Vamos al final y luego al resto de la historia: si en diciembre, la quebrada Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) o el Gobierno o Santa Claus no ponen en una cuenta otro prestamito de $300 millones, como el de diciembre de año pasado, unos 12,536 pensionados de la corporación pública dejarían de cobrar sus pensiones.

Algo que ocupa titulares de primera plana, pero que no pasa de ser crónica de una muerte anunciada y refrito de una vieja noticia.

La AEE cuya deuda pública con los bonistas quedó fijada la pasada semana por el Tribunal Apelativo federal en $8,500 millones, en lugar de los $2,400 millones que la jueza de quiebras Laura Taylor Swain había aprobado como parte del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), es incapaz de producir los fondos necesarios para sufragar el pago a sus jubilados.

Hablamos de una tragedia social y financiera producto de años de endeudamiento y acuerdos sindicales irresponsables, sin fundamento en la realidad fiscal de la corporación pública.

Ahora las culpas y las bolas de humo surgen en todas direcciones, y solo buscan que aparezcan los cientos de millones en caja para un gasto recurrente en pensiones de nada menos que $24 millones mensuales.

Entonces, sale la AEE y su director ejecutivo, Josué Colón Ortiz a informarle en una carta al Negociado de Energía (NE) y al gobierno, lo que todos saben: que no cuentan con dinero en caja para cumplir con sus pensionados después de diciembre y culpan a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) de ordenarle pasar $1,200 millones en reembolsos federales a la cuenta de LUMA Energy para sus gastos operacionales. Algo que no es nuevo y es parte de una vieja historia en la cual se visten y desvisten santos.

La respuesta del negociado fue ordenar que la AEE someta propuestas dizque identificando fondos en su presupuesto que puedan ser reasignados a las pensiones, o en su defecto provea alguna solución en conformidad a la Ley 57 de 2014, que establece el marco legal para la operación privada de la red eléctrica.

Cocinan el aumento en tarifa:

Todo el espectáculo de las «soluciones» y el pase de papa caliente, no tiene otro propósito que allanar al camino a un monumental aumento en la tarifa de energía para destinarlo al pago de las pensiones.

Es decir, que doña Eugenia en el barrio Coabey de Jayuya y don Serafín del barrio Bucarabones de Maricao, con un ingreso menor de $400 mensuales en Seguro Social, terminarían pagando las pensiones de estos jubilados de la AEE, incluyendo pensioncitas «Cadillac», como la del exdirector ejecutivo de la AEE, Juan Alicea, de $9,361 mensuales, aunque la pensión promedio de estos jubilados se ubica en $2,000 mensuales.

De hecho, ya el negociado tiene ante sí una revisión de la tarifa básica sometida por LUMA a otros efectos y de materializarse la presentación de la «solución», sería otra propuesta adicional de aumento. Esto en adición al «cargo heredado» para el pago de la deuda que está por determinarse.

Sin embargo, no sería tan sencillo como aprobar un aumento en tarifa con la oposición que conllevaría, sino que tiene que ser aprobada con algunas salvaguardas de garantía a su propósito por el Tribunal, toda vez que según la determinación del Apelativo federal, los bonistas tienen derecho sobre el neto de la AEE y las nuevas partidas de ingreso académicamente pasarían a formar parte de la cosa a ser juzgada, conllevando unos procesos que no son expeditos.