La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 301 (PC 301), de la autoría del representante Axel “Chino” Roque (PNP), ahora Ley 27-2026, cuyo objetivo es aliviar la carga económica que enfrentan nuevos clientes residenciales al solicitar conexión a los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.

La medida, denominada “Ley de Alivio en el Pago del Depósito para las Acometidas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados”, permitirá que todo nuevo cliente residencial de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) pueda prorratear el depósito requerido para iniciar el servicio por un período de hasta seis meses. La disposición no elimina ni reduce el monto total exigido como depósito, sino que ofrece la alternativa de pagarlo en plazos, disminuyendo así el impacto inmediato en el presupuesto familiar.

“Esta medida tiene un claro fin social que es facilitar que más ciudadanos puedan conectarse a servicios básicos sin que el pago inicial represente una barrera insuperable. Estamos hablando de acceso a agua potable y saneamiento, servicios fundamentales para la calidad de vida y la estabilidad residencial”, expresó la primera ejecutiva del país.

Actualmente, cuando una persona solicita la instalación de una acometida ante la AAA, significa que la propiedad no cuenta con infraestructura disponible para recibir el servicio. Como parte del proceso, la corporación pública requiere un pago inicial de 1,000 dólares por solicitud, conforme a la estructura tarifaria vigente, para realizar un estudio de factibilidad que determine si existe infraestructura cercana y cuál sería el punto de conexión adecuado.

En aquellos casos donde el análisis concluye que no existe infraestructura disponible, la solicitud es denegada y el pago inicial es reembolsado al solicitante. En caso de aprobación, el interesado debe completar el pago restante y presentar la documentación requerida para que la Autoridad proceda con la instalación correspondiente.

La nueva legislación no altera los requisitos técnicos ni elimina el depósito exigido, sino que introduce mayor flexibilidad en el proceso de pago. Con ello, el Gobierno busca facilitar el acceso a servicios esenciales, particularmente para familias que enfrentan limitaciones económicas al momento de establecer su residencia.