La Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF, por sus siglas en inglés) no tan solo negó la exención religiosa a miles de sus miembros que no deseaban vacunarse contra el Covid-19, sino que selectivamente solo las concedió a una ínfima minoría que estaban al borde de la jubilación, bloqueándole este derecho constitucional a personal de nuevo ingreso y el resto de sus miembros activos.
Un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito de los Estados Unidos, compuesto por los jueces: Eric Murphy, Raymond Kethledge y John K. Bush, emitió una opinión en contra de la apelación de la USAF en torno al fallo del juez Matthew McFarland del Tribunal Federal de Ohio, quien bloqueó temporalmente el mandato de…

Desde que hace varias semanas el Pueblo de Puerto Rico se enteró de que el gobierno de Pedro Pierluisi se disponía a regalarle un bonazo de entre $2,954 y $11,000 a sobre 90,000 empleados públicos del gobierno central, excluyendo corporaciones públicas, las reacciones de indignación entre la ciudadanía y los empleados que no guisaron del decreto, no se hicieron esperar.
El bono de la discordia que será repartido el 1 de diciembre, fue producto del “sobrante” alcanzado mediante la negociación del Plan de Ajuste a la Deuda (PDA) y de legislación por encargo en la resolución Conjunta de la Cámara 415, mediante la cual se asignan $556 millones, de los cuales, $475 millones se otorgarán a ciertos empleados públicos cuya unión apoyó el PDA.
Ante el reclamo de un amplio sector de los empleados públicos excluidos, el gobernador Pedro Pierluisi indicó en conferencia de prensa que está considerando extender dicho bono a los mismos, pero que necesitará la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
La reacción de la Unión Independiente Auténtica (UIA) de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados no fue amenazar con un paro de labores para forzar el que se les incluya en el bono de la discordia. Un paro que comenzaría a partir de las 10:00 de la noche del miércoles.
El presidente de la UIA, Luis de Jesús Rivera expresó: “Levantamos nuestra voz en contra del discrimen a los miembros de la U.I.A. y compañeros empleados de la AAA. Aunque el gobernador dice que pidió autorización a la Junta de Control Fiscal, no tenemos nada garantizado, ni concreto. Nos parece que lo que puede hacer el gobernador Pierluisi es ‘curarse en salud’, luego la Junta podría negar la autorización y Pierluisi va a decirnos: ‘fue la Junta, no yo”, indicó de Jesús Rivera.

Según Así informó el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Manuel Laboy, el Departamento de Educación está revisando el “Plan Maestro de Reconstrucción de Escuelas”, mediante el cual y con miles de millones de dólares federales asignados tras el paso del huracán María, se modernizarían las escuelas alrededor del país, e inclusive muchas serían remplazadas por nuevos planteles y el propio sistema educativo sería reformulado.
Estamos hablando de 7,000 proyectos de construcción, “debidamente encaminados” que impactarán a cientos de planteles, muchos de ellos igualmente afectados por los terremotos de hace casi tres años en un país, donde la burocracia y la inacción hacen fluir el desarrollo a suero de brea.
Debido a esto, el Gobierno ha estado en riesgo de perder miles de millones en fondos de emergencia asignados, debido a que sencillamente no han sido utilizados.
“Están revisando ese plan maestro de proyectos de envergadura, de nueva construcción, y eso tan pronto tenga el visto bueno del gobernador, se le presenta a FEMA y se estará encaminando a finales de este año y obviamente el 2023. En su momento, Educación hará la presentación de lo que es ese plan maestro revisado”, expresó Laboy.

¿Qué cooómo?¿Y dónde queda el discurso del calentamiento global y las protecciones medioambientales?
La Oficina de Administración de Energía Oceánica de EE. UU. (BOEM, por sus siglas en inglés) anunció en un comunicado que estará subastando 958,202 acres ubicadas frente a la costa centro-sur de Alaska, desde la isla Kalgin más al norte, hasta la isla Augustine en el sur, para propósitos de perforación y extracción de gas y petróleo.
La subasta está programada para el 30 de diciembre de 2022.
Según ha trascendido, la Casa Blanca está respondiendo a un acuerdo establecido con el senador Joe Manchin (D-West Vi.) para que este apoyara el proyecto de Ley para la Reducción de Inflación (IRS), firmada por el presidente Biden y que antagónicamente aborda la crisis climática, busca reducir la contaminación atmosférica y ahorrar dinero a las familias en sus facturas de energía.
Según estimados del Departamento del Interior la zona podría producir casi 200 millones de barriles de petróleo crudo y 300 mil millones de pies cúbicos de gas natural.

En una inusual demanda de 247 páginas, incoada en el tribunal federal, unos 16 municipios le reclaman una cuantía indeterminada a las principales compañías petroleras con operaciones y productos fósiles derivados del petróleo en la Isla, como compensación por los daños producidos por fenómenos atmosféricos y erosión costera a causa de su actividad comercial.
Los municipios demandantes son: Caguas, Loíza, Bayamón, Lares, Barranquitas, Comerío, Cayey, Trujillo Alto, Vega Baja, Añasco, Cidra, Aguadilla, Las Marías, Moca, Morovis y Aibonito.
La firma de servicios legales, Milberg Coleman Bryson Phillips Grossman LLC, especialista en demandas de clase representa a los demandantes.
Según el documento, los demandados:
Exxon Mobil, Shell, Chevron, British Petroleum, Conocophillips, Motiva Enterprises, Occidental Petroleum, BHP, Arch Resources Inc., Rio Tinto, y Peabody Energy, en sus operaciones, y como resultado de estas, tuvieron un “rol primario”, mediante el “refinamiento, mercadeo y venta al consumidor de productos derivados del petróleo”, causando “pérdidas, muertes y destrucción” en la población, a sabiendas de que sus operaciones provocaban calentamiento global y a su vez huracanes cada vez mayores y devastadores, así como un aumento en el nivel de mar.
Los demandantes argumentan que dichas empresas tenían cabal conocimiento del daño que producían sus operaciones y productos, y no empece a ello ocultaban la información, utilizaban cabilderos y sufragaban campañas en los medios para promover su actividad y el engaño al inclusive decir públicamente que “el cambio climático no era una amenaza real e inminente”.
La demanda deja abierta a la discreción del tribunal la imposición de cuantías para resarcir los daños, la cual “sea suficiente para proveer restitución y repagar a los municipios de Puerto Rico y a sus ciudadanos”, reza el documento.

Actualización: Según trascendió el miércoles 30 de noviembre, el gobierno de Xi Jinping no piensa quedarse cruzado de brazos y las autoridades comunistas chinas han comenzado a rastrear a los miles de manifestantes desatando una verdadera cacería de brujas.
Informes de Reuters indican que ciudadanos, muchos de ellos estudiantes, están siendo citados e interrogados por la policía e inclusive se le está solicitando a todos, la presentación de declaraciones escritas. Universidades y patronos colaboran con las autoridades en la persecución de los manifestantes para evitar que se vuelva a repetir.
Una tensa calma se vive en…

Actualizado miércoles 30 de noviembre:
La Junta de Directores de la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP), aprobó el martes por minoría simple extender el contrato suplementario de LUMA Energy. La votación tuvo el rechazo de los dos miembros representantes del interés público.
Por su parte, la Junta de Control Fiscal (JCF) anunció que daba su visto bueno a la extensión del contrato.
Mientras el gobernador Pedro Pierluisi se aferra a su decisión de respaldo total a la permanencia de LUMA Energy para que continúe a cargo de la transmisión y distribución de energía en la Isla, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) había dado el lunes los pasos conducentes a la extensión del controvertido contrato que vence este miércoles 30 de noviembre.
El director ejecutivo de la AAPP, Fermín Fontanés Gómez, cursó una carta a la Junta de Directores, mediante la cual no tan solo solicitaba el voto a favor de la extensión del contrato, sino que planteaba que no sería necesario contar con el voto de los dos representantes del interés público, miembros de la Asamblea Legislativa, porque al tratarse de una extensión y no un contrato nuevo, no tendría que cumplir con ese requisito.
Fontanéz fue el mismo que en su afán por cumplir con los deseos de su jefe en La Fortaleza, solicitó en días recientes la opinión y consejo legal del secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, sobre el contrato, algo que ni corto ni perezoso emitió este último a favor del mismo. Un contrato, que de ser renovado, como a todas luces ha de ser, obliga al país a permanecer con esta empresa por 15 años.
Por su parte, los presidentes legislativos Rafael “Tatito” Hernández Montañez y José Luis Dalmau Santiago habían advertido a Pierluisi sobre un posible litigio, si en efecto se culminaba la renovación del controvertido contrato suplementario de dicha empresa.
Hernández Montañez y Dalmau Santiago enviaron una carta al gobernador solicitando sentarse en la mesa de diálogo “antes de que tome esta decisión”.

Durante el pasado fin de semana, mientras en Puerto Rico se disfrutaba del inicio de las festividades navideñas, pocos se enteraron de una noticia que los medios rentados no publican y que es meritorio reseñar.
El Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU. (NIAID) y principal asesor médico de la Casa Blanca, testificó en sesión virtual y a puertas cerradas el pasado 23 de noviembre, en una demanda incoada por los fiscales generales de los estados de Louisiana y Missouri, Jeff Landry y Eric Schmitt, junto a otros demandantes, contra el Gobierno federal y oficiales de alto rango que alegadamente confabularon…

Según informó el director ejecutivo de la Junta de Retiro, Luis M. Collazo Rodríguez, los jueces y maestros con 45 años de edad o más, que aún no han tomado la decisión de si se acogerán a cotizar al Seguro Social, tienen hasta el 15 de diciembre para hacerlo.
De hecho, la fecha límite venció en mayo, pero fue extendida hasta diciembre.
Tras la determinación recogida en el Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central, los maestros y jueces que cotizaban a sus respectivos planes de pensión definida tenían la opción de cotizar al denominado Plan 106 (parecido al 401 K), al Seguro Social o ambos. Y como parte del acuerdo, si estos elijen aportar al Seguro Social o cotizar Plan 106, no perderían lo acumulado en sus planes de beneficio definido.

Tras la respuesta en negativa por parte del Departamento de Justicia a solicitudes de la prensa del país para entrevistar al secretario de dicha dependencia, Domingo Emanuelli sobre el estado y procedimientos relacionados al segundo juicio del exconvicto Pablo Casellas, acusado de ordenar la ejecución de su esposa, Carmen Paredes, un manto de hermetismo rodea el caso, tras comentarios en las redes de que se negocia un acuerdo con el exconvicto.
Casellas se encuentra en libertad bajo fianza, tras haber sido excarcelado después de que el Tribunal de Apelaciones determinara que los juicios criminales en la Isla debían de obtener un veredicto de unanimidad y no de mayoría del jurado para lograr la convicción.
Casellas cumplía una sentencia de 109 años de prisión y al momento aún no hay fecha señalada para el segundo juicio.

Según el informe del Departamento del Trabajo de Estados Unidos (DOL) las solicitudes iniciales por desempleo en Puerto Rico continuaron en descenso durante la semana que finalizó el pasado 12 de noviembre.
Durante este período se reportaron unas 1,604 reclamaciones iniciales de desempleo, lo cual representa 312 solicitudes menos que la semana anterior, en la que se informaron 1,917 de estas. Una merma sustancial tras los pasados aumentos registrados durante las semanas posteriores al huracán Fiona.

El pasado fin de semana dio inicio a una serie de manifestaciones en contra del contrato de LUMA, que desembocarán en una gran manifestación denominada “Día Nacional contra LUMA”, pautada para el miércoles 30 de noviembre en San Juan.
Esa es la fecha en que vence el actual contrato de LUMA Energy, empresa a cargo de la transmisión y distribución de energía en la Isla, el cual pudiera ser renovado de manera automática con una duración de 15 años. Algo avalado y respaldado por el gobernador, Pedro Pierluisi.

Mucha ha sido la alarma que ha provocado entre la ciudadanía la aparición de postes del alumbrado eléctrico con luces de color azul en diversos municipios como: Vega Alta, Morovis, Aguas Buenas, Carolina, Bayamón, entre otros.
Hemos hecho esfuerzos para contactar al gobierno buscando explicaciones y al momento aún no responden.
La luz LED es conocida como “luz azul”, porque posee sobre un 35% de este espectro o largo de onda, no importa si usted la percibe blanca.
La luz que observamos en forma de colores es lo que llamamos espectro visible. El espectro de luz visible abarca radiación electromagnética con longitudes de onda que van desde los 380 nanómetros (nm) a los 770 nm.
El alumbrado a base de “luz azul” LED en…

La exfiscal Janet Parra, quien lleva una temporada de declaraciones públicas en contra del Departamento de Justicia (DJ) y su secretario, Domingo Emmanuelli, reveló que fue el caso del asesinato del boxeador Héctor “Macho” Camacho, el que finalmente provocó su renuncia en abril de 2022.
El caso le fue asignado en 2019 y alega la licenciada que sus esfuerzos investigativos desembocaban en un callejón sin salida, toda vez que el DJ y la Jefa de Fiscales, Jessika Correa González, no hacían nada por impulsar la investigación. De hecho, alega Parra que Correa “no entrevistó al testigo, ni se reunió con el agente investigador. ¡Nada! Tanto fue así que uno de los informes forenses tenía un error y nadie se dio cuenta hasta que yo tuve ese expediente en mis manos”.
Indicó la exfiscal que solicitó al DJ que le sufragara los gastos de traslado a Florida para entrevistar al testigo, William Ojeda Ramos, que se encontraba preso en ese estado y dispuesto a cooperar, pero le fue denegado.
Como resultado del alegado desmadre y dejadez en el DJ, donde se interfiere y bloquean investigaciones, y donde expedientes duermen el sueño de los justos, el 4 de octubre de 2022 el juez Rafael Villafañe Riera declaró no causa contra los cinco acusados del vil crimen ocurrido en noviembre de 2012.
Por su parte, Correa González, quien posteriormente pasó a ser ayudante especial de Emmanuelli, negó las imputaciones de Parra.

Según datos provistos por la Oficina del Censo, el número de parejas del mismo sexo que han optado por establecer un hogar, bien sea bajo un estatus de convivencia o matrimonio, se ha disparado exponencialmente en Estados Unidos.
Hablamos de 1.2 millones de hogares establecidos bajo este modelo, lo cual releja un 1% aproximado del total de 128.45 millones de hogares.
Hablamos de cerca de 710,000 parejas del mismo sexo casadas y poco más de 500,000 en convivencia.
Según los datos, la edad promedio en los hogares de parejas homosexuales casadas es de 48.9 y la de no casados de 42 años.
En comparación la edad promedio en los hogares de parejas heterosexuales casadas es de 52.8 años y la de no casados de 39.9 años.
El 18% de las parejas del mismo sexo casadas forman un hogar con hijos (as) menores de 18 años de edad, en comparación a las no casadas con un 13%.
Informe del pasado 22 de noviembre de 2022 con datos de 2021.

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, confiado en que el tiempo vuelva a hacer su trabajo, continúa aferrado al controvertido contrato de transmisión y distribución de energía de la empresa LUMA Energy, no empece al rechazo masivo del pueblo, incluyendo analistas, abogados y políticos.
Para despachar el tema, a Pierluisi se le ocurrió tildar de “trillado” el reclamo del pueblo exigiéndole cancelar el contrato, que para muchos es leonino y no salvaguarda los mejores intereses del pueblo y además utilizó de escudo las recomendaciones de la secretaria del Departamento de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, en su pasada visita a la Isla.
“Está trillado el asunto. Ya básicamente se ha dicho y repetido que las consecuencias de una cancelación serían…

Como resultado de una demanda incoada en junio de 2022, por parte de los médicos Robert L. Apter (Arizona), Mary Talley Bowden (Texas) y Paul E. Marik (Virginia), contra la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA); su comisionado Robert M. Califf; el Departamento de Salud y Recursos Humanos de EE.UU. (DHHR) y su secretario, Xabier Becerra, alegando los galenos que los mandatos de estas agencias contra el uso de la Ivermectina como tratamiento contra el Covid-19 había lacerado su práctica, coartando su criterio clínico y afectado su credibilidad y reputación, trascendió la declaración de los abogados de la FDA retractándose en un intento de desvincularse de la cacería de brujas que…

Según informó la presidenta del Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico (CPEPR), Frances Berríos Meléndez, unos 3,031 colegiados están en riesgo de perder sus licencias debido a incumplimiento con el requisito de alcanzar las horas de educación continua requeridas, en conformidad con la Ley 115.
Berríos Meléndez expresó en declaraciones escritas: “La Ley 115, que regula la profesión, nos exige que hagamos públicos los nombres de los trabajadores que serán referidos a la Junta Examinadora por su incumplimiento. Transcurridos 15 días, a estos 3,031compañeros se les notificará por escrito que ha sido referido para suspensión de licencia. La certificación del Colegio constituye suficiente evidencia para que la Junta tome acción en o antes de 60 días a partir de nuestra notificación. Durante este proceso, el perito electricista tiene que demostrar que se puso al día con sus ocho horas de educación estatutarias. Si esta lamentable situación se concreta, podríamos tener que lidiar con un país varado en medio de un proceso histórico de transición y reconstrucción energética”.
La presidenta del CPEPR indicó el riesgo que representa que estos profesionales no tengan al día sus horas de educación continua y por ende sus licencias: “Tenemos una alta responsabilidad con la seguridad pública del país y el cumplimiento de la Ley 115. Las personas en incumplimiento no están al día con las nuevas y mejores prácticas energéticas en una industria que da pasos agigantados y que se mantiene en constantes cambios todos los días. Esto pone en peligro la salud, seguridad y bienestar de los puertorriqueños”, puntualizó Berrios Meléndez.

¿Qué cooómo? Según ha trascendido se alega que las compañías de servicios legales DBPR Legal, junto a CDO Group, ambas de amigos del alma del Partido Nuevo Progresista (PNP) o administradas por estos, han recibido fondos federales de mitigación del Programa de Subvención para la Mitigación de Riesgos (HMGP) asignados por la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA), utilizando de vehículo a la Junta de Planificación (JP), en un esquema mediante el cual se llevaba a los tribunales a pequeños y medianos comerciantes que alegadamente incumplían con sus permisos de uso o violaban las ordenes pandémicas del gobernador, Pedro Pierluisi.
La escandalosa información, publicada en el Nuevo Día, por los periodistas David Cordero y Wilma Maldonado, salpica al expresidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Walter Alomar Jiménez, quien funge como socio administrador de DBPR Legal y a Valerie Rodríguez, CEO de CDO Group, quien es esposa del asesor y exdirector de campaña del PNP, Elías Sánchez Sifonte.
Según la información trascendida, DBPR ha guisado con contratos ascendentes a $9.5 millones y CDO con $2.2 millones.
“Las intervenciones de la JP no tuvieron que ver con con alteraciones al código de construcción en las estructuras o porque su ubicación fuera en áreas de riesgos de inundaciones o deslizamientos, que es lo que persigue prevenir el HMGP. En cambio se trató de decenas de acciones judiciales y de cese de operaciones contra pequeños comercios porque, por ejemplo, operaban una vellonera no autorizada, o porque tenían una barra cuando su permiso era para tener un cafetín…”, reza la nota de prensa, describiendo lo que a simple vista parece ser un esquema para canalizar de manera indebida y criminal, a costillas del atropellado comercio isleño, el festín de billetes para los amigos del alma.

Los fiscales generales de 22 estados de EE.UU. se han unido exigiendo a la administración Biden el cese y desista del mandato que obliga a hospitales y organizaciones de salud exigirle a sus empleados prueba de vacunación para permanecer en sus empleos.
En enero de 2022 y en votación de 6 a 3 el Tribunal Supremo de EE.UU. había bloqueado el mandato de Casa Blanca que imponía a todos los empleadores con 100 o más empleados exigirle pruebas de vacunación a estos, sin embargo, mantuvo la discreción de los centros que reciben fondos de Medicare o Medicaid de exigir pruebas de vacunación a sus empleados.
Ahora los 22 fiscales argumentan que a raíz de…

Tal y como habíamos informado meses atrás en este medio, las naciones más poderosas del mundo, en sintonía con la denominada “Agenda 2030”, comienzan a alinearse y dar los pasos afirmativos y finales para enmendar el Reglamento Internacional de la Salud (RSI), mediante el cual se otorgarían poderes plenipotenciarios a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para emitir mandatos, por encima de las soberanías y ramas de gobierno de las naciones. Esto en aras del bien universal y de alcanzar un estado de uniformidad mundial en el manejo de las emergencias provocadas por las futuras pandemias.
El pasado 16 de noviembre de 2022, en el marco de la Cumbre del G20 en, Bali, Indonesia, los líderes de las naciones que componen el…

“Yo siempre he respetado la figura del secretario de Justicia, en este caso Domingo Emanuelli… pero uno no puede prestarse para estas artimañas”, expresó el representante popular y expresidente de la Comisión de lo Jurídico, Orlando Aponte, en relación a la “opinión” emitida por Emanuelli, bendiciendo el contrato de LUMA Energy y declarándolo completamente válido y legal, en beneficio del pueblo de Puerto Rico. Esto a escasas semanas de que el contrato suplementario vigente con dicha empresa venza y tenga que ser renovado o cancelado.
Según Emanuelli, el contrato firmado por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) no es contrario a la ley, la moral ni el orden público, lo cual incluye las cláusulas de…

El Proyecto de la Cámara 552 (P. de la C. 552), mediante el cual se mantienen incentivos a la industria cinematográfica y se aumentan los créditos contributivos para realizar producciones en Puerto Rico, fue aprobado en votación de 45 votos a favor y uno en contra durante la última sesión ordinaria de la Cámara.
La medida fue llevada a la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor después de haber sido aprobada en el Senado y enmendada en la Cámara, por lo cual necesitó limar la pieza legislativa en comité de conferencia entre ambos cuerpos para ser aprobada.
El proyecto de ley aumenta de $38 millones a $100 millones los créditos contributivos para la producción fílmica; una industria que ha ido tomando fuerza con producciones en las cuales han participado figuras y elencos de alto nivel, y que trae consigo empleos temporeros, así como múltiples beneficios en el mercadeo de la Isla como destino turístico.

Siguiendo lo que a todas luces es una agresiva estrategia contra la llamada “desinformación” que se aparta del reducto de las vacunas y tratamientos monoclonales como única opción para el tratamiento del Covid-19, un médico quiropráctico de St. Louis, Missouri fue demandado por la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) enfrenta nada menos que $500,000 millones en penalidades por promover la vitamina D3 y el zinc como una alternativa de tratamiento contra dicha enfermedad.
Se trata del Dr. Eric Nepute, de 41 años, quiropráctico licenciado, propietario del Nepute Wellness Center en St. Louis y dueño de la empresa Quickwork y la marca Wellness Warrior.
La empresa vendió en línea cantidades asombrosas de frascos de ambas vitaminas, promoviéndolas abiertamente como…

Más allá de las buenas noticias económicas que inundan los medios y la bonanza producida por los miles de millones de ayudas y fondos de emergencia, el último informe publicado en el Boletín de Puerto Rico, revela que entre enero y octubre de este año unos 207 comercios se han declarado en quiebra, lo cual representa un 17.6% más que las quiebras presentadas durante el mismo período en 2021.
De hecho, esta es la cantidad de quiebras más alta presentada en los últimos tres años y no estamos mencionando las cifras de quiebras de individuos, sino de comercios y empresas.
Cuando hablamos de cifras combinadas, los primeros ocho meses del año (hasta agosto) ya reflejaban unas 2,623, lo cual era poco más de medio por ciento por debajo de 2021, cuando el total de quiebras de todo el año cerró en 3,863, un número bastante bajo en comparación a años anteriores.