Es por todos conocido que el costo de los medicamentos es muy alto en Puerto Rico, aunque en el país tenemos más de 40 compañías farmacéuticas que producen un gran número de medicamentos para distribución a nivel mundial.

El renglón de los medicamentos comprende el 15% del presupuesto del Plan de Salud del Gobierno.
En Puerto Rico se producen medicamentos para combatir la hipertensión, el colesterol, Alzheimer, hipotiroidismo y muchos otros.

Sin embargo, el primer problema que confrontan nuestros pacientes es que esos medicamentos son enviados a Estados Unidos en recipientes grandes, para luego envasarse y regresar en frascos pequeños para ser distribuidos en Puerto Rico.

Esto implica dos viajes en la marina mercante más cara del planeta, lo que encarece el precio de los medicamentos.

Una solución sería que el gobierno les exija a las farmacéuticas que dejen en Puerto Rico la cantidad que son utilizados por nuestros enfermos.

Un claro ejemplo de esto que les hablo, podemos observarlo en España, donde el gobierno interviene con la farmacéutica a través de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos, fijando un precio en el cual se ha de vender su medicamento en España.

Por ejemplo: 30 tabletas de Tadalafil de 5 mgs., marca comercial Cialis, fabricada en Puerto Rico, medicamento utilizado tanto para la disfunción erectil, como para la hiperplasia benigna (próstata agrandada), cuesta $500 en Puerto Rico, mientras en España cuesta $110 (78% más barato).

Si la compañía no acepta el precio, pues el medicamento no se vende en España.

De igual manera en Canadá y la República Dominicana, este medicamento es más barato que en Puerto Rico, en donde el gobierno no tiene el poder en ley de intervenir y negociar los precios con las farmacéuticas que operan en la isla, en ausencia de legislación a tales efectos.

Por su parte, las compañías farmacéuticas argumentan que los altos costos se deben en gran medida al alto costo de producir un nuevo medicamento, lo cual no es enteramente cierto, pues las farmacéuticas reciben fondos del gobierno federal para financiar los trabajos de investigación y la producción de
nuevos medicamentos.

El costo de los medicamentos nuevos está totalmente controlado por las compañías farmacéuticas, pues tienen derechos de patente, y operan como monopolios.

Las compañías han diseñado estrategias para extender el monopolio de las patentes más allá del período de expiración.

El asunto pica y se extiende:

Ni Medicare, que es uno de los mayores compradores de medicamentos, puede negociar con las farmacéuticas.

Cuando en el 2006 se estaba debatiendo la parte D de Medicare, los grupos de cabilderos de las farmacéuticas convencieron a los congresistas de que si se otorgaba el poder de negociación a Medicare, eso equivaldría a controlar los precios. Tal es el poder de las farmacéuticas.

Sin embargo, la Administración de Veteranos sí tiene la capacidad de negociar con las compañías farmacéuticas los precios de los medicamentos que son utilizados por los veteranos; por lo que paga 80% de lo que paga Medicare.

La Administración de Veteranos puede negociar lo que incluye en su formulario y lo que está dispuesto a cubrir.

Los mecanismos que dieron vida al problema:

El concepto de Manejo Dirigido fue iniciado en Estados Unidos en la década del 1970 por el doctor Paul. M. Ellwood, Jr.

La Ley de Organizaciones de Manejo de Salud fue aprobada en el Congreso en el 1973, bajo la presidencia de Richard Nixon.

El Manejo Dirigido cambió el pago directo por servicios con pagos comprensivos prepagados.
En el 2011, el doctor Ellwood se quejaba de que su concepto de Manejo Dirigido se había desvirtuado.
Y es que al mismo se le introdujeron tres píldoras venenosas: la inclusión de planes con fines de lucro, la creación de los IPA’s y la falta de evaluación de los resultados.

No se sabía si los administradores desviarían los fondos y se afectaría la salud de los pacientes.
Y eso precisamente fue lo que ocurrió en la Reforma de Salud de Puerto Rico.

Los IPA’s manejan los fondos de capitación, racionan los servicios y les pagan poco a los médicos primarios.

El que se perjudica es el paciente:

El Congreso ha traicionado a los pacientes norteamericanos y puertorriqueños en dos ocasiones: al aprobar la Ley de Manejo Dirigido en el 1973 y al aprobar los Medicare Advantage en el 2003.

En ambos casos los congresistas dejan en manos de esas compañías el racionamiento de los servicios de salud, permitiendo excesivas ganancias para esas mismas compañías.

Como si eso fuera poco, en la década de 1970 surgió otro intermediario creado por las compañías de Manejo Dirigido: los PBM (Pharmacy Benefit Manager) o Administradores de Servicios de Farmacia. Los PBM administran el programa de medicamentos de planes comerciales, planes de patronos para sus empleados, Medicare Parte D, planes de empleados federales y programas de servicios médicos de los estados.

Los PBM son básicamente responsables de desarrollar y mantener un formulario, contratar con las farmacias, negociar descuentos con las compañías farmacéuticas y pagar los medicamentos. El precio de los medicamentos de marca o productos especializados, lo fija el manufacturero, mientras el precio de los medicamentos genéricos, lo fija las droguerías.

En 21 estados y el Distrito de Columbia los PBM son controlados por el gobierno.

En Puerto Rico se aprobó en el Senado un proyecto para fiscalizar a los PBM, pero no pasó en la Cámara de Representantes. Algunos de los PBM son subsidiarias de las compañías aseguradoras y en Puerto Rico nadie fiscaliza a los PBM.

La legislatura ha sido inefectiva en controlar el alto costo de los medicamentos.

Es urgente enmendar la Reforma de Salud, y como he mencionado en otros escritos sobre este tema, se podría utilizar los Centros 330 existentes en la Isla, para que realicen la función de los antiguos CDT’s.
Entre los cambios, hay que solicitar que el gobierno compre los medicamentos más baratos, utilizando el Plan 340B que utilizan los Centros 330 para obtener sus medicamentos.

La legislatura y el ejecutivo no han sido capaces, y ni siquiera han intentado tratar de combatir los altos costos de los medicamentos, que afecta no solo a los pobres, sino a todos los puertorriqueños.