Desde la acusación a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced de siete cargos criminales el 4 de agosto de 2022, la defensa ha estado solicitando extensiones de tiempo en los procedimientos y fechas señaladas, mayormente relacionados a la complejidad y evaluación del desfile de prueba sometido por fiscalía, además de recursos legales, incluyendo el traslado de jurisdicción y la separación de juicios.

La última de estas solicitudes fue presentada el jueves 13 de febrero, provocando el aplazamiento de la vista con antelación al juicio por parte de la jueza de distrito federal, Silvia Carreño Coll, para julio de este año.

El abogado del coacusado, el abogado del banquero venezolano Julio Herrera Velutini, Christopher Kise alegó que pudiera existir un mal manejo de los agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) de los datos extraídos del celular del convicto exadministrador de Vivienda Pública John Blakeman, por lo cual la evidencia pudiera estar «comprometida», algo que requiere más tiempo para evaluar dicha posibilidad.

Por su parte, el abogado de Vázquez Garced, Luis Plaza Mariota argumentó que acaban de contratar un investigador privado por lo que requieren más tiempo.

La jueza extendió hasta el 30 de abril la fecha límite para la radicación de mociones de supresión de evidencia y se reafirmó en que la fecha de inicio del juicio permanece señalado para el 25 de agosto.

Se expone hasta 20 años de cárcel:

La exgobernadora fue acusada en cuatro de los siete cargos de corrupción, soborno, conspiración y fraude electrónico, junto a Herrera Velutini, dueño de Bancrédito International Bank, Mark Rossini, un exagente del FBI y John Blakeman, quien se declaró culpable de conspiración y soborno en un esquema de «kickbacks» con fondos federales, en donde sirvió de intermediario entre Herrera Velutini y Vázquez Garced.

Alegadamente, Vázquez Garced aceptó un soborno de $300,000 de Herrera Velutini, para su campaña primarista de 2020 contra Pedro Pierluisi, a cambio de remplazar al entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner Kelly, quien realizaba una investigación en contra de Bancrédito.

Joyner Kelly se vió obligado a renunciar por alegadas presiones de Vázquez Garced, quien nombró a Víctor Rodríguez Bonilla, tras alegadamente haber sido recomendado por Herrera Velutini.

El juicio que dará inicio en agosto de 2025 será sobre los cargos del uno al cuatro, los cuales involucran la conspiración entre la exgobernadora, el banquero y el exagente del FBI, quien alegadamente fungió de asesor de Herrera Velutini para el lavado de cara del esquema, mediante la creación del «Super PAC» por el cual se canalizaría el soborno.

En los demás tres cargos se realizarán juicios individuales a los acusados.

De ser encontrada culpable, la exgobernadora podría enfrentar hasta 20 años de prisión.