Según una investigación de la agencia de noticias Reuters, “muchos bufetes están haciendo un cálculo estratégico: retirarse del trabajo pro bono, mal visto por Trump, o arriesgarse a convertirse en el próximo objetivo”. Hablamos de servicios gratuitos bajo el concepto del bien público, que muchas veces son retribuidos parcialmente a través de subsidios y programas de gobierno en los estados.

Estos servicios legales son extremadamente necesarios para ejercer la defensa de derechos civiles y constitucionales de sectores pobres o marginados en los tribunales.

A partir de los decretos del presidente Donald Trump señalando y poniendo en jaque a los bufetes de abogados alrededor de Estados Unidos por dedicar su tiempo en defensa de inmigrantes y personas transgénero, así como a ciudadanos en contra del ataque del 6 de enero de 2020 al Capitolio de Estados Unidos por parte de simpatizantes de Trump, lo cual alegadamente degeneró en sanciones y amenazas contra firmas de abogados por “socavar los intereses estadounidenses”, las firmas y abogados independientes han optado por abandonar el ofrecimiento de servicios gratuitos a quienes no pueden costear una representación.

Las órdenes ejecutivas del presidente, alegadamente produjeron la prohibición a algunos abogados al acceso a edificios federales, limitaron su acceso a funcionarios de gobierno y se les advirtió que los contratos gubernamentales de sus clientes podrían estar en riesgo.

Según publicó la reconocida agencia de noticias el 31 de julio de 2025: “El trabajo pro bono se está transformando en una herramienta de coerción política bajo el gobierno de Trump, afirmó Steven Banks, exdirector de pro bono en Paul Weiss. Banks renunció después de que su firma fuera sancionada por una orden ejecutiva de Trump y llegó a un acuerdo en marzo que incluía la prestación de servicios pro bono en temas alineados con la agenda de Trump. Otras firmas siguieron sus pasos con acuerdos similares”.

En su investigación, Reuters entrevistó a más de 60 abogados, revisó 50 sitios web de bufetes de abogados, contactó a más de 70 organizaciones sin fines de lucro y analizó millones de registros judiciales “para compilar un relato autorizado sobre las consecuencias de la intimidación de Trump a las grandes firmas de abogados.”

Los resultados fueron los siguientes:
– Catorce grupos de derechos civiles dijeron que los bufetes de abogados con los que cuentan para presentar demandas legales dudan en colaborar con ellos, mantienen su representación en secreto o los rechazan por completo a raíz de la presión del inquilino de la Oficina Oval.
– Los grandes bufetes de abogados se han retirado drásticamente de los litigios contra el gobierno federal y se mantienen prácticamente al margen ante la avalancha de demandas en temas como: inmigración, recortes de fondos a organizaciones no gubernamentales y despidos de decenas de miles de empleados federales.
– Estas medidas transmitieron una clara advertencia: el trabajo pro bono podría poner en peligro a los clientes corporativos que sustentan a los grandes bufetes.
– No solo los grandes bufetes son reprimidos y coartados, sino que pequeños y medianos bufetes, al igual que todo aquel abogado que aspire a mantener algún contrato con el gobierno federal o con clientes que mantengan contratos y subsidios federales, podrían estar siendo impactados.

No solo se trata de cortar la filantropía legal:
Reuters hace referencia a la opinión del profesor de ética jurídica en la Facultad de Derecho de la UCLA, Scott Cummings y la resume de la siguiente manera: “Los bufetes de abogados consideran el trabajo pro bono como una actividad estratégicamente importante, lo que les ayuda a reclutar a graduados de élite, conectar con clientes que valoran el servicio público y consolidar su posición en los influyentes rankings de la revista The American Lawyer, un barómetro del prestigio del sector. Los principales bufetes de abogados de Estados Unidos registraron cerca de 5 millones de horas de trabajo pro bono el año pasado, lo que equivale a miles de millones de dólares, según tarifas por hora que pueden alcanzar o superar los $1,000 dólares.”

Trump ha expuesto una debilidad en el modelo pro bono al ejercer el poder ejecutivo para tomar represalias contra bufetes de abogados de élite por representar a clientes políticamente sensibles.