COLUMNA DE OPINIÓN

Tribunal Supremo

y Rama Judicial:

Precio y carga del nombramiento político

lunes 8 de julio de 2024

En días recientes, suena con frecuencia el nombre del Tribunal Supremo; y no se ha salvado ni el de aquí ni el federal de Estados Unidos.

Ambos tribunales están compuestos por jueces nombrados políticamente.

En el de aquí, es el gobernador quien los nombra, y en los EE.UU., es el presidente de allá, quien hace lo propio.

Y olvídese de los peces de colores, porque ese nombramiento solo requiere el consentimiento del Senado: El Senado de aquí, para los nuestros y el del Congreso federal, para los de allá.

La función de esa rama política (judicial), es interpretar las leyes y los reglamentos de la jurisdicción donde sirven. Y en última instancia, decidir qué es lo que dice la letra de la ley.

También es su función velar por la integridad de la Constitución, respectivamente. Y obvio, que la Constitución de los EE.UU. va por encima de la nuestra.

Hablamos de jueces que son abogados (hombres y mujeres), que tampoco son vacas sagradas.

Se trata de funcionarios públicos que deben estar al servicio del pueblo, aunque recientemente hemos visto casos, donde parece que los jueces en mayoría resuelven su interpretación para acomodar algún asunto político que beneficia al partido que los nombró o a el líder de ese partido.

Y también resuelven para dar paso a asuntos que interesa a quien los nombró a ese puesto.

¿Poder? Y mucho que tienen éstos ocupantes de las nueve sillas que componen, tanto el Supremo de EE.UU., como el de PR.

Así es que vemos, la decisión que otorga inmunidad al expresidente Donald Trump, y el asunto de Victoria Ciudadana; el asunto del aborto; la equidad de género y otros tantos.

Los jueces no deben cambiar la letra de la ley, porque están impedidos de cambiar un texto de la ley que esté claro.

Tampoco deben entrar en cuestiones políticas que el pueblo puede resolver en las urnas en una elección.

¡Claro que se equivocan los jueces! Todos pueden equivocarse.

Por eso, los tribunales de menor jerarquía están sujetos a lo que se conoce como Revisión Judicial.

El asunto es que una vez esa revisión llega a su respectivo Tribunal Supremo, es como dicen en la misa: “Palabra de Dios”.

Solo la Rama Legislativa puede hacer leyes para cambiar el efecto de alguna decisión de un Tribunal Supremo.

De hecho, ese Tribunal, atiende alrededor del 3% de los casos que le llegan mediante algún mecanismo de Revisión Judicial. O sea, que no piense que esos jueces están muy ocupados, amén que tienen varios oficiales jurídicos investigando la ley y la jurisprudencia para ellos. Incluso, escriben opiniones que el Juez al que está asignado deberá evaluar.

Entonces, en nuestro sistema de justicia y al final del día, dependemos de un hombre o una mujer imperfectos, que llegan con sus prejuicios, sus limitaciones y sus propios intereses políticos. Más aún, la calidad de los jueces se ha deteriorado, porque parece que pesa más la simpatía política que la capacidad intelectual.

Ese es nuestro sistema. Y de cuando en cuando algún morón quiere ser juez o ascender al Tribunal Apelativo.

En el Tribunal Supremo, como en primera instancia o en el Apelativo, algunos jueces no han visto ni un “no pise la grama”.

Aclaro, que en general hay buenos jueces en un sistema imperfecto, pero también se cuelan cantidad de incompetentes, desconocedores del derecho o que creen que pueden ser juez y fiscal a la vez.

Los abogados, de cuando en cuando, evaluamos jueces de instancia. El asunto está, en que esa evaluación debe ser hecha antes de que sean nombrados, función que hacía aquí el Colegio de Abogados. Sin embargo, si no se hace antes de nombrarlos, luego solo residenciándolos se pueden despedir, y de esos casos hay muy poquitos.

El asunto es, que tal parece que la evaluación es pura política, y el desempeño, temperamento judicial y capacidad intelectual necesaria, son de un segundo plano.

El autor es abogado litigante por más de 25 años, analista y conferenciante.