Tras la noticia de la acusación federal contra el Dr. David M. Morens, exasesor principal de Anthony Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), adscrito al Instituto Nacional de Salud (NIH), podría estar tocándose la tapa de la Caja de Pandora, de la cual podría emerger el más grande entramado de conspiración, fraude y crímenes de lesa humanidad de la historia.

Morens, de 78 años, fue acusado por un gran jurado federal en Greenbelt, Maryland, de conspiración contra Estados Unidos; destrucción, alteración o falsificación de documentos en investigaciones federales; ocultar, sustraer o mutilar documentos; y complicidad, en una conspiración que involucra a dos presuntos cómplices descritos en el pliego acusatorio como «Alto Funcionario 1 y 2 del NIAID».

Alegadamente, Morens utilizó una cuenta de Gmail para ocultar comunicaciones oficiales sobre proyectos controvertidos que estudiaban los coronavirus, los cuales estaban financiados con fondos federales.

Para beneficio del lector, comenzemos por el principio: al inicio de la pandemia del COVID-19 se dijo que el origen de este coronavirus «letal» para el cual alegadamente no existía tratamiento, provino de manera natural de un murciélago, cuyo epicentro fue ubicado en un mercado de Wuhan, China. Poco tiempo después, ante las incongruencias en la teoría, comenzaron a surgir rumores en la comunidad científica en torno a que por la morfología, composición y comportamiento del «nuevo» virus, este parecía haber sido creado en laboratorio, mediante lo que se conoce como ganancia de función.

Precisamente ahí, relativamente cerca del «epicentro» o mercado de Wuhan, se ubica el prestigioso Instituto de Virología de Wuhan, con programas de investigación subvencionados con fondos federales estadounidenses.

El NIAID, bajo la dirección de Fauci, otorgó subvenciones federales a la organización sin fines de lucro EcoHealth Alliance y parte de estos fondos fueron transferidos por EcoHealth al Instituto de Virología de Wuhan para alegadamente estudiar coronavirus de murciélagos.

Las investigaciones apuntan a que el COVID-19 fue creado mediante ganancia de función en el laboratorio, produciendo un Frankenstein viral, con posibles y alegados fines de arma biológica, y escapó o se le permitió escapar.

La acusación de Morens está vinculada a la creación y encubrimiento de la falsedad de la sopa de murciélago y el intento de convencer al mundo de que la enfermedad había surgido de manera natural o zoonótica, siendo transmitida de un murciélago a un ser humano.

Los altos funcionarios 1 y 2 que actuaron en complicidad con Morens no han sido identificados aún oficialmente.

En una nota del medio estadounidense Político, se señalan a dos posibles co-conspiradores: «Los documentos publicados en las investigaciones del Congreso sobre las acciones de Morens indican que se trata de Peter Daszak, zoólogo y expresidente de la EcoHealth Alliance, y Gerald Keusch, médico y exdirector asociado del laboratorio de enfermedades infecciosas de la Universidad de Boston».

En el comunicado emitido el 28 de abril de 2026 por el Departamento de Justicia Federal, el fiscal general interino Todd Blanche expresó: «Estas acusaciones representan un grave abuso de confianza en un momento en que el pueblo estadounidense más lo necesitaba: durante el punto álgido de una pandemia mundial. Según consta en la acusación formal, el Dr. Morens y sus cómplices ocultaron información deliberadamente y falsificaron registros en un intento por suprimir teorías alternativas sobre los orígenes de la COVID-19. Los funcionarios gubernamentales tienen el deber ineludible de proporcionar información y asesoramiento veraces y bien fundamentados al servicio del interés público, no para promover sus propias agendas personales o ideológicas”.

¿Se trata de la punta de un iceberg o un chivo expiatorio?

Más allá del origen del COVID-19 se encuentra el propósito, la razón de ser de este entramado.

El escape o «escape» de este coronavirus en esteroides, que eventualmente fue debilitándose en sus mutaciones, hasta llegar a ser un simple coronavirus más, dio paso a toda una secuencia de eventos que parecían estar programados.

Se suprimieron y demonizaron fármacos útiles utilizados durante décadas, más aún, se prohibió su uso y se condenó a médicos que continuaron utilizándolos efectivamente para salvar vidas.

En «ausencia de tratamiento», surgió bajo el decreto de emergencia, conforme a la ley federal, la oportunidad de utilizar fármacos experimentales para salvar a la humanidad en aquel tipo de apocalipsis. Entonces se autorizó el uso experimental de una «nueva» tecnología denominada ARNm, la cual llevaba años intentando ser desarrollada sin éxito y cuyas pruebas dejaban una y otra vez a los ratones de laboratorio muertos a causa de envejecimiento celular precoz y severos problemas respiratorios. Un producto experimental nunca antes probado en humanos, hasta ese momento.

La FDA aprobó la vacuna de Pfizer, luego la de Moderna y el resto es historia: un producto de inoculación infinita debido a la constante mutación del Sars-CoV-2, como todo virus, y un legado al cual un sector cada vez mayor de la comunidad científica, con estudios que lo respaldan, le atribuye la avalancha de problemas respiratorios, inflamatorios, coagulopatías, problemas neuronales, dermatológicos e inclusive cánceres precoces y agresivos. De igual manera otro sector médico lo desmiente y los ciudadanos, las poblaciones, viven en una confusa realidad de opiniones encontradas, percibiendo en el fondo que algo no está bien o del todo claro.

Aunque es materia de especulación, la propia acusación establece que «Morens, el co-conspirador 1, el co-conspirador 2 y otros conspiraron durante la pandemia de COVID-19 para defraudar y cometer varios delitos contra los Estados Unidos».

Con las acusaciones a Morens se abre otro capítulo en la historia de la pandemia del COVID. El origen de este patógeno puede ser menos importante que el propósito y otros posibles encubrimientos, en una historia cuya verdad, el ciudadano de a pie, quizás nunca conocerá.

Accede aquí, el comunicado de Justicia federal.