Un caso federal incoado en la ciudad de Nueva York en contra de los mandatos de vacunación trajo a relucir el conflicto de intereses que puede haber dentro de la rama judicial en torno a este controvertido tema.
Y es que una moción de los demandantes solicitando la inhibición de la jueza Valerie E. Caproni, debido a confllicto de interés, toda vez que salió a relucir en los datos financieros de esta que poseía acciones en empresas farmaceúticas manufactureras de vacunas contra el Covid-19, se abrió una Caja de Pandora que llevó a la recusación del nuevo juez asignado al caso, el juez puertorriqueño Edgardo Ramos, por también poseer acciones e intereses financieros en las farmaceúticas.
Ramos no tuvo otra alternativa que inhibirse en el caso y fue asignada entonces la jueza Naomi Reice Buchwald.
Pero la cosa no terminó ahí, los demandantes presentaron una moción de recusación contra Buchwald el martes 14 de junio de 2022, después de que encontraran información financiera personal de la jueza que revelaraba que posee $250,000 en acciones de Pfizer y $100,000 en acciones de Johnson & Johnson.
Este caso pica y se extiende, luego de que una nota de prensa publicada en The Wall Street Journal revelara que docenas de jueces federales han violado los códigos de ética al estar comprando y vendiendo activos en los mercados bursátiles en medio de litigios con demandantes que llevan casos que vinculan a esas empresas.
La ley federal prohíbe que los jueces federales participen en un caso en el que tengan algún interés financiero.
La “Ley Bipartidista de Etica y Transparencia de los Jueces”, firmada por el presidente Biden en mayo de 2022, crea requisitos de provisión de datos personales y financieros aún más estrictos para los jueces federales.
Por otro lado, una nueva legislación denominada “Acta de Ética judicial y Ley Anticorrupción de 2022’’ presentada ante el Senado de Estados Unidos, busca hacer ilegal que los jueces posean acciones como inversiones individuales: “Ningún juez o puede poseer un interés o negociar (excepto una desinversión requerida o aprobada por la Conferencia Judicial de los Estados Unidos) cualquier acción, bono, mercancía, futuro y otra forma de seguridad, incluyendo una participación en un fondo de cobertura, un derivado, una opción u otro vehículo de inversión complejo, excepto los activos no conflictivos permitidos en virtud de la subsección (b)…”, reza el proyecto de ley.
¡Coge oreja Puerto Rico! ¿Cuántas togas negras han atendido o están atendiendo casos con fuertes intereses a sus espaldas? Y más específico aún: Conflictos de intereses con farmaceúticas y empresas que se benefician de la industria del Covid con fondos públicos y privados.