A todo vapor la plancha para

“regulación robusta” de

de alquileres a corto plazo

jueves 22 de febrero de 2024

La intención del gobierno de Puerto Rico de establecer controles, y sobre todo, beneficios fiscales, de la creciente industria de los Alquileres a Corto Plazo (ACP), quedó aderezada con el informe de una de las más poderosas organizaciones latinas sin fines de lucro en Estados Unidos.

Hablamos de Hispanic Federation, la cual presenta en su informe, no tan solo el vertiginoso aumento de estas unidades ACP, de 1,000 en 2014 a sobre 25,000 en 2023, sino un impacto negativo, casi catastrófico, en las comunidades.

Según el informe, resultado de un estudio consignado a la organización El Enjambre, estos ACP son alegadamente causantes de desplazamiento de personas de escasos recursos en las comunidades, toda vez que los propietarios de propiedades les han cancelado contratos de alquiler para convertir estas unidades en ACP.

El informe, titulado “Propuestas para reducir el impacto de los arrendamientos a corto plazo (ACP) en el desplazamiento de las comunidades”, el cual ha sido reseñado por medios a nivel nacional, presenta un cuadro social y comunitario nefasto, lleno de calamidades y la victimización de personas entrevistadas que han sufrido algún tipo de daño, debido a estos ACP, para concluir que se requiere de una “regulación robusta”.

Las soluciones o recomendaciones presentadas en el informe, junto a un llamado de acción inmediata al gobierno, pudieran burocratizar y complicar el escenario de los propietarios, así como desalentar el establecer este tipo de ingreso, mediante una “regulación robusta”, que incluiría: clasificar los ACP como negocios, imponiendo requisitos de permisos y licencias, con diversos niveles de rigurosidad entre propietarios de múltiples unidades ACP y los que ocasionalmente alquilan su propiedad para tener algún ingreso adicional.

Como dato importante, Hispanic Federation, organización que posee un tracto de colaboración con el Senado de Puerto Rico, recomienda aumentar el impuesto por habitación del 7 % a entre un 9% y un 11 %, como fuente de ingreso para fiscalizar y brindar servicios públicos, incluida la participación de las comunidades en la toma de decisiones, relacionadas a los ACP.

El informe llega oportunamente, cuando existe un gran cabildeo por parte de los municipios para que se apruebe legislación que le otorgue una mordida en el guiso de los ACP y el P.C. 1557 se encuentra bajo escrutinio, esto después de que a finales de 2023 fuera derrotado en la Cámara el Proyecto del Senado 936 que enmendaba la Ley de Impuesto sobre el Canon por Ocupación de Habitación y buscaba otorgar una parte del impuesto a los municipios.

“La Asamblea Legislativa entiende meritorio destinarles mensualmente un tres por ciento (3%) del siete por ciento (7%) del Impuesto sobre el Canon por Ocupación de Habitación provenientes de los Alojamientos Suplementarios a Corto Plazo (short term rentals), que ya se obtiene mediante la Ley 272-2003, según enmendada”, rezaba la derrotada medida.

Ahora, casualmente el informe de la Hispanic Federation propone los tres puntos porcentuales de aumento en el impuesto, que pudieran ser destinados a los municipios, sin afectar la mordida del gobierno central, pero más importante aún, lo enmarca en un asunto de urgencia social comunitaria, afianzando aún más el vínculo con los municipios.

En enero de 2024, se efectuó en San Juan el “Rebook Short Term Rental Conference”, en donde sobre 15 conferenciantes locales e internacionales resaltaron el impacto económico y social de los ACP.
En ese evento se informó: “Al cierre de 2023 se registró un aumento de 38% en cantidad de propiedades de alquiler a corto plazo en comparación con el año anterior. Hoy son 25,000 unidades entre apartamentos y casas de alquiler a corto plazo frente a 17,000 que habían en 2022…
En estos momentos no existe ley estatal, la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) regula la industria a través del reglamento de hospederías. Municipalmente hay ordenanzas en Cabo Rojo, San Juan y Culebra que regulan los alquileres a corto plazo, sin embargo no hay uniformidad”, había expresado René Acosta copresidente de VIVA Puerto Rico Alliance.

En Puerto Rico, se llegó a hablar de limitar la cantidad de ACP y fue algo que el gobernador Pedro Pierluisi, cuyo hijo posee cerca de 100 propiedades de alquiler a corto plazo y administra sobre 100 adicionales, rechazó.

Uno de los más grandes opositores a los ACP es la industria hotelera, que al ver tronchada su intención de que se limitara la cantidad de estas unidades, aspira a legislación que imponga regulaciones y contrapisas que desalienten la proliferación de estas unidades, las cuales consideran “competencia desleal”.

Así las cosas, todos los indicios y alineación de astros apuntan a que los propietarios de ACP tendrán que someterse más temprano que tarde a sendas regulaciones “robustas”, que pondrán fin a la época de ensueño de: puerta, llave y dinero en la cuenta sin mayores complicaciones.

 

El autor es periodista acreditado por el Departamento de Estado de Puerto Rico                Miembro de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO)
Miembro de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ) Washington DC