Los congresistas demócratas Nydia Velázquez Serrano, Alexandria Ocasio Cortéz, Raúl Grijalva, Grace Meng y Delia Ramírez, suscribieron una carta dirigida a la subsecretaria del Departamento de Justicia federal, kristen Clarke y a la directora ejecutiva de la Oficina de Administración de Subvenciones de la Comisión de Asistencia Electoral de EE.UU., Brianna Schletz, solicitándole la asignación de observadores electorales en las elecciones boricuas y una auditoría en torno a los fondos federales asignados a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

«Solicitamos que la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de los Estados Unidos envíe observadores electorales federales para supervisar la Comisión Electoral de Puerto Rico (“CEE”) en cumplimiento (o incumplimiento) de las leyes federales de derecho al voto para las próximas elecciones territoriales del 5 de noviembre en la isla. De manera similar, también estamos solicitando a la Comisión de Asistencia Electoral (EAC) de los Estados Unidos que audite de inmediato, mediante un examen detallado de los estados financieros y las cuentas de la Comisión Electoral de Puerto Rico, el uso que hizo la Comisión de los $6.9 millones que ya recibió en fondos federales para propósitos de cumplir con las restricciones de la Ley Help America Vote (“HAVA” según enmendada).
Debido a que este ciclo electoral ya se ha visto empañado por numerosas acusaciones de fraude, irregularidades e intentos de diluir el derecho al voto de una proporción considerable de la población local de electores (ciudadanos estadounidenses por nacimiento), el gobierno federal debe hacer lo correcto por el pueblo de Puerto Rico, lo que en este contexto significa defender su derecho fundamental al voto, según las salvaguardas y garantías consagradas en las Enmiendas Quinta y Decimocuarta de la Constitución de los Estados Unidos», reza la misiva.

El documento hace un recuento de una larga lista de irregularidades observadas durante las pasadas primarias: «En 2024, la CEE invitó a la Unión Interamericana de Organismos Electorales (“UNIORE”) a actuar como observadora del evento primarista en la isla de 2024. Algunas de las conclusiones de UNIORE se hicieron eco de las planteadas por ACLU-PR allá por 2020.
Durante el día de las elecciones primarias (2 de junio de 2024), se observó escasez de personal en los colegios electorales, el mal funcionamiento de las máquinas de votación electrónica era generalizado y en muchos colegios electorales apenas existía protección del secreto del voto. Después de las primarias, la UNIORE observó que el proceso de escrutinio de los votos era extremadamente lento, especialmente en aquellos colegios electorales que experimentaron cortes de energía y el cierre de las máquinas de votación electrónica. Los observadores también advirtieron que las papeletas y otros materiales electorales quedaron desatendidos y mal organizados, lo que generó preocupaciones sobre la pureza y transparencia del proceso de votación», reza el documento.