El caso de la pareja que en enero de 2022 se negó, en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, a cumplimentar la “Declaración de Viajero, Alerta COVID-19”, al ingresar a la Isla, proveniente de Florida, y que luego, al ser emitida una orden de arresto en su contra, se apertrechó con sus hijos en su automóvil, fue desestimado en su totalidad por el juez, Francisco Borelli Irizarry, del Tribunal de Carolina.
Hablamos de Zulma I. Figueroa Córdova, de 53 años, y su esposo, Luis Ángel Colón Colón, de 44 años, quienes enfrentaban cargos por violar el Artículo 246 del Código Penal que tipifica como delito el resistir u obstruir el ejercicio de la autoridad pública.
En el momento de los hechos, estaba en vigor, bajo la Orden Ejecutiva 2021-081, emitida por el gobernador Pedro Pierluisi, la disposición obligatoriedad de presentar la “Declaración de Viajero, Alerta COVID-19”.
Este caso tomó notoriedad debido a que el matrimonio se atrincheró en su vehículo en la urbanización José Mercado en Caguas, con sus tres hijos, uno de ellos menor. A la escena llegó un contingente policiaco y de SWAT, como si se tratara de fugitivos peligrosos. Miembros de la prensa trataron en esa ocasión de presentarse como víctimas de algunos manifestantes a favor de los derechos civiles, los cuales se habían allegado a la escena, alegando que estos le impedían realizar su trabajo e inclusive querían que la Uniformada les brindara protección.
El Lcdo. Michael Corona, quien asumió la representación legal de la pareja en este caso, expresó en las redes: “El juez Francisco Borelli acaba de desestimar las denuncias contra Zulma Figueroa y su esposo, luego de que ellos se negaran a llenar el formulario en el aeropuerto y presentar tarjeta de vacunación por Covid. El tribunal sacando la cara por nuestras libertades.”
Esta victoria judicial, representa el segundo gran revés en este año contra los decretos pandémicos del gobernador, después de que el 1 de julio de 2022, un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones determinara que ni el gobernador Pedro Pierluisi ni el secretario de Salud, Carlos Mellado, están autorizados a reglamentar por decreto la conducta de los ciudadanos y de terceros.
En ese caso de referencia, la demandante Lourdes Amadeo Ocasio, representada por el Lcdo. Adrián Díaz, junto a otros demandantes, reclamaban que se les había requerido la vacuna contra el COVID-19 a sus hijos y a utilizar mascarillas para poder regresar de manera presencial a la escuela. Entre los demandantes también habían universitarios y maestros.
Así las cosas, queda demostrado que los jueces en Puerto Rico están viendo debilidades e inconsistencias jurídicas en las órdenes ejecutivas.
La pregunta es: ¿Violaciones de derechos humanos y constitucionales también?
En el caso de Amadeo, el Gobierno anunció que elevará el caso al Supremo.

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