Después de que este medio divulgara las decenas de millones de dólares en contratos como contratistas del gobierno de Puerto Rico, del Grupo Ferré Rangel, propietario de GFR Media, principal y más influyente conglomerado de medios de prensa y noticias en el país, se abre una “Caja de Pandora” que pudiera arrojar luz en torno al por qué del bloqueo y omisión de datos e información contraria al discurso oficialista de su cliente el gobierno, durante la pandemia del COVID-19.
Docenas de médicos y científicos boricuas, opuestos a las políticas de vacunación contra el COVID-19, han tenido que utilizar los pequeños medios alternativos y redes sociales para expresar sus advertencias en torno al peligro que representaba y representa para la salud de los puertorriqueños la inoculación con esta sustancia experimental, ante la negativa de los grandes medios de prensa del país de darles foro y atender sus reclamos.
No tan solo los periódicos El Nuevo Día y Primera Hora, propiedad de GFR Media, han evitado entrevistar a estos médicos y científicos, sino que periódicos, estaciones de radio y canales de televisión, como: El Vocero, Metro, WAPA, Telemundo, Univisión, WKAQ 580 y NotiUno 630, por mencionar algunos, han seguido la misma línea de hermetismo, rechazo y bloqueo a hacer públicos los señalamientos de estos médicos, muchos de ellos especialistas del más alto calibre.
El efecto neto de este hermetismo, fue el desconocimiento del pueblo de Puerto Rico, privándolo de información trascendental para tomar decisiones.
Todos estos medios recibieron y reciben jugosas sumas de dinero en contratos publicitarios por parte de agencias de publicidad y de relaciones públicas, que a su vez son contratistas del gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Salud para promocionar la vacunación como “eficaz y segura”.
Sin embargo, ninguno de estos medios mantiene una relación de negocios tan estrecha, amplia y directa, con el gobierno de Puerto Rico, como el Grupo Ferré Rangel y GFR Media.
Algunos de estos medios o figuras mediáticas, que promueven solo los argumentos e intereses de sus clientes, las agencias de publicidad y organizaciones de proveedores y contratistas del gobierno, como VOCES: Coalición de Vacunación de PR, también han sido beneficiarios de fondos pandémicos de emergencia libres de repago.
Estos medios, que son patronos de una gran parte de los periodistas del país, tampoco han revelado la avalancha de reacciones adversas graves, incluyendo muertes, que esta sustancia ha provocado y continúa provocando en la Isla ni entrevistan a estas víctimas, quedando estas sumidas en un tipo de callejón sin salida y abandonadas a su suerte.
Más aún, la inmensa mayoría de estos medios, que constituyen sobre el 90% de la fuente primaria de información y noticias en el país, no dan paso ni siquiera a cubrir vistas públicas legislativas, que han abordado el tema, con médicos que se han expresado de manera alarmante, advirtiendo sobre el daño, riesgo y peligro de la inoculación masiva con esta sustancia, que califican como tóxica.
El pueblo y la otra cara de la información, han permanecido rehenes de estos medios, que llaman “desinformación” a la información correcta y corroborable. Información con evidencia testifical y documental fehaciente por parte de los expertos.
En ausencia de lo que se conoce como una notificación o relevo por conflicto de interés, la ciudadanía da por cierta y como libre de vínculos con intereses económicos, toda la información unilateral que estos medios han estado publicando sobre estas “vacunas”, su eficacia y seguridad, como noticia seria, confiable y segura para la familia puertorriqueña.
El conflicto de interés se produce, cuando medios y periodistas, llamados a informar de manera íntegra y veraz, todo ángulo de la noticia, de parte y contraparte, incluyendo opiniones divergentes de fuentes fiables, protagonistas y expertos, solo publican la fracción de la información que favorece los intereses de su cliente.
El mejor interés del pueblo de Puerto Rico es, y siempre será, estar plenamente informado sobre todos y cada uno de los aspectos que constituyan un alto interés público, más aún si se trata de advertencias y notificaciones de peritos expertos en sus materias y ciudadanos víctimas de cualquier mecanismo, política o procedimiento por parte de instituciones públicas o privadas.