Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans emitió una orden de Suspensión Administrativa Temporal, concediéndole a la administración Biden un respiro en su afán de presionar a las grandes empresas tecnológicas y redes sociales para que censuren publicaciones de usuarios que sean contrarios al discurso oficialista y políticas públicas del gobierno.
La decisión de Apelaciones se produce en consecuencia a un recurso presentado por el gobierno federal en respuesta a la orden emitida por el juez Terry A. Doughty del Tribunal de Distrito federal de Luisiana, prohibiéndole al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Estado de EE.UU. y el Departamento de Justicia (DOJ), incluyendo el FBI, entre otros, tomar acciones conducentes a la censura de publicaciones de usuarios, algo que fue la orden del día durante la pasada pandemia del COVID-19.
La orden temporera de Doughty se produjo en el contexto de una demanda interpuesta en 2022 por los fiscales generales de Luisiana y Missouri, quienes alegan que el gobierno federal se extralimitó al solicitarle a las empresas de redes sociales intervenir con publicaciones que pudieran sembrar dudas entre la población con respecto a vacunarse o en temas de corte político que pudieran alegadamente afectar las elecciones.
La previsible decisión de Apelaciones detiene la prohibición y permite al gobierno federal y sus dependencias continuar promoviendo y presionando a redes sociales como Facebook para censurar opiniones e información legítima, que determinen calificar como “desinformación”. Esto en un caso civil de corte constitucional que los estados demandantes con toda probabilidad elevarán al Supremo federal, el cual ya ha fallado previamente, aunque en casos de corte laboral, en contra de las políticas evidentemente draconianas de la actual administración durante la pandemia.
En la orden de Doughty, las agencias de gobierno tienen prohibido “participar en cualquier comunicación de cualquier tipo con empresas de redes sociales instando, alentando, presionando o induciendo de cualquier manera la eliminación, supresión o reducción de contenido que contenga libertad de expresión protegida”.
Así las cosas, la censura en redes continuará y el pronóstico de qué pudiera suceder para evitarlo continúa siendo reservado.