La eliminación del cargo por la inspección de contenedores en el puerto de San Juan, la cual había sido anunciada en agosto por la gobernadora Jenniffer González Colón, continúa cobrándose, a pesar de que el gobierno había proyectado un ahorro anual de $11 millones para la industria, según denunciaron representantes del sector privado.

González Colón había informado que la empresa S2 Services Puerto Rico (S2PR) tendría 90 días para cancelar el contrato del Sistema de Inspección de Contenedores de Carga (SICC), creado al amparo de la Ley 12 de 2008; sin embargo la tarifa persiste.

El presidente de la Asociación de Navieros de Puerto Rico, José Nazario, alega que la Autoridad de los Puertos aún no ha precisado la fecha exacta en que comenzaron a contarse esos 90 días, ni cuándo cesará el cobro.

El asunto pesa aún más cuando se toma en consideración que la industria enfrenta además un alza adicional desde el 8 de diciembre, cuando Tote Maritime incrementará la tarifa por contenedor de $425 a $485, un alza del 14%. El transporte de carga breakbulk (fuera de contenedor) también aumentará a $108 por cada 2,000 libras, unos $13 más que la tarifa actual.

Hablamos de una sentencia de encarecimiento sobre el 80% de los productos que entran a la Isla en plena temporada navideña y más allá, la cual se suma a “ajustes” aplicados durante el año, como el alza en la tarifa “System Recovery”, que pasó de $3.50 a $6.50 por unidad, la creación del nuevo “Infrastructure Fee” de $15 por contenedor y los incrementos tarifarios realizados por Puerto Nuevo Terminals, que elevaron los costos de almacenamiento entre 40% y 186% según el tiempo en muelle.

En una nota del periódico El Vocero, Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de MIDA, indicó que la falta de información mantiene al sector en incertidumbre en momentos de crecientes aumentos en los costos de transporte: “Nosotros le hemos dado seguimiento a la Autoridad de Puertos, pero no nos han dado la fecha específica, sobre cuándo es que se va a dejar de cobrar. Así que estamos a la espera, deseosos y obviamente preocupados”, expresó el empresario.

Reyes advirtió que el transporte marítimo es uno de los servicios más críticos para Puerto Rico y cuestionó que, pese a su importancia, el país opere “ciego” ante un sistema dominado por estructuras de monopolio u oligopolio.

Ante las quejas, el representante José Aponte inició una investigación sobre los aumentos consecutivos en el manejo de contenedores en Puerto Nuevo, mientras que el presidente del Centro Unido de Detallistas, Ramón Barquín III, catalogó los incrementos como “nocivos” para la economía e insistió en que debe hacerse cumplir la eliminación del cargo por inspección.

Demanda Puertos a S2PR:

Ante la situación antes descrita, trascendió que la Autoridad de los Puertos radicó una demanda contra S2 Services Puerto Rico (S2PR) en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, alegando que a pesar de la orden para el cese de operaciones la empresa continúa operando y ocupando las instalaciones de escaneo en el Puerto de San Juan, no empece a que el contrato no está vigente, por lo que solicitó al tribunal que la compañía desaloje el área y cese operaciones de manera inmediata.

S2PR se niega a abandonar las instalaciones, condicionando su salida al pago de una penalidad al gobierno por terminación del contrato antes de su vencimiento.