Tras el anuncio de la gobernadora, Jenniffer González Colón, informando en un mensaje al pueblo que el gobierno de Puerto Rico presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, solicitando que se declare nulo el contrato con la empresa LUMA Energy, alegando que el mismo fue extendido de manera ilegal en 2022, se abre más que un capítulo, una novela legal con amplias connotaciones, incluyendo la posibilidad de un alto costo para el país.

Muchas han sido las reacciones por parte de todos los sectores en Puerto Rico, y muchos los jurisconsultos que aseguran que el Gobierno tiene un caso sólido. Sin embargo, pudiera denominarse consenso general la enorme preocupación, ante el supuesto de una determinación de nulidad por parte del tribunal, que la isla quede sumida en la vulnerabilidad en medio de una transición a un nuevo operador.

No deja de resultar tan interesante, como cuestionable, la estrategia legal de la actual administración, de buscar la ruptura contractual por nulidad y no por incumplimiento, después de tres años de vigencia, servicio (bueno o malo), desembolsos por pagos realizados y un año después de haber asumido las riendas del gobierno. ¿El gobierno accedió a realizar desembolsos y hacer reclamaciones al amparo de un contrato a sabiendas de que técnicamente no existía documento válido?¿Cuándo el gobierno se da cuenta de que la extensión del contrato es nulo?

La reacción de LUMA, a cargo de la transmisión y distribución energética en el país, fue tan esperada, como preocupante, al no tan solo señalar que están evaluando sus “opciones legales” ante la demanda radicada por la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), sino que advirtió que la acción podría “aumentar el riesgo de interrupciones” e inclusive “retrasar el tiempo de restauración” en las interrupciones.

Nadie en su sano juicio puede pensar que se trata de un proceso judicial simple, como impugnar un boleto de tránsito, sino el primer paso en un caso judicial adversativo y potencialmente extenso, en donde uno de los efectos más comunes en el ámbito laboral es la de brazos caídos, abierta o solapadamente, en medio de la tirantez de intereses contrapuestos.

“Esta acción también podría interrumpir la continuidad en un momento crítico, atrasar aún más los proyectos dirigidos a mejorar el sistema eléctrico, aumentar el riesgo de interrupciones, retrasar el tiempo de restauración y afectar mejoras financiadas con fondos federales”, expresó LUMA en declaraciones escritas, asegurando a la vez que siguen “firmemente comprometidos con la transformación energética de Puerto Rico”.

La empresa, después de hacer un recuento de sus aciertos, calificó la demanda como una acción cuyo fundamento en esencia es político: “Confiamos en que seguimos siendo la solución correcta para la transformación a largo plazo del sistema eléctrico de la isla y no permitiremos que acciones motivadas políticamente nos distraigan ni retrasen la restauración que el pueblo de Puerto Rico necesita con urgencia”, declaró LUMA Energy.

Fuera de los problemas inherentes a cualquier irregularidad o alegación de incumplimiento en el manejo de un sistema energético deteriorado, obsoleto y en precaria situación, con lo cual tendría que lidiar cualquier nuevo operador, lo cierto es que el contrato de LUMA se convirtió en balón político y tema decisivo durante las pasadas elecciones.

Cabe señalar, que si bien es cierto que la gobernadora y su equipo habían anticipado que antes de que finalizara el año estarían impugnando el contrato, igualmente es cierto que la radicación y el mensaje surge a horas de que los principales titulares del país reseñaran sus malas notas en las encestas por su desempeño y la alegada búsqueda dentro del Partido Nuevo Progresista (PNP) de un candidato viable a las elecciones de 2028.

“Las actuaciones de LUMA, su mal servicio, su incumplimiento con lo acordado y su falta de interés en resolver los señalamientos hacen que no tengamos otra alternativa que recurrir a los tribunales… Ahora comienza una nueva etapa, cumplo con mi palabra y compromiso cuando juramenté como gobernadora… devolverles la estabilidad energética”, expresó González Colón en su mensaje en vivo desde la Fortaleza.