El grupo de activistas ambientales en contra de la construcción del Paseo Ciclista de Rincón, el cual transcurriría frente al mar, desde el área del balneario en el pueblo, hasta el Faro en el barrio Puntas, alegan que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) instaló estaciones de vigilancia, con sistema infrarrojo, capaces de reconocer rostros y escuchar conversaciones, todo esto para espiar a la comunidad.

En una entrevista para el periódico El Vocero, el representante del grupo “Amigos de Tres Palmas”, Ramón Díaz Zambrana, expresó: “Esa tecnología cuesta $234,000 de fondos públicos para espiar a la misma comunidad… Ahora trajeron tres estaciones de vigilancia a la Reserva Marina de Tres Palmas, aquí en el monte… están espiando a la comunidad desde terrenos privados”, alegó Díaz Zambrana.

A tales acusaciones, la ACT respondió en negativa, asegurando que se trata de una medida de seguridad, toda vez que existen equipos y materiales en la zona de construcción.

Cabe señalar, que la situación no se produce en un vacío, existe historial de vandalismo en la zona.

“Todas las cámaras están ubicadas en áreas públicas, sin capacidad ni ángulo para grabar el interior de residencias o espacios privados adyacentes”, expresó en declaraciones escritas la ACT, indicando que “rechaza con firmeza toda insinuación de que este sistema vulnera el derecho a la privacidad ciudadana. Se trata de una medida legítima y responsable para garantizar la seguridad operacional del proyecto”, rezan las declaraciones.

La controversia que existe en el área se produce, debido a que los grupos ambientalistas se oponen a que dicha vía recreacional frente a la hermosa costa rincoeña, diseñada para el tráfico peatonal y vehículos no motorizados, como bicicletas, transcurriría cruzando frente a la costa terrenos de dominio público de la Reserva Marina de Tres Palmas.

De igual manera, cabe señalar que muchos rincoeños no están opuestos al proyecto, toda vez que es un proyecto para la construcción de un bien público y para el disfrute público, que brinda una oportunidad a familias y personas de la tercera edad de caminar y recrearse por un espacio adecuado, con seguridad y libre de obstáculos. Las familias, ciclistas y visitantes tendrían un área de esparcimiento pasivo desde donde disfrutar aún más de las maravillas de este litoral.

El plan de desarrollo contempla la siembra de árboles y mitigación de impacto ambiental.

De otra parte, los ambientalistas alegan que Rincón no necesita nada de eso, sino ser disfrutado en su “estado natural”, como un pequeño pueblito bonito, con bellas olas y una vista espectacular al Desecheo, donde se preserve en cada espacio la naturaleza y la vida marina. También traen a colación que en caso de un desastre ambiental, como huracanes o tsunamis, dichas facilidades recreacionales podrían convertirse en escombros.

Y hablando de escombros, las costas de Rincón están repletas de escombros, y muchas de las antes hermosas playas, están obstruidas por los mismos y por la proximidad del mar, que golpea estructuras, tanto en uso, como en desuso, que leyes absurdas impiden que sean protegidas con estructuras y murallas rígidas que eviten que caigan al mar.

Este medio NUEVA ISLA ha criticado dura y enfáticamente el ambientalismo fundamentalista y bizco, que por un lado habla de preservación de arrecifes de coral y vida marina, y por el otro permite mediante inacción y el apoyo a leyes restrictivas, que todo ese material contaminante caiga al mar, matando precisamente el coral y la vida marina.

Ambiguas declaraciones sobre desobediencia civil:

En el caso del Paseo Ciclista de Rincón, el Tribunal de Apelaciones ordenó la paralización inmediata la construcción en lo que se dilucidan argumentos de derecho en torno a una alegada excavación y movimiento de terreno en la reserva natural.

El grupo opuesto, consciente de que la duración de esa orden puede ser limitada, al parecer se prepara para hacer desobediencia civil, lo cual puede traducirse a violación de ley y acarrear arrestos e inclusive pena de cárcel.

El Artículo 200 del Código Penal, tipifica como delito la obstrucción de obras de construcción públicas: “Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años, toda persona que con la intención de impedir, temporera o permanentemente, cualquier obra de construcción, pública o privada, o movimiento de terreno, que cuente con los permisos, autorizaciones o endosos de las agencias concernidas, realice cualquiera de los siguientes actos: (a) Impedir la entrada o el acceso de empleados, vehículos y personas, incluyendo a los suplidores de materiales, autorizados por el dueño, contratista o encargado de la propiedad donde se realiza la obra o movimiento de terreno. (b) Ocupar terrenos, maquinarias, o espacios que son parte de la obra de construcción o el movimiento de terreno. El tribunal, además, impondrá la pena de restitución”, reza el estatuto.

El portavoz del grupo, expresó al medio de referencia: “La Autoridad de Carreteras trató de levantar la orden del Tribunal, pero el Tribunal le dijo no ha lugar. Ellos están tratando de intervenir para que se levante la orden de paralización mientras la paralización continúe. Nosotros no vamos a hacer procesos de desobediencia civil aquí, porque no hay necesidad. Pero una vez vengan o se levante la orden del tribunal y traigan las máquinas… ahí nosotros vamos a convocar”, declaró Díaz Zambrana.

Desconocemos si existe algún error en la redacción con los puntos y comas que pueda interpretarse como: “… Mientras la paralización continúe, nosotros no vamos a hacer procesos de desobediencia civil aquí, porque no hay necesidad, pero una vez vengan o se levante la orden del tribunal y traigan las máquinas… ahí nosotros vamos a convocar (a desobediencia civil)”.

Este medio está a la orden para que se expresen las partes abiertamente y sin censura, y se aclare cualquier mal entendido.

“Están estableciendo ese artículo (200) aquí en la Reserva Marina de Palma, donde precisamente es zona marítimo-terrestre, área de dominio público y es una reserva natural, así que nosotros no nos vamos a dejar amedrentar por el artículo 200. Esto va más allá que una ley… La Autoridad de Carreteras utilizó un mecanismo que se llama exclusión categórica para aprobar este proyecto. Esa exclusión categórica, lo que establece es que no necesitan hacer vistas públicas, no necesitan hacer una declaración de impacto ambiental ni hacer un proceso de planificación sostenible. Simplemente se van por ese subterfugio de exclusión categórica, utilizando un deslinde de 1998, es que ellos están haciendo este proyecto”, manifestó Díaz Zambrana.