En un documento llegado a nuestra sala de redacción, el Dr. Enrique Vázquez Quintana exsecretario de Salud y expresidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR), quien ha llevado una larga lucha para que se anule una decisión del Tribunal en su contra, esto a raíz de una demanda por alegadamente haberle causado demencia a una paciente a la que operó cuando ejercía su práctica como uno de los cirujanos más prestigiosos del país, presentó el pasado 14 de octubre de 2025 una declaración jurada y solicitud de investigación a la Oficina del Fiscal Especial Independiente (OPFEI).

Vázquez Quintana solicita que se investigue, tanto a la jueza retirada Gloria M. Soto Burgos, del Tribunal Superior de San Juan, “por conducta impropia y abuso de poder en el ejercicio de sus funciones judiciales”, al igual que los procedimientos y circunstancias que involucran a jueces de los tribunales de Apelación y Supremo, relacionados a este caso que se remonta a 2011, el cual según el galeno y la evidencia que presenta, se basó en un fraude jurídico, donde existió alegado prejuicio y discriminación en su contra.

Este caso, repleto de incidencias atípicas, se demoró cerca de diez años y aunque Vázquez Quintana resultó culpable, el propio médico perito de la otra parte, Dr. Stephen A. Falk, tuvo que llegar a un acuerdo con Vázquez Quintana y pagarle una cantidad menor a $170,000 por alegadamente emitir declaraciones fraudulentas en el caso. Esto además de que la Junta de Licenciamiento y Disciplinas Médicas de Puerto Rico pasó juicio sobre el caso, determinando que no existió mala práctica o negligencia alguna emitiendo la Resolución Núm. 2023-70 exonerando a Vázquez Quintana de toda culpa en el manejo del caso.

El reconocido galeno, retirado hace años de su práctica médica, parte de la premisa de que los casos de fraude jurídico no prescriben al presentar su solicitud al OPFEI.

Entre las alegaciones de irregularidades y aparente agenda orquestada en su contra, Vázquez Quintana argumenta: “Durante mi interrogatorio el abogado Iguina (Lic. Antonio Iguina) me preguntó si yo había demandado a una abogada. Aunque ese asunto no era pertinente a este caso, mi abogado no objetó y yo tuve que contestar. Informe que sí que prevalecí en una demanda frívola que presentó en mi contra una abogada, que me debía pagar por orden del tribunal $184,000 por daños económicos y morales y nunca pagó nada. Como consecuencia de una querella que coloqué por conducta ética ante el Tribunal Supremo, la abogada fue destituida de su práctica por tiempo indefinido. Eso creó animosidad de la juez hacia mí. Lo siguiente ocurrió posteriormente, pero se lo relato a ustedes hoy. La abogada fue restituida a su práctica profesional seis semanas antes que la decisión del Tribunal Supremo en este caso mintiéndole al Tribunal. Le reclamé esa irregularidad a la Hon. Presidenta Maite Oronoz. Sin embargo, debido a que a los jueces no se les puede escribir, un ayudante me informó que eso era final y firme”, expone el médico en su declaración jurada.

El 23 de octubre de 2025, la OPFEI le respondió a Vázquez Quintana indicándole que conforme al orden de los procedimientos habían procedido a referir toda la información suministrada por el galeno a la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, para su evaluación y determinación si procede o no asignar un fiscal independiente al caso.