ACTUALIZACIÓN: El juez del Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, Paul Engelmayer emitió el pasado fin de semana una orden bloqueando el acceso del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk, a los registros del Departamento del Tesoro que contienen datos personales confidenciales como el número de seguro social y cuentas bancarias de millones de estadounidenses; esto después de que 19 fiscales generales interpusieran una demanda federal. Abajo el tracto de la noticia.

Llueve y no escampa en Estados Unidos en lo que perfila ser el cuatrienio de mayor choque frontal entre los estados y el gobierno federal en su historia.

Un frente de nada menos que 14 fiscales generales (secretarios de justicia) se preparan para presentar una demanda contra el gobierno federal de Donald Trump, a fin de frenar el acceso del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por el magnate tecnócrata Elon Musk, a datos personales de los estadounidenses, así como a cuentas bancarias estatales, corporativas y personales, además de los sistemas de gobierno estatal que emiten pagos de fondos aprobados por el gobierno federal.

Y es que el presidente Trump ha otorgado un «cheque en blanco» a esta recién creada dependencia, a fin de cumplir una misión, que no está del todo claro su alcance y cuál sería su desenlace.

Preocupa a los estados, los cuales emitieron una declaración escrita, la posibilidad de que esta inusual ficha de ajedrez político desarrolle la capacidad de controlar el sistema económico y gubernamental con un botón desde Washington, violando el principio de autonomía que rige en los estados de la unión, esto sin ningún tipo de autoridad constitucional o mandato de ley, en una cuasiagencia federal creada de un plumazo ejecutivo a puertas cerradas.

De hecho, el recurso judicial a ser presentado por los estados se sumaría a otras disputas en torno al mismo asunto y situación, como la demanda presentada por una coalición de sindicatos, a la que se le unió el Instituto de Política Económica, la cual alega que las acciones de DOGE violan los límites constitucionales del poder ejecutivo, así como “las leyes que protegen a los funcionarios públicos de amenazas arbitrarias y acciones adversas”.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, otorgó a DOGE acceso al sistema de pagos del Tesoro, y Musk cuyas empresas tecnológicas también tienen vínculos contractuales con el gobierno federal, advino al corazón del sistema de datos fiscales clasificados de la nación más poderosa del mundo, sin ser un secretario de gobierno confirmado por el Congreso, ni electo por el voto popular ni responder a ley habilitadora o reglamento alguno.

En una declaración publicada por la coalición de estados, estos rechazan permitir el acceso de DOGE a los datos que necesitaría Musk y su jefe político, para más allá de indagar en una inusual auditoría, investirse de las herramientas y mecanismos para asumir el control de las finanzas en los estados de la Unión.

«La semana pasada, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le dio a Elon Musk acceso a información privada personal de los estadounidenses, datos de cuentas bancarias estatales y otra información que es algunos de los datos más sensibles de nuestro país.
Como el hombre más rico del mundo, Elon Musk no está acostumbrado a que le digan ‘no’, pero en nuestro país nadie está por encima de la ley. El presidente no tiene el poder de entregar nuestra información privada a quien él elija, y no puede recortar los pagos federales aprobados por el Congreso.
Este nivel de acceso por parte de personas no autorizadas es ilegal, sin precedentes e inaceptable. DOGE no tiene autoridad para acceder a esta información, que buscó explícitamente para bloquear pagos críticos de los que dependen millones de estadounidenses: pagos que respaldan la atención médica, el cuidado infantil y otros programas esenciales.
En defensa de nuestra Constitución, nuestro derecho a la privacidad y la financiación esencial con la que cuentan las personas y las comunidades de todo el país, presentaremos una demanda para detener esta injusticia”, reza la declaración publicada por el fiscal general de Nueva Jersey, Matthew Platkin.
Junto a Platkin de New Jersey, la coalición incluye a los fiscales generales de California, New York, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Oregon, North Carolina, Vermont, Minnesota, Nevada, Rhode Island y Wisconsin.