La novela turca que coloca a la acusada exgobernadora Wanda Vázquez Garced en un intento de fulminar a sus entonces competidores políticos, el senador Thomas Rivera Schatz y la comisionada residente, Jenniffer González Colón, en medio de la crisis de gobierno provocada por la salida de «Ricky» Roselló en 2019, continúa dejando de qué hablar tras la presentación de una moción en el tribunal, donde sus abogados confirman y justifican los hechos.

Todo esto en medio del descubrimiento de prueba y preparación para el juicio federal en su contra por un alegado esquema de corrupción y soborno que la involucra a ella y al banquero venezolano, Julio Herrera Velutini, junto a otros coacusados.

Según había trascendido, alegadamente Rivera Schatz y González Colón presionaban a la entonces secretaria de Justicia, para que desistiera en su intención de asumir la gobernación en un «quítate tu pa’ ponerme yo», que llevó a que Vázquez Garced se le ocurriera acudir al Negociado Federal de Investigaciones (FBI) para no tan solo chotearlos, sino encausarlos criminalmente y por consiguiente, sacarlos de carrera política de manera total y permanente. Algo por lo que fue «alambrada» en conversaciones con estos colegas de su propio partido y el caso terminó siendo cerrado por el FBI al aparentemente no surgir evidencia de ilegalidad en las alegaciones de Vázquez Garced.

Después de que detonara la revelación de esta historia, produciendo gran revuelo mediático, los abogados de Vázquez Garced: Ignacio Fernández de Lahongrais, Peter John Porrata, Edgar Sánchez Mercado y Luis Plaza Mariota, sometieron el lunes 30 de septiembre una moción en su caso de corrupción, confirmando y justificando las acciones de su clienta. Según expone la defensa de la ecgobernadora: “Vázquez Garced es una fiscal de toda la vida y una exsecretaria de Justicia. Y, cuando se confrontó con lo que percibió como una actividad ilegal potencial, hizo exactamente lo que un fiscal debe hacer: alertó a las autoridades y cooperó con la investigación”, reza la moción.
El dato curioso detrás de la historia, es que quien terminó siendo investigada por el FBI y finalmente acusada por hechos no asociados a sus colegas de partido, fue precisamente Vázquez Garced, quien se expone a penas de entre cinco a 20 años de cárcel, de ser encontrada culpable.

Cambio de fecha para juicio (atualización):

El inicio del juicio contra la exgobernadora y los coacusados en este caso fue pospuesto del 21 de enero que estaba señalado, al 25 de agosto de 2025. Esto debido a que el investigador y exalguacil federal contratado por Vázquez para el levantamiento de pruebas, Roberto Vizcarrondo falleció el pasado 1 de octubre, llevándose consigo información considerada valiosa por la defensa, por lo que deben intentar recuperar esos datos y con toda probabilidad contratar un sustituto.