Después de años de negociaciones y de que la jueza del Tribunal de Quiebras, Laura Taylor Swain, fijara en $2,400 millones el monto total a pagar a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el Primer Circuito de Apelaciones de Boston sostuvo en recurso de revisión su determinación de junio de este año, en torno a que la astronómica cifra a pagar será $8,500 millones, algo que asestaría un duro golpe a la economía y la realidad energética en el país.

Ante esta determinación, solo le queda a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), acudir en recurso de revisión al Tribunal Supremo federal, donde de ser aceptada la revisión se determinaría si en efecto se sostiene la decisión del Apelativo o si los puertorriqueños comienzan a pagar la insufrible deuda, ante el vencimiento de las protecciones de la ley de quiebras extendida por Swain hasta el 31 de enero de 2025.

Según la opinión emitida por el juez William J. Kayatta, los bonistas tienen derecho a cobrar sobre los ingresos netos de la corporación pública, así como los que pueda generar en el futuro.

Existe un ángulo de derecho que abre una discusión legal y es en torno a cuáles son los ingresos netos de la AEE, la cual opera bajo un déficit de cientos de millones. Sin embargo el golpe continúa estando sobre el monto a cobrar.

El alcance del poder de acción de los bonistas se limitará al marco de los ingresos netos de la AEE y no tendrían garra al reclamo fuera del mismo para ir contra activos del gobierno de Puerto Rico: «El reclamo no les da derecho a acceder a dineros o fondos sobre los cuales no tiene un interés asegurado”, determinó el juez Kayatta.