La disputa entre un grupo de bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) alcanzó un nuevo punto de tensión este fin de semana, cuando la Junta advirtió que aceptar la propuesta de estos acreedores representaría un costo adicional de $64 mensuales por los próximos 50 años en la factura de cada abonado promedio, además de los aumentos previstos en la tarifa básica y otros cargos en la factura eléctrica.

La controversia coincide con el proceso de revisión tarifaria – el primero de este tipo en ocho años – y la posposición para la imposición de una tarifa provisional, hasta el próximo 3 de julio, plazo para que LUMA Energy someta formalmente su petición de revisión por gastos operacionales.

Y es que aunque la nueva tarifa básica entraría en vigor en 2026, el NE podría imponer tarifas provisionales o cargos de emergencia antes de esa fecha.

Cabe señalar, que los bonistas buscan insertarse en el proceso de revisión tarifaria para asegurarse de que se les incluya su partida en el cálculo del repago de la deuda.

La cifra de $64 mensual fija, adicional a lo que usted paga y sin contar con otras partidas como pago a pensionados, gastos de LUMA, etc., surge como parte de un análisis presentado por la JSF en respuesta a las críticas que los bonistas emitieron tras los apagones sufridos en Puerto Rico durante la Semana Santa.

Según las empresas GoldenTree Asset Management, Assured Guaranty, National Public Finance Guarantee, Syncora Guarantee y el Grupo Ad Hoc de PREPA, la función de la JSF ha sido un fracaso por no haber concretado, en casi una década, un acuerdo que cierre la quiebra de la AEE y le permita retomar el acceso al mercado financiero.

En su defensa, la JSF recordó que la propuesta de estos acreedores exige el pago total de la deuda, que asciende a $12,166 millones incluyendo intereses y cargos, lo cual, según los cálculos del ente fiscal, implicaría un recargo de 8 centavos por kilovatio hora (kv/h) en la factura durante medio siglo. Dado que el consumo residencial promedio es de 800 kv/h, esto representaría $64 adicionales mensuales.

En estos momentos, la jueza Laura Taylor Swain extendió las negociaciones en mediación hasta octubre, tras la entrada de la empresa negociadora PJT Partners a un costo de un millón de dólares mensuales. Sin embargo, es una negociación con un grupo parcial de acreedores, toda vez que otros ya anunciaron que van a litigar por el pago total en los tribunales.

Como mencionamos, en el hipotético que se tenga que pagar la totalidad de la deuda, la partida de $64 se sumaría a la tarifa base y a otros cargos como el costo del combustible, lo que, usando la tarifa vigente hasta junio (25 centavos por kv/h), elevaría la factura promedio a sobre $267 mensuales.

La Junta también alertó que, de aceptarse otro cargo adicional de 2 centavos por kv/h para cubrir los $24 millones mensuales en pago de pensiones a sobre 12,000 jubilados de la AEE y cónyuges, el impacto económico sería aún mayor. Hasta este momento se ha evitado este aumento mediante préstamos y fondos de emergencia otorgados por el gobierno.

“El pago completo de la deuda de bonos de la AEE, más los intereses, es inasequible”, sostuvo la JSF en su declaración, agregando que no son responsables de las operaciones diarias de la AEE. También señalaron que algunos de los bonistas compraron bonos a precios reducidos después de la declaración de quiebra, pero ahora exigen el pago completo como si fueran acreedores originales, lo que a juicio de la Junta revela un intento de especulación financiera a costa del pueblo.

Por su parte, los bonistas afirman haber ofrecido un acuerdo para cerrar la quiebra que incluiría un préstamo de $2,500 millones para mejorar la infraestructura eléctrica, con la condición del pago total del monto global de la deuda, y acusan a la Junta de priorizar el pago a sus consultores, mientras el sistema sigue fallando.

En resumen, el conflicto por la reestructuración de la deuda de la AEE no solo retrasa el cierre de la quiebra, sino que amenaza con impactar severamente el bolsillo de los consumidores puertorriqueños durante décadas. La tensión entre los bonistas y la Junta, lejos de resolverse, sigue escalando, con la factura de la luz como rehén principal.