En un comunicado enviado a nuestra sala de redacción, los representantes estudiantiles y claustrales ante la Junta Universitaria de la Universidad de Puerto Rico (UPR) manifestaron su atención y preocupación ante las acciones recientes de la Junta de Gobierno, particularmente por una propuesta para enmendar los requisitos para el puesto de Rector en la UPR que están contenidos en la Certificación Núm. 99 (2009-2010), que dispone los criterios mínimos para ocupar puestos en propiedad en la alta gerencia de la UPR que incluye, entre otros, el presidente, los rectores y decanos académicos.

A continuación el contenido de las declaraciones escritas emitidas por los representantes estudiantiles y claustrales:

Actualmente, para ocupar la rectoría de un recinto universitario, la persona designada debe poseer un grado doctoral o un grado terminal en su campo de especialidad, tener el rango de catedrático asociado y experiencia administrativa. Esta norma responde al carácter de excelencia académica que la UPR ha defendido históricamente y al compromiso institucional con el más alto nivel de rigor académico en sus líderes.

No obstante, en las pasadas semanas trascendió que miembros de la Junta de Gobierno aprobaron la propuesta de enmienda, a nivel del comité de Asuntos Académicos presidido por el Sr. Jorge Valentín Asencio. Esta propuesta eliminaría el requisito de rango de catedrático asociado, grado doctoral o terminal, permitiendo que personas sin grado doctoral pudieran ser nombradas en las rectorías, de ser aprobada por la Junta en pleno.

Esta acción inusitada se presenta al margen de la deliberación universitaria, lo que erosiona la transparencia y proyecta la impresión de que busca atender intereses particulares y no el mejor beneficio de la institución. Alertamos que esto tendría implicaciones significativas sobre la autonomía de la institución, la gobernanza universitaria y la proyección de la UPR como principal centro de educación superior en Puerto Rico y el Caribe.

Los representantes estudiantiles y claustrales establecen que esta propuesta no ha sido compartida con las representaciones del sector universitario dentro de la Junta de Gobierno, a pesar de múltiples solicitudes de acceso a la información dirigidas al Sr. Valentín y el Sr. Ricardo Dalmau, presidente de la Junta de Gobierno. Esta exclusión, contraviene los principios de participación democrática y transparencia que deben guiar la toma de decisiones en la institución.

“Un cambio de esta magnitud no solo afecta la estructura de gobernanza, sino que puede comprometer los estándares académicos que distinguen a nuestra universidad. Nos preocupa que este proceso se lleve a cabo sin la debida deliberación y sin la participación de los sectores directamente vinculados a la vida universitaria”, expresaron en declaración conjunta los representantes.

En virtud de lo establecido en la Ley Universitaria, la Junta de Gobierno tiene la facultad de nombrar a las máximas autoridades universitarias, pero dicho proceso debe regirse por los reglamentos de la institución y salvaguardando su misión académica. No podemos permitir que los reglamentos se modifiquen sin el rigor y evaluación sosegada de las consecuencias.

Los representantes hicieron un llamado a la Junta de Gobierno a garantizar la transparencia, apertura al diálogo y participación de todos los sectores universitarios antes de adoptar cualquier decisión que modifique los requisitos para ejercer cargos de Rector(a). De lo contrario, el liderato de la Junta de Gobierno claudicará nuevamente a su deber fiduciario de garantizar la transparencia e integridad institucional.