La escalada del ambiente de tensión entre la clase médica del país, frustrada, oprimida y acorralada por las aseguradoras y el doble discurso del gobierno de Puerto Rico, anticipan tanto una explosión volcánica, como un incremento en el éxodo masivo de médicos y profesionales de la salud.
El Cartel de la Medicina en Puerto Rico, con poder prácticamente ilimitado, continúa moviendo fichas y tentáculos para proteger sus cuasi inexpugnables murallas, ante diversas iniciativas de los profesionales de la salud para alcanzar su meta: liberar sus prácticas y profesiones del absoluto control de las aseguradoras que limitan, tanto sus ingresos, como su relación médico-paciente.
Los cientos de chats de médicos en las redes sociales, hablan sobre la ambivalente posición del gobierno, representado a capa y espada por el secretario de turno del Departamento de Salud, Carlos Mellado, una figura que se ha ganado tanto el repudio, como el miedo a represalias, por un amplio sector de los profesionales de la salud, y que fuentes alegan es un arfil de las aseguradoras, con quien cuenta para sus aspiraciones políticas.

Unidos en causa, separados por visiones:
Grupos médicos como la Fundación Pro Derecho a la Salud (FPDS) y la Coalición Nueva Visión de Salud (CNVS), dirigidas por médicos de larga  trayectoria profesional, han logrado relativos avances en percolar en el ánimo y determinación del colectivo para exigir sus derechos y el de los pacientes. Sin embargo, sus visiones son disímiles: unos creen que pueden negociar con el gobierno y las aseguradoras, y otros en romper absolutamente con el modelo de salud existente, creando un Seguro Universal de Salud con pagador único.

Mientras eso sucede, la Legislatura ocasionalmente hace como que hace y el gobierno hace lo propio.
Ejemplo de esto, es la Resolución Conjunta del Senado 296 del 24 de octubre de 2022 que ordena al Departamento de Salud a realizar un estudio para investigar cuál es el gasto real en salud y sobre la viabilidad de un programa de salud universal en Puerto Rico, para lo cual se asignó un millón de dólares. Sin embargo, duerme el sueño de los justos y para muchos, se trata de poner nuevamente a los cabros a velar las lechugas.
Existe una relación directa, muy bien conocida, entre: influencias, donativos de campaña, políticos y aseguradoras.
Y al parecer el colectivo médico no está ajeno a la corrupción, fuentes de entero crédito han señalado la existencia de médicos al servicio del cartel  dentro de la cúpula del Colegio de Médicos Cirujanos. Este medio NUEVAISLA.com publicó el proyecto de investigación más extenso, profundo y revelador que se ha realizado sobre este tema en Puerto Rico.

Gobierno actúa bajo la lupa de los federales:
El pasado 22 de junio, unos 21 días después de revelar que en efecto el Departamento de Salud se encuentra colaborando con los federales en una investigación de fraude al programa Medicaid, Mellado, quien también es presidente de la Junta de Directores de la Administración de Seguros de Salud (ASES), anunció la “imposición” de una multa de $311 millones a las aseguradoras MMM Multihealth, Triple S, Plan de Salud Menonita y First Medical, por incumplir con el pago de las tarifas mínimas establecidas para los servicios médicos bajo contrato, según lo disponen los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS por sus siglas en inglés).
Mellado aprovechó la ocasión para ensalzar a su jefe: “La política pública del señor Gobernador es clara. Transformar el sistema de salud y convertirlo en uno que sea asequible, ágil y de calidad… Hemos sido el único gobierno en hacer cambios trascendentales al sistema de salud”, expresó el secretario.
Sin embargo, el monto total de multas emitidas pudiera ser disminuido e inclusive eliminado, pues las aseguradoras en conformidad con los procedimientos del Reglamento Núm. 8446 de ASES, tienen derecho a objetar la notificación y solicitar una revisión administrativa.
“Las aseguradoras tienen 15 días, a partir de hoy, para mostrar causa por escrito de por qué ASES no debe imponer las sanciones y remedios especificados anteriormente. De recibir el reclamo procederemos a evaluarlo y notificar la decisión”, expresó la directora ejecutiva de ASES, Edna Marín.
Días después de la notificación de las multas, salió a relucir que alegadamente el gobierno volvió a incumplir en la presentación de informes a los CMS sobre los gastos de Medicaid incurridos en la Reforma de Salud (Vital) y le fue retenido el desembolso de fondos, por lo que las multas perfilan como un recurso para ganar tiempo en el pago de primas a las aseguradoras.

Detrás de todo esto, subyace la parte más fina de la soga: Los proveedores y los pacientes.
El gobierno federal, que tiene sus propios problemas con la influencia de las aseguradoras sobre muchas sillas en Washington y la sobrefacturación al Medicare en los estados, tiene a Puerto Rico en el epicentro de una extensísima investigación, cuyos resultados son tan inciertos, como esperanzadores.

El sentir de los médicos:
Detrás de todos estos cambios de señales entre pitcher y catcher, lo cierto es que probablemente no existe un solo médico en la Isla que no se sienta esclavizado, frustrado, en un callejón sin salida y que no le atribuya al Cartel de la Medicina, encabezado por los planes médicos, el atraso en la prestación de servicios; el éxodo de médicos; prácticas privadas atropelladas que no dan abasto, con remuneraciones miserables que no guardan relación con los volúmenes de pacientes y responsabilidades médicas; la burocracia administrativa, procedimientos dilatorios, atraso en pagos, deterioro de hospitales, sobrecarga de pacientes y escasez de enfermeras; entre una larga lista de calamidades.

Salud en riesgo de colapso:
La mal llamada “industria” de la salud en Puerto Rico, depende en un 100% de fondos federales Medicare y Medicaid.
Esto en una economía federal de pronóstico reservado.
Por diversas razones estos fondos federales están recurrentemente en riesgo.
Periódicamente se escenifica un pulseo presupuestario en el Congreso, algo parecido al cuento del lobo.
Sin embargo, con decenas de miles de millones destinados a la salud en Puerto Rico, no son pocos los hospitales en el país, que inclusive tras la bonanza pandémica, se encuentran en precario estado, tanto en sus plantas físicas, como en sus equipos y prestación de servicios, que resultan deficientes y en algunos casos tercermundistas.
Algo que no va a poder ser resuelto con la entrada en escena de un batallón de médicos graduados sin licencia y enfermeras adiestradas para actuar como asistentes médicos. Una mano de obra más barata, que junto a la inteligencia artificial y la robótica, forman parte de un plan a corto plazo para depender menos de los médicos y maximizar aún más las ganancias del cartel.
El desvío de fondos y desangre del sistema, junto al control de las aseguradoras sobre las prácticas médicas, es el responsable de todo el problema, independientemente de cualquier medida, iniciativa o negociación, y todos lo saben, desde hace mucho tiempo.
Así las cosas, esta compleja situación, que se nutre de un compás de espera interminable, el ensayo, la compra-venta de influencias, el sálvese quien pueda, y que inclusive afecta e involucra a todos los componentes no médicos del sistema, desde explotadas y mal pagadas enfermeras, hasta técnicos de laboratorio, puede estar llegando a una coyuntura final de acción y solución invasiva, dramática y obligada, porque como dice el sabio jíbaro puertorriqueño: “La burra, si no pare, revienta”.