Tras la decisión en los últimos días del pasado año, por parte del Tribunal Apelativo, ratificando la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, que determinaba que tanto la representante Lisie Burgos Muñiz, como la senadora Joanne Rodríguez Veve, ambas del Partido Proyecto Dignidad (PD), carecían de legitimación activa para impugnar la constitucionalidad y procedencia de las Órdenes Ejecutivas emitidas por la pasada Gobernadora, Wanda Vázquez Garced y el actual Gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, con relación al estado de emergencia sobre el COVID-19, la senadora Rodríguez Veve se reiteró en su postura de que acudirán al Tribunal Supremo a defender lo que catalogan de “usurpación de poderes”.
En su primer turno esta semana en la apertura de sesión ante el pleno del Senado, Rodríguez Veve expresó: “Tengo que discutir una decisión que tomó el Tribunal Apelativo durante el receso navideño, una sentencia que ha pasado desapercibida para muchos, pero que sin embargo reviste de gran importancia por tratarse de una decisión que agrieta, que debilita nuestro sistema republicano de gobierno. Un sistema que como sabemos se caratceriza por la división de poderes… resulta que este propósito neurálgico para el balance de poderes, ha sido a mi juicio pisoteado por el Tribunal Apelativo, al decidir en esta sentencia dejar por la libre al poder ejecutivo para que haga y deshaga como le da la gana a través de órdenes ejecutivas… el poder ejecutivo solo puede actuar dentro de los poderes expresamente delegados por la Constitución o por ley, leyes que en efecto aprobamos nosotros la Rama Legislativa y precisamente la demanda presentada hace un año por la representante Lisie Burgos en la Camara de Representantes, y yo como senadora, le planteamos al tribunal que la rama ejecutiva se estaba extralimitando en sus poderes y usurpando nuestras facultades como legisladores al emitir órdenes ejecutivas cuyos alcances exceden, lo que la Constitución y la ley le permiten hacer.
Por ejemplo, la Ley 20 utilizada como fundamento para muchas órdenes ejecutivas emitidas por el gobernador Pedro Pierluisi no le permite al gobernador delegarle al secretario de Salud, la facultad de enmendar leyes vigentes, como han hecho con la Ley 25 de 1983, sobre la inmunización, sencillamente no se puede. Sin embargo, lo hicieron en menoscabo y a costa de la separación de poderes… El tribunal Apelativo decidió que nosotros los demandantes, los legisladores, no teníamos capacidad, para presentarle nuestros reclamos, estableciendo que si no nos gustaba lo que estaba haciendo el Ejecutivo, lo único que podíamos hacer es legislar. ¡Compañeros miren el absurdo jurídico! Le estamos diciendo al tribunal precisamente que al amparo de las leyes que ya legislamos y que están vigentes, el gobernador no puede hacer lo que está haciendo… Y el tribunal, en vez de entrar a examinar la controversia en sus méritos optó por cerrar los ojos”, señaló con vehemencia Rodríguez Veve, haciendo un llamado al cuerpo a unirse en este reclamo que las demandantes se disponen a elevar al Tribunal Supremo.
“Me pregunto: ¿Qué hará este cuerpo, qué hará el Senado de Puerto Rico y que harán ustedes compañeros? En esta ocasión los convido, los invito a que se sumen, a que unamos esfuerzos y vayamos todos juntos al Tribunal Supremo de Puerto Rico, en defensa, no solo de nuestros poderes constitucionales como rama legislativa, sino además del sistema de pesos y contrapesos sin la cual la tiranía estaría a la vuelta de la esquina”, añadió la senadora.
El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia ha estado desde hace poco más de dos años, aprovechando la coyuntura de la alegada “emergencia’ del Covid-19 para emitir órdenes y decretos, que este medio, junto a colegas periodistas, y un nutrido grupo de abogados expertos en el tema, han estado señalando como inconstitucionales y contrarios a derecho.