Ante la realidad de que no se ha adoptada la reglamentación requerida por la Ley 102-2025, conocida como la Ley de Reconocimiento Universal de Licencias Ocupacionales y Profesionales en Puerto Rico, la asociación de Realtors de Puerto Rico expresó su preocupación ante la ausencia de una reglamentación que permita su implementación responsable y ordenada para todas las profesiones impactadas.

La Ley 102-2025 fue firmada por la gobernadora Jennifer González el 1 de agosto de 2025 con el objetivo de facilitar la movilidad laboral y reconocer licencias profesionales y ocupacionales emitidas en otras jurisdicciones de los Estados Unidos. A pesar de ello, al día de hoy no se ha informado oficialmente la aprobación de los reglamentos ni enmiendas requeridos por ley para su ejecución.

La propia Oficina de la Gobernadora reconoció al momento de la firma que el estatuto requería enmiendas sustantivas para fortalecerlo, incluyendo: reglamentos claros para cada Junta Examinadora, programas de orientación a patronos y profesionales, sistemas de métricas para medir impacto en retención laboral y migración inversa, acuerdos interestatales de reciprocidad mutua, requisitos de residencia, educación continua obligatoria sobre las leyes de Puerto Rico y un enfoque prioritario en áreas críticas como la salud.

La ley obliga expresamente al Departamento de Estado, a las Juntas Examinadoras y a múltiples agencias administrativas a adoptar reglamentos para establecer procedimientos de solicitud, evaluación, licencias provisionales, certificaciones gubernamentales, tarifas, jurisdicción disciplinaria y convalidación de experiencia laboral. Sin estos reglamentos, la ley no puede operar de forma segura ni equitativa.

La Asociación de REALTORS® de Puerto Rico reiteró su solicitud formal de excluir a los corredores de bienes raíces del alcance de esta legislación, petición presentada tanto a la Asamblea Legislativa, como a la señora Gobernadora.

La organización subrayó que la profesión inmobiliaria en Estados Unidos no opera bajo un sistema uniforme de licencias universales, sino bajo marcos regulatorios distintos en cada jurisdicción, con requisitos particulares de educación, experiencia, exámenes y supervisión. Aplicar un reconocimiento automático en Puerto Rico comprometería la protección al consumidor.

La Asociación de REALTORS® y los gremios profesionales hicieron un llamado a la Gobernadora para que priorice de inmediato la aprobación de los reglamentos pendientes, se sometan de forma urgente las enmiendas anunciadas y se atienda la solicitud de exclusión del sector inmobiliario antes de la implementación de esta Ley.

De igual forma, la Presidenta de la PRAR agradeció a la Gobernadora y su equipo legislativo, por la apertura y diálogo abierto con nuestra organización, al igual que al liderato legislativo de Cámara y Senado, por el espacio que nos han dado para abordar este tema urgente.

La ausencia de estos reglamentos coloca a Puerto Rico en un escenario de incertidumbre jurídica, desigualdad competitiva entre profesionales locales y foráneos, y un serio riesgo a la protección del consumidor.

 “Desde la Asociación de REALTORS® de Puerto Rico confiamos en que la Gobernadora actuará con sensibilidad y responsabilidad hacia todos los sectores profesionales de Puerto Rico. Reconocemos la intención legislativa de la Ley 102, pero reiteramos que su implementación requiere un reglamento claro, justo y bien estructurado que tome en consideración las particularidades y los niveles de riesgo de cada profesión. Tenemos fe en que las enmiendas recomendadas por los distintos gremios serán acogidas, siempre en el mejor interés del bienestar del consumidor, la seguridad pública y el desarrollo económico de Puerto Rico”, expresó Kristina Fábregas, Presidenta de la Asociación de REALTORS® de Puerto Rico.