Según dos notas de prensa publicadas tanto en Vice News, como en The Epoch Times, los CDC le pagaron a las empresas SafeGraph y Cuebiq, $420,000 y $208,000 respectivamente, para que le suministraran los datos telefónicos de al menos 55 millones de ciudadanos estadounidenses, con el propósito de “continuar con las funciones críticas de respuesta a emergencias relacionadas con la evaluación del impacto de las visitas a puntos clave de interés, órdenes de quedarse en casa, cierres, reaperturas y otras comunicaciones de salud pública relacionadas con el uso obligatorio de mascarillas y otras áreas de investigación fusionadas sobre la transmisión comunitaria del SARS-CoV-2”.
Los datos incluían la ubicación de los usuarios.
La escandalosa revelación implica un alegado carpeteo sobre ciudadanos que no autorizaron que su información fuera divulgada, con el propósito de “evaluar los comportamientos en el hogar por hora, al explorar el porcentaje de dispositivos móviles en el hogar durante un período de tiempo específico”, según indican los CDC.
La información se produce en medio de sendas investigaciones en el Congreso sobre el manejo de la pandemia ordenado por la Casa Blanca y sus agencias, que en aras de la alegada “emergencia” del COVID-19 incurrieron en toda suerte de decretos y medidas sin precedentes y que según expertos en derechos civiles constituyen violaciones crasas a la Constitución de EE.UU.