Muchas personas utilizan sus chats de inteligencia artificial (IA), como si se tratara de un confidente y pudieran estar suministrando datos y realizando consultas que pudieran utilizarse en su contra en los tribunales, incluyendo los casos penales.

Una nota de la agencia de noticias Reuters expone: «A medida que las personas recurren cada vez más a la inteligencia artificial en busca de asesoramiento, algunos abogados estadounidenses advierten a sus clientes que no traten a los chatbots de IA como confidentes de confianza cuando su libertad o responsabilidad legal están en juego».

En ese sentido tomó relevancia el caso de United States v. Heppner, en el que se acusó al expresidente de la empresa de servicios financieros GWG Holdings – acogida bajo la Ley de Quiebras – y fundador de la firma de activos alternativos Beneficent, Bradley Heppner, por fraude en valores, fraude electrónico y falsificación de registros, entre otros delitos.

Según trascendió, tras la incautación de dispositivos electrónicos durante el arresto de Heppner, el FBI halló 31 documentos generados mediante el modelo de IA Claude, desarrollado por la empresa Anthropic.

La Fiscalía presentó una moción solicitando el acceso a los archivos de informes creados por Heppner con asistencia de IA Claude y entregados a sus abogados, argumentando que el material fue creado mediante la interacción directa del usuario con una herramienta comercial antes de ser enviado a sus representantes legales.

Los abogados invocaron el derecho de confidencialidad en la relación abogado-cliente.

El juez federal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jed Rakoff, resolvió en febrero de 2026 que los documentos y consultas realizados por un imputado a través de una plataforma de inteligencia artificial comercial no están protegidos por el privilegio abogado-cliente ni por la doctrina del producto de trabajo o secreto profesional, por lo cual Heppner debía hacer entrega de los mismos.

Sin embargo, el fallo promete una escalada en una controversia jurídica recién nacida a la luz de los avances tecnológicos.

Y es que en contraparte a la determinación de Rakoff, el juez federal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Michigan, Anthony Patti determinó todo lo contrario en un caso con elementos análogos.

En ese caso (Warner v Gilbarco, Inc.) la demandante, Sohyon Warner, se representaba a sí misma en un procedimiento civil por discrimen laboral y utilizó la herramienta ChatGPT para preparar su caso.

Los demandados solicitaron la divulgación de todos los documentos relacionados con el uso de la herramienta de IA, argumentando que el uso de esta conllevó la renuncia del privilegio abogado-cliente y la protección del secreto profesional.

El juez denegó la solicitud de presentar los documentos relacionados con la IA, toda vez que la información solicitada no era susceptible de descubrimiento de prueba y estaba protegida por la doctrina del secreto profesional, dado que se había preparado en previsión de un litigio, rechazando el argumento de que el mero uso de ChatGPT equivalía a una renuncia a dicha protección ni mucho menos al privilegio abogado- cliente.

Ante este escenario, y previo a lo que a todas luces es materia en ruta obligada a una certificación en su día por parte del Tribunal Supremo, los abogados solicitan cautela en los contenidos de uso y consultas de sus clientes a los chats de IA.

En su nota, Reuters lo describe de la siguiente manera: «Los consejos de los abogados han abarcado desde recomendar a los clientes que seleccionen cuidadosamente sus plataformas de IA hasta sugerir un lenguaje específico para usar en los mensajes de los chatbots».

De hecho, se hace referencia al reconocido bufete de abogados internacional, O’Melveny & Myers, con sede en Los Ángeles, quien comunicó a sus clientes que los «sistemas de IA cerrados» diseñados para uso corporativo podrían ofrecer una mayor protección para las comunicaciones legales. Sin embargo, sostienen la toma de medidas cautelares, toda vez que no ha sido puesta a prueba, en un campo cuya evaluación juridica le falta aún mucho camino por recorrer.