Después de que el presidente de la Cámara de Representantes federal, Kevin McCarthy (R-Calif.) anunciara que abrirán una investigación de juicio político para investigar la posible vínculo del presidente Joe Biden en los negocios de su hijo Hunter Biden (recuadro superior), el pueblo estadounidense revive el oscuro capítulo de otro posible juicio político contra un mandatario, esta vez iniciado por el bando rojo, lo cual trae consigo la misma defensa popular y política que un día esbozó el expresidente Trump y sus fieles: que se trata de una cacería de brujas.
La investigación dirigida por el presidente del Comité de Supervisión, James Comer (R-Ky.), el de Medios y Arbitrios, Jason Smith (R-Mo.) y el Judicial, Jim Jordan (R-Ohio), tendrán la encomienda de levantar la evidencia del alegado esquema de corrupción, venta de influencias y enriquecimiento ilícito de Hunter Biden y la participación de su poderoso padre, o como poco, el conocimiento y encubrimiento de éste.
Esta es la segunda investigación en curso a nivel congresional sobre los alegadamente turbios negocios de Biden hijo, que buscan vincular al presidente y que se encuentra en manos del Comité de Supervisión.
Cabe señalar, que esta investigación se remonta hasta la vicepresidencia de Biden bajo la administración Obama.
La nueva investigación concurrente, representa la antesala de un juicio político.

¿Pero qué fundamento puede tener?
El segundo hijo del presidente Biden, Robert Hunter Biden, de 53 años, se declaró culpable de los delitos federales de evasión fiscal y posesión ilegal de un arma estando bajo tratamiento supervisado por su adicción a las drogas.
Biden, JR., intentó llegar a un acuerdo con fiscalía para evitar la cárcel, el cual la jueza Maryellen Noreika no aceptó y está pendiente el proceso en curso.
Pero a este muchacho se le vincula con asuntos criminales de mayor envergadura, como la compra-venta de influencias en su trabajo en Ucrania de 2014-2019, cuando sin penas ni gloria alcanzó una alta posición con el gigante gasífero ucraniano, Burisma Holding; empresa que obtuvo un bendecido contrato de explotación en la península de Crimea con la alegada influencia de los Biden.
Este kid se ganaba hasta $50,000 mensuales por asesorar a la empresa en cuanto a qué pasos dar y hacia dónde.
El expresidente Donald Trump fue objeto de una investigación por tirar al medio a los Biden y alegadamente utilizar recursos federales para intentar forzar al nuevo presidente ucraniano, Volodymir Zelensky a revelar la evidencia en contra de los Biden en poder del estado ucraniano.
Joe Biden, entonces aspirante a la nominación presidencial demócrata, alegó que nunca tuvo comunicación con su hijo relacionado a sus negocios en Ucrania.
En 2022, la investigación del Comité de Supervisión de la Cámara, reveló que la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA) mantenía en su poder miles de correos electrónicos alegadamente enviados por Biden a su hijo Hunter, mientras era vicepresidente, muchos de ellos utilizando cuentas con pseudónimos como: Robert L. Peters, Robin Ware y JRB Ware. Todas estas utilizando IP address vinculadas al hoy presidente.

¿Viable un juicio político contra Biden?
Para ser viable un juicio político o “impeachment” contra el presidente de EE.UU., se requiere más que una investigación y posterior acusación formal, sino de los votos.
Un proceso de juicio político se lleva a cabo en la Cámara – actualmente republicana – después de una votación de mayoría simple (51%).
En el proceso, miembros de la Cámara de Representantes actúan como fiscales, y el senado – actualmente demócrata – actúa como jurado (100 senadores).
El proceso es presidido por el presidente del Tribunal Supremo de EE.UU.
Para que el presidente sea encontrado culpable, y en consecuencia sea destituido de su cargo, es necesario que dos terceras partes (67 senadores) emitan un voto de culpabilidad.
De esta manera queda respondida la pregunta: Iniciar el juicio político o “impeachment” en la Cámara de Representantes es absolutamente viable en estos momentos, pero alcanzar un veredicto de culpabilidad, bajo la configuración política actual del Senado, es prácticamente imposible.