Cabe señalar, que aunque la demanda energética promedio en Puerto Rico ronda los 3,000 MW, necesita al menos unos 4,000 megavatios (MW) para satisfacer de manera óptima sus necesidades energéticas. Una capacidad que la AEE es incapaz de producir con eficiencia. De esa cantidad, los sistemas solares le venden a la AEE, bajo el servicio de medición neta, el exceso de energía que producen, que ya sobrepasa los 900 MW proveniente de sobre 145,000 microsistemas solares.

Sin esta generación, en estos momentos, ni la AEE ni LUMA Energy podrían garantizar su oferta y mucho menos satisfacer la demanda en las recurrentes crisis energéticas que experimenta el país.

Según Zapata, la AEE está pagando la energía que estos sistemas solares produce al mismo precio que la corporación pública la vende a los consumidores, por lo que cocinan facturarle por la transmisión y distribución y hasta por los «costos administrativos».

O sea, le ponen precio a su materia prima y le ganan al suplidor por el despacho.

«El efecto neto es que la utilidad (AEE) le está pagando al cliente por tener el sistema. Eso reduce los ingresos y obliga a subir la tarifa al resto de los clientes”, expresó Zapata en entrevista al periódico Metro y añadió que «lo ‘justo’ sería que la Autoridad le reconociera al cliente el costo de la producción de energía, pero ese cliente debería pagar por transmisión, distribución y gastos administrativos, como cualquier abonado”.

La revisión tarifaria, con la propuesta de facturación a los hogares suplidores de energía solar, bajo el sistema de medición neta, se encuentra ante el escrutinio del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR).

La pregunta a Zapata y la AEE es: ¿Qué sucedería en el hipotético, si los 145,000 propietarios de sistemas solares bajo medición neta se unieran e impusieran una tarifa a la AEE? ¿Estaría la corporación pública en estos momentos en posición de rechazarla? ¿Cuentan con la capacidad de compensar esa pérdida energética?¿Cuánto le costaría la «transmisión, distribución y gastos administrativos» a todos los demás?

De hecho, el abogado y expresidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Luis Aníbal Avilés, advirtió que los clientes con sistemas solares sujetos a medición neta, están protegidos por la Ley 114-2007, la cual dispone los parámetros del programa, dejando ver la posibilidad de incoar un pleito de clase.

La Fortaleza y el juego político:
En lo que pareciera ser el juego de la buena y los malos, la gobernadora Jenniffer González Colón se pronunció en contra de las intenciones de Zapata y la AEE: «Desde que soy comisionada residente, yo he estado hablando en contra del impuesto al sol… Es un incentivo para que la gente utilice algún tipo de energía renovable, en este caso las placas solares para ayudar al sistema… Estoy en el récord, en contra de que se le cobre a una persona por conectarse. Hay una ley, y nosotros tenemos que hacer valer esa ley», expresó la primera ejecutiva del país.

Así las cosas, el curso de los hechos y los resultados determinarán el peso de sus expresiones.