La credencial de prensa es la única identificación emitida por el Departamento de Estado de Puerto Rico a periodistas bonafide que ejercen el periodismo en la isla, posee un número de identificación y su solicitud es voluntaria.

Hasta ahí el 90% de la verdad relacionada a este documento, por el cual se desató toda una novela jurídica cargada de argumentos, teorías y emociones, a raÍz de la exigencia de la gobernadora Jenniffer González Colón de imponer dicha identificación para acceder a las conferencias de prensa en La Fortaleza.

Dicha acción provocó que periodistas que no poseían dicha credencial, bien sea por no desearla o por la razón que sea, levantaran su voz de rechazo desembocando en una demanda contra el Gobierno por parte del Centro de Periodismo Investigativo. Una demanda que concluyó en una sentencia del Tribunal de Apelaciones  a favor del Gobierno y un «no ha lugar» del Tribunal Supremo a las solicitudes de orden provisional en auxilio de jurisdicción y «certiorari», presentadas por la parte demandante, poniéndole punto final a la disputa.

Lo cierto es que lo más cómodo sería llegar al portón de la mansión ejecutiva, decir «soy periodista» y acceder como «Juan por su casa», sin mayores requerimientos. Esa también es parte de la verdad.

Pero de ahí a elaborar, expresar, publicar y sostener, que la credencial de prensa obstruye el derecho a la libertad de prensa y que impone quién es y quién no es periodista o quién puede ser o no puede ser periodista en el país, hay un salto cuantitativo al vacío, que no se sostiene en derecho por más que sus creadores lo repitan.

Y el problema de esto es que dicha desinformación, está siendo presentada a la ciudadanía, otra vez más, por los llamados a divulgar, libre de pasiones, la verdad, o al menos todas las vertientes de un tema o noticia.

Ningún periodista puede sostener en el Código Civil o reglamento alguno que la credencial de prensa limita el ejercicio del periodismo a solo aquellos que la poseen, no existe tal disposición de ley.

Los Ejecutivos de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Japón, Argentina y gran parte de la Unión Europea, entre otros muchos países, requieren de certificaciones o credenciales de prensa emitidos por el Estado para acceder a las conferencias de prensa.

De hecho, ya existía una decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. sobre esta controversia, la cual prácticamente tornaba académica la demanda, y el Tribunal Apelativo de Puerto Rico la incluyó en el blindaje de su respuesta, al citar el caso Ateba v Leavitt (2025), que impugnaba con particular similitud la credencial de prensa o «Hard Pass» exigida por la administración del presidente Donald Trump a los periodistas que cubren las conferencias de prensa en la Casa Blanca.

En torno a este caso de referencia, el Apelativo local expresó en su sentencia: «El propósito de requerir la acreditación es para asegurarse que los que posean el hard pass son reporteros bona fide. Ateba arguyó que la política de Casa Blanca de requerir un ‘hard pass’ violentaba la primera enmienda porque creaba una carga para su acceso al área de prensa y condicionaba su acceso total al requerirle una acreditación… El Tribunal de Apelaciones (federal) denegó el petitorio de Ateba de que se violentaba la primera enmienda. Ello porque la política de obtener un Hard Pass era razonable y neutral… Allí se informó que Casa Blanca era la residencia oficial del Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica…. Se indicó también que el área de prensa es donde los periodistas asisten a ruedas de prensa, entrevistan a funcionarios de la Casa Blanca e informan sobre las actividades diarias de la administración. Se indicó que Casa Blanca emite dos tipos de pases que le otorgan acceso a los reporteros al área de prensa. Uno para entrar al área de prensa sin escolta y otro denominado “day pass” el cual le requiere a los reporteros someter diariamente una forma para entrar al área de prensa. En este, debe esperar un escolta en el portón. Los tenedores de ambos pases tienen los mismos privilegios una vez estén adentro de las facilidades», reza la sentencia.

En palabras sencillas, la administración de turno en La Fortaleza no inventó la tuerca y no está solicitando algo que no hayan exigido otros ejecutivos de otros países, incluyendo el inquilino de Casa Blanca.

No todos los cientos de periodistas en Puerto Rico son figuras mediáticas de rostros conocidos ni todos los medios, periódicos semanarios regionales, impresos y digitales, así como emisoras y estaciones, son conocidas por toda la población y personal asignado a los portones de la mansión ejecutiva. ¿Habría que esperar que alguien vulnere la seguridad en La Fortaleza haciéndose pasar por periodista para tomar acción al respecto?

El carnet o credencial de prensa del Estado es y ha sido una herramienta de gran valor y utilidad para aquellos periodistas que la poseen, por eso y para eso la han solicitado voluntariamente durante varias décadas, mucho antes de la directriz de la gobernadora. Ahora su valor y utilidad es aún mayor.

Lo que no puede permitirse:

Donde la clase profesional periodística y los gremios que representan los mejores intereses de los periodistas en el país o así dicen hacerlo, debería concentrarse, es en que el Estado no continúe denegando solicitudes de credencial de prensa a colegas periodistas legítimos que hacen una extraordinaria labor de prensa regional y comunitaria, con evidencia pública y trayectoria probada.

Pareciera ser que es ahí donde se quiere controlar y determinar quién es y quién no es periodista en el país.