En lo que podría catalogarse como crónica anunciada, y para muchos la imposición del mollero político y el partidismo sobre el sano escrutinio y evaluación, el Senado de Puerto Rico confirmó a viva voz al Dr. Víctor Ramos Otero como secretario del Departamento de Salud (DS).

Ramos otero estuvo bajo fuego de artillería ante el escrutinio público, tras serle imputadas por parte del actual presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico (CMCPR), Dr. Carlos Díaz Vélez, una serie de irregularidades y mal manejo administrativo durante su incumbencia en la presidencia de dicha institución médica. Algo que fue estratégicamente circunscrito y despachado por la gobernadora Jenniffer González Colón y el grupo de senadores de mayoría, como un chisme o vendeta personal.

Se le imputa a Ramos Otero ser artífice de un esquema de desvío de fondos en el fallido, y para muchos fraudulento, plan médico CMC Care Holdings, que dejó con pérdidas de capital a decenas de médicos colegiados que invirtieron en el mismo.

Hablamos de un supuesto plan médico, incorporado por el propio Ramos Otero, que nunca operó como tal en funciones propiamente dichas, y donde se desvanecieron, de manera cuestionable y sin mayores explicaciones, cerca de $1.2 millones de dólares de capital inicial levantado por las aportaciones de esperanzados médicos inversionistas.

Sin embargo, los actos cuestionables y las alegaciones de mal manejo y corrupción de Ramos Otero, van más allá, y están asociadas a desvío de fondos de contratos millonarios otorgados al CMCPR por el DS, en donde contrario a las disposiciones contractuales del DS, y reglamentarias del propio CMCPR, Ramos Otero devengó fuertes sumas de dinero en funciones vedadas para funcionarios, contratistas y familiares del CMCPR.

Entre las alegaciones de fuentes de alto perfil dentro del CMCPR, en contra de Ramos Otero, se presenta evidencia documental y testifical que apunta a que Ramos repartió funciones y dinero de dichos contratos, no tan solo para su beneficio personal, sino también para beneficiar a sus familiares y contratistas empleados por el CMCPR.

El Senado de Puerto Rico, tras haber convocado a una Conferencia Total, el pasado jueves 28 de marzo, con la participación de los 28 senadores que componen dicho cuerpo legislativo, escuchó las ponencias tanto de Díaz Vélez, como del nominado, y ambos contestaron preguntas.

Según un número indeterminado de senadores y partidarios del Partido Nuevo Progresista (PNP), “no se pudo probar” los alegados malos manejos de Ramos Otero, por lo que para sus efectos, el nominado quedó “limpio de polvo y paja”, e inclusive concluyeron que fue objeto de un infame y vil intento de manchar su reputación. Mientras para un amplio sector se trató de un “circo político” cuya agenda estaba trazada y su confirmación “planchada”.

Sea cual sea el caso, Ramos Otero y la gobernadora se impusieron ante la adversidad, y los senadores del PNP montaron con su voto en la guagua de su gobierno a un funcionario que pudiera tener que enfrentar serias acusaciones en el foro judicial, si ese fuera el caso, por toda la evidencia que pesa en su contra.