Aquí el resumen de la saga en el inicio del pleito para la anulación del contrato de LUMA Energy que ha conllevado una inusual escalada jurídica y hasta una tercera demanda por parte del Gobierno de Puerto Rico.

Tal vez algunos pensaron que la demanda para la cancelación por nulidad del contrato de LUMA Energy por parte del Gobierno de Puerto Rico, sería algo liviano y expedito, pero lo cierto es que no ha dado comienzo bien el proceso y ya surgen planteamientos en derecho que ponen en jaque el curso de la demanda y dan atisbos de la complejidad de este litigio.

Y es que el consorcio solicitó que la demanda radicada por la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (P3A) y la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE), sea trasladada al Tribunal Federal bajo el Título III de la ley federal PROMESA.

El presidente ejecutivo de LUMA Energy, Juan Saca expresó en un comunicado: “Ya que creemos firmemente que este es el foro más apropiado para atender este caso. Las recientes acciones motivadas por la política para revertir un contrato legalmente vinculante solo sirven para poner en riesgo todo el progreso real que hemos logrado, perjudicando al pueblo de Puerto Rico al amenazar proyectos críticos destinados a revitalizar y fortalecer la red eléctrica. La acción legal injustificada de la P3A y la AEE carece de fundamento, considerando que no existe incumplimiento contractual por parte de LUMA. Este tipo de acciones sientan un precedente negativo, generando serias preocupaciones para cualquier empresa que considere operar o invertir en Puerto Rico, y representan un obstáculo innecesario para la economía de la isla”, declaró Saca.

Primera Instancia paraliza el caso:

Tras la petición presentada por LUMA, el Tribunal de Primera Instancia de San Juan paralizó los procedimientos hasta que el Tribunal Federal de Distrito determine el curso de acción: “Se dicta sentencia decretando la paralización de los procedimientos de autos. Se ordena que se considere el mismo como terminado para fines estadísticos… Se deja sin efecto cualquier señalamiento pendiente”, reza el documento.

Primera reacción de la gobernadora:

Después de que trascendiera la estrategia y rogativa jurídica por parte del consorcio, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, adelantó que su gobierno buscará que la demanda permanezca en el foro estatal: “Vamos a invocar que este caso se vea en Puerto Rico, porque es lo que dispone el contrato y porque estamos alegando que la otorgación de esa extensión fue nula. Aquí no estamos entrando en elementos de incumplimiento ni en asuntos vinculados con la quiebra o la Junta de Supervisión Fiscal. Aquí estamos diciendo que la extensión de ese contrato es ultra vires, es nula, nunca se debió haber dado a cabo porque no cumplió con las exigencias básicas en derecho para poderse efectuar”.

La mandataria señaló en su argumentación que la disputa no se trata del contrato original, sino del anejo que extendió el mismo, firmado bajo la incumbencia del gobernador Pedro Pierluisi, el cual su gobierno alega carece de base legal y por ende es nulo: “No estamos hablando del contrato, estamos hablando de una carta que extendió de manera unilateral la vida útil de este contrato sin ningún tipo de garra o fiscalización”, expresó González Colón.

Gobierno presenta nueva demanda:

Horas después de las anteriores declaraciones, la gobernadora salió a anunciar en conferencia de prensa que el Gobierno y no P3A o la AEE, había presentado una nueva demanda, bajo la doctrina constitucional y de derecho de “parens patriae”, bajo la cual se convierte en representante del interés público y protector de la ciudadanía.

El recurso solicita al Tribunal Superior de San Juan que emita una sentencia declaratoria y remedios equitativos, declarando nula, inválida y sin efecto jurídico la Carta de Extensión del contrato de 2022, además de obligar a LUMA a colaborar en una transición ordenada a un nuevo operador.

Simultáneamente se le solicita al Tribunal Supremo de Puerto Rico que asuma la jurisdicción y pase directamente a resolver la controversia.

Responde LUMA y solicita lo mismo: Traslado de la segunda denada al foro federal

Los abogados del consorcio le repitieron la dosis al Gobierno de Puerto Rico y solicitaron el traslado de la segunda demanda al foro federal: “Creemos firmemente que el Tribunal Federal del Título III es el foro adecuado y apropiado para abordar cualquier reclamación relacionada con este asunto, por lo que hoy solicitamos que la nueva acción legal del Gobierno de Puerto Rico se traslade a ese foro”, expresó LUMA en declaraciones escritas.

 Gobierno dice responderá con una tercera demanda:

Tras la solicitud de LUMA al tribunal en respuesta a la segunda demanda, salió la gobernadora a decir que todo está fríamente calculado y que póximamente presentarán una tercera demanda.

“Nosotros sabíamos que iban a volver a radicar una moción para llevarse el pleito a nivel federal para no atenderlo… La secretaria de Justicia, por conducto del procurador general, estarán radicando otro recurso para atender esto. Todo esto el gobierno de Puerto Rico lo ha pensado, lo ha estudiado, y nuestros abogados, tanto en el plano estatal como en el federal, están preparados… Sabemos cuáles son sus estrategias legales… Nosotros vamos a dar la pelea hasta el final y vamos a cumplir con cancelar este contrato. Están los elementos de inmunidad y están los elementos para esta cancelación”, expresó la mandataria.