agente del orden público o funcionario debidamente autorizado por
ley deberá requerir de cualquier conductor que se someta a cualesquiera de
dichos análisis químicos o físicos después de haberle detenido si tiene motivo
fundado para creer que dicha persona conducía o hacía funcionar un vehículo bajo
los efectos de bebidas embriagantes, drogas o sustancias controladas, o cuando
habiendo sido detenido por razón de una posible infracción a la ley o a las
leyes de servicio público y sus reglamentos, existieren motivos fundados para
creer que conducía o hacía funcionar un vehículo bajo los efectos de bebidas
embriagantes, drogas o sustancias controladas al tiempo de su detención.

(d) Podrá también requerirle al conductor en cuestión que se someta a los
análisis arriba expresados, cualesquiera de los siguientes funcionarios:

(1) El miembro de la Policía a cargo inmediato del puesto, distrito o zona
policíaca donde se efectuó el arresto según fuere el caso.

(2) El fiscal que realice la investigación preliminar.

(3) Cualquier juez o magistrado del Tribunal de Primera Instancia.

(e) Además de lo dispuesto en el inciso (c) de este Artículo, cualquier agente
del orden público podrá requerirle a cualquier persona que esté conduciendo o
haciendo funcionar un vehículo de motor que se someta a una prueba inicial del
aliento o prueba a ser practicada en el lugar de la detención, si dicho agente:

(1) Tiene motivo fundado para sospechar que la persona ha ingerido alcohol o ha
utilizado sustancias controladas.

(2) Si ocurre un accidente y la persona se hallaba conduciendo uno de los
vehículos involucrados en el accidente.

(f) Si el resultado de la prueba inicial del aliento o cualquier otro análisis
indicare una posible concentración de ocho centésimas (0.08) o más del uno por
ciento (1%) de alcohol por volumen, o dos centésimas del uno por ciento (.02%) o
más, en caso de conductores de camiones, ómnibus escolares, vehículos pesados de
servicio público y vehículos pesados de motor; o al-una concentración de alcohol
en la sangre en casos de menores de dieciocho (18) años; disponiéndose que el
agente del orden público le podrá requerir al conductor que se someta a un
análisis posterior, el resultado del mismo podrá ser utilizado para demostrar
que la persona ha estado conduciendo en violación a los Artículos 7.01 al 7.09
de esta Ley. De resultar con una concentración menor a la indicada
anteriormente, excepto en el caso de menores de dieciocho (18) años, se
concluirá que la persona detenida o arrestada no ha estado conduciendo o
haciendo funcionar un vehículo bajo los efectos de bebidas embriagantes.

Si luego de realizar las pruebas de alcohol, las mismas reflejasen que el
conductor no estaba bajo los efectos de las bebidas embriagantes y aun así diera
indicios de estar intoxicado, el agente del orden público podrá tener motivos
fundados para estar en la creencia de que el conductor se encuentra bajo los
efectos de drogas o sustancias controladas. En tal situación, el agente del
orden público le realizará las pruebas de campo que estime necesarias, previo a
someter a la persona detenida o arrestada a un análisis químico de orina. El
agente del orden público procederá a someter al conductor a un análisis químico
de orina, cuyo resultado podrá ser utilizado para determinar si la persona ha
estado conduciendo o haciendo funcionar un vehículo en violación al Capítulo 7
de esta Ley. Si el resultado del análisis químico de orina, demuestra o de
determinarse que la persona no estaba bajo los efectos de drogas o sustancias
controladas, ésta quedará en libertad inmediatamente. El Superintendente de la
Policía de Puerto Rico en conjunto con el Departamento de Salud deberá aprobar
un reglamento que sea aplicable al proceso de estas pruebas de campo, y un
procedimiento para la obtención de las muestras de orina requeridas por este
Artículo. Además, éste deberá adoptar el reglamento dentro de un término de
noventa (90) días luego de la vigencia de esta Ley.

(g) Se ordena al Secretario del Departamento de Salud para reglamentar la forma
y sitio en que habrán de tomarse, envasarse y analizarse las muestras de sangre
o las de cualquier otra sustancia del cuerpo, así como aquellos otros
procedimientos afines al análisis químico o físico, pero con sujeción a lo
dispuesto en los incisos (i), (j) y (k) de este Artículo. Asimismo se faculta al
Secretario del Departamento de Salud para adoptar y reglamentar el uso de los
instrumentos científicos que estimare necesarios para determinar la
concentración de alcohol en la sangre, así como de drogas o sustancias
controladas de los conductores que fueren detenidos por conducir o hacer
funcionar vehículos bajo los efectos de bebidas embriagantes, drogas o
sustancias controladas. Esta facultad se extiende al instrumento que utilizará
el agente del orden público para hacer la prueba inicial del aliento, según lo
dispuesto en este Artículo.

(h) Las instituciones de servicios de salud, públicas y privadas, y su personal
quedarán sujetos a las reglas y reglamentos que promulgue bajo la autoridad del
inciso (g) de este Artículo el Secretario del Departamento de Salud.

(i) Toda muestra obtenida de una persona, excepto la de aliento, será dividida
en tres (3) partes: una será entregada a la persona detenida para que pueda
disponer sus análisis y las otras dos (2) serán reservadas para el uso del
Departamento de Salud y/o el Instituto de Ciencias Forenses, una de ellas con el
propósito de ser usada en el análisis químico o físico requerido por este
Artículo, y la otra se conservará para ser analizada únicamente por
instrucciones del tribunal en caso de que existiere discrepancia entre el
análisis oficial y el análisis hecho privadamente por instrucciones del acusado.

(j) Solamente el personal debidamente certificado por el Departamento de Salud,
actuando a petición de un agente del orden público, de un fiscal o de un juez
del Tribunal de Primera Instancia, podrá solicitar extraer una muestra de sangre
para determinar su contenido alcohólico, drogas o sustancias controladas, sujeto
a lo establecido en el inciso (g) de este Artículo. Se ordena al Secretario de
Salud a certificar al personal gubernamental, debidamente cualificado para
realizar los análisis de alcohol, drogas o sustancias controladas en sangre,
orina o aliento.

(k) Copia del resultado del análisis químico del aliento, de la sangre o de
cualquier otra sustancia del cuerpo del detenido, según fuere el caso, le será
remitido al fiscal del distrito correspondiente al lugar donde ocurrieron los
hechos, para su debida incorporación al expediente del caso. El conductor tendrá
derecho a que se le suministre a ¿I o a su abogado, información completa sobre
el análisis o los análisis practicados.

(l) Todo documento en el que el Departamento de Salud informe un resultado sobre
un análisis realizado en su laboratorio y cualquier otro documento que se genere
de conformidad con la reglamentación que promulgue el Departamento de Salud a
tenor con las disposiciones de este Artículo, emitido con la firma de
funcionarios autorizados y su sello profesional de ser requerido y bajo el sello
oficial del Departamento de Salud, deberá ser admitido en evidencia como prueba
“prima facie”. (Enmendado en el 2004, ley 132 1er párrafo, incisos (a), (b),
(f), (j) y (k))
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