EL CARTEL DE LA MEDICINA

EN PUERTO RICO

Reportaje Especial

Vinculan a Mellado con esquema de venta de influencias

Por: José Santiago Gabrielini

Periodista

miércoles 24 de agosto de 2022

Llevamos años escuchando sobre el éxodo de médicos, la falta de especialistas y profesionales de la salud, los bajos salarios, el control de las aseguradoras y miles de análisis, explicaciones, opiniones y soluciones fatulas a un problema que se origina en una crisis creada; una crisis diseñada, producida y controlada por: EL CARTEL DE LA MEDICINA EN PUERTO RICO.
En este reportaje especial, le explicaremos cómo surge y se administra el “problema” y cómo se perpetúa el mismo, sin rodeos ni teorías, sino con datos y evidencia, que muchos individuos tendrán que explicar y que las autoridades locales y federales tendrán que investigar.
Como resultado de esta investigación, surge el vínculo con un alegado esquema de soborno y venta de influencias que involucra al secretario del Departamento de Salud, Dr. Carlos Mellado. 
A continuación un audio del autor sobre este trabajo:

EL CARTEL DE LA MEDICINA EN PUERTO RICO

José Santiago Gabrielini, Periodista

Comenzemos desde arriba: Los administradores de salud en Puerto Rico, generalmente son personas con un bachillerato en enfermería y una maestría en administración de salud.
Es decir, que la medicina en este país no está administrada por médicos, sino por otro tipo de profesionales. Hablamos de administradores y consultores contratados por las aseguradoras, poderosos individuos y organizaciones.
Como aderezo, desde hace unos años, las siempre influyentes farmacéuticas, han entrado en la escena local con un rol aún más protagónico, omnipresente y junto al gobierno, sirven de “bouncers” en la puerta del festín.
Como mencionamos, los administradores de la salud en Puerto Rico, están contratados por aseguradoras como: Triple S, Metro Pavía, First Medical, Menonita, MMM, etc., para que decidan a quién se le hace o no un CT Scan, una placa; a quién trasladan o dan de alta, etc., y su función es sólo una: Ahorrarle dinero a su patrono, a costa de la salud del paciente, todo esto sobre el criterio clínico del médico.
Las aseguradoras, los Centros 330, los grandes IPAS y organizaciones como VOCES, algunos de cuyos propietarios y administradores se mueven inclusive en helicóptero, y utilizan trajes de diseñador de miles de dólares, atropellan a los médicos del país, contratándolos para utilizar sus licencias de médicos para sus propósitos e intereses, como sellos de goma de ellos, bajo condiciones extenuantes de trabajo y salarios que no guardan proporción con sus responsabilidades.
Todo esto se da con el aval y protección del gobierno, pues son estos mismos elementos los donantes de más alto nivel en campañas políticas, compran a funcionarios y medios de prensa e intimidan a los médicos.
Analistas y analistos hablan por encima de las ramas sobre el problema, achacándoselo a que no hay suficientes médicos graduados, a los bajos salarios y condiciones laborales, que los hacen abandonar el país, pero evaden tocar a la mafia que está detrás de todo esto, por dos razones: intereses económicos y miedo a ser profesionalmente destruidos o literalmente silenciados.
Todos saben que los planes médicos le pagan una miseria a los médicos por evaluar a un paciente que forma parte de un inmenso universo de asegurados, algo que no resulta costo efectivo para los médicos, los cuales si desean seguir manteniendo sus prácticas, tienen que someterse a ser literalmente explotados. Algo que los insensibiliza, los amarga, los mortifica y deprime, pero sobre todo, los esclaviza y los hace dependientes; que es parte del plan original detrás de todo esto.

 

Una vez convertidos en esclavos dependientes, controlan no tan solo su vida, sino sus decisiones, que son calculadas para sobrevivir dentro de ese sistema ultra competitivo, en donde socialmente deben demostrar su éxito mediante un costosísimo estilo de vida estereotipado. 
De ahí, que muchos médicos actúen contra los principios más básicos de la medicina, en aras de la subsistencia. Algo que no es ni puede ser aceptable, pero es parte del problema.
La pandemia y la lluvia de dinero que ha percolado en la Isla, ha servido de respiro y bonanza para una clase oprimida, que ha hecho que muchos médicos (no todos), hayan optado por virar la cara hacia un lado aún más oscuro, justificándose detrás del respaldo de políticas públicas estatales y federales.
De hecho, la pandemia es vista por un amplio sector de la clase médica como tiempos de vacas gordas y están concentrados en recoger de la cosecha todo lo que puedan y exprimir la bonanza hasta la última gota. Mientras eso sucede, y los mantienen distraídos, el cartel ha estado dándole forma a la última fase del plan.
Políticos y administraciones de gobierno, para hacer que hacen, crean dizque medidas para retener a los médicos, brindándole “incentivos” y exenciones contributivas, a sabiendas de que no se trata del accidentado ingreso del médico, sino de la fuente del mismo, los controles y prácticas monopolistas y esclavistas permitidas, que los llevan a ese reducto, un callejón “sin salida” creado por el cartel. Un cartel al que muy bien el Gobierno conoce y proteje.
La teoría y propaganda de que no hay médicos en la Isla es falsa. Lo cierto es que sí hay médicos, pero los monstruos del cartel no abren plazas, porque además de esclavistas son mezquinos, esto además de que se ha creado un estado de crisis, en donde a los médicos recién graduados se les colocan barreras prácticamente insalvables para obtener sus licencias. Esto para limitarlos, controlarlos y convertirlos en asistentes médicos, bajo las clasificaciones MA (Medical Assistant) o PA (Physician Assistant), que cobran mucho menos y maximizan sus ganancias.
Los MA manejan una amplia gama de tareas administrativas y clínicas, mientras que los PA son proveedores de atención médica, que diagnostican y tratan a los pacientes bajo la “supervisión”de un médico licenciado.
Por otro lado, el dinero federal asignado para incentivar a los médicos e inclusive contratar más personal médico, es desviado por el cartel y utilizado en campañas promocionales, fiestones y gastos personales al estilo de sultanes árabes.
En el caso de los Centros 330 en Puerto Rico, que son conocidos así por ser Centros de Salud Primaria alrededor de todo Estados Unidos, los cuales reciben fondos del gobierno federal a través de la sección 330 del Public Health Service Act (PHSA), operan como corporaciones “sin fines de lucro” y administran fondos de Medicaid, no tan solo para adultos mayores, sino para toda la población. Se nutren y engordan con el plan VITAL del gobierno.

Existe una sombrilla corporativa que se llama Alianza, que tiene a su cargo 13 centros y que son administrados por Carmen Ramos de Alba.
Ramos de Alba es descrita por nuestras fuentes, como una mujer poderosa, que se ha hecho multimillonaria, mediante la explotación médica; una contable que se ha construido una imagen de empresaria exitosa, protectora de las mejores prácticas de salud. Una figura parecida a la directora y fundadora de VOCES, Lilliam Rodríguez, una acaparadora de centros de vacunación a la que se alega el gobernador Pedro Pierluisi debe favores.
Es precisamente en esta coyuntura de mi investigación, en donde surge el nombre del secretario del Departamento de Salud, Dr. Carlos Mellado.
En una conversación con un oficial médico de alto rango, cuya identidad me solicitó proteger por razones obvias, SE ALEGA QUE MELLADO ES PARTE DE UN ESQUEMA DE CORRUPCIÓN, SOBORNO Y VENTA DE INFLUENCIAS, al alegadamente recibir dinero proveniente de los Centros 330 por conducto de un administrador de IPA, de nombre Dr. Ángel Muntaner.
Según se nos indica, este médico lleva años actuando como “gatillero” de planes médicos y organizaciones, a fin de manipular y forzar a colegas a aceptar condiciones onerosas de trabajo e insufribles políticas de pago de servicios. Es descrito como un individuo poderoso, de grandes influencias y de cuidado, que posee relación directa con políticos y se alega que sirve de enlace entre el cartel y las influencias del gobierno, a través de su relación privilegiada con Mellado y otros funcionarios.
Según se nos informa, Muntaner es dueño del IPA Canóvanas Medical Center CSP. En un documento que se nos provee, con número NPI de Proveedor Nacional 1710354899 (actualizado 07/02/2021), el oficial autorizado de la corporación es el Dr. Carlos Mellado, quien aparece como presidente. 
También se menciona a una firma de consultoría de nombre CRA Financial & Consulting Group, con oficinas en Guaynabo, la cual alegadamente sirve de canal para el pago del soborno y “Pay for Play”.
ESCUCHA AQUÍ EL AUDIO DEL TESTIMONIO DE ESTE DOCTOR, UN OFICIAL MÉDICO DE ENTERO CRÉDITO:

Entrevista a oficial médico anónimo

José Santiago Gabrielini, Periodista

La crisis médica en Puerto Rico, no es una crisis natural, sino creada de manera estructurada por el cartel, en perfecto sincronismo con la agenda 2030, que proviene de otros niveles aún más altos. Sin embargo, nuestra “crisis” es administrada y responde a estrategias e intereses locales.
Su objetivo, no tan sólo es hacer dependientes a los médicos, sino eliminar la mayor cantidad de ellos en el país, bien sea forzándolos a abandonar la Isla, ralentizando el otorgamiento de licencias, mediante un esquema de manejo y manipulación en el otorgamiento de las mismas, y mediante un frustrante y amañado proceso de reválidas, con cientos de reclamaciones de médicos graduados alegando irregularidades y hasta la alteración de las contestaciones en sus exámenes.
El Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR) ha fungido por largos años como brazo extendido del cartel. De eso estaremos hablando más adelante.
El propio cartel, con la ayuda del gobierno, coordina y facilita la entrada de empleadores extranjeros, que operan bajo un esquema similar, para reclutar a nuestros médicos, ofreciéndole villas y castillos, que si bien es cierto que reciben mejores salarios en territorio continental, son igualmente explotados. La primera señal en el reclutamiento de esclavos médicos, es que tienen que firmar documentos de confidencialidad, en donde no pueden divulgar los esquemas, so pena de ser demandados.
Ya médicos puertorriqueños están siendo demandados por estos otros carteles en EE.UU, operados por gente que igualmente no ha estudiado medicina. Por esta razón, médicos boricuas han comenzado a considerar la idea de regresar a Puerto Rico y otros, en efecto lo están haciendo.
Alegados “asociados de la salud”, han llegado a Puerto Rico en alfombra roja y con holgadas chequeras, promovidos por el cartel, a finiquitar la etapa final del plan y la “crisis”.
El cartel utiliza su poder para alcanzar a sectores de la prensa del país y a prestigiosas firmas de análisis y consultoría. Su propósito siempre será sacar al otro lado del embudo titulares de necesidad de más, más y más fondos federales. Fondos para perpetuar lo que el cartel, Mellado y Pierluisi saben hacer muy bien.
Al final del camino todo esto es bastante sencillo de comprender:
PRIMERO CREARON LA CRISIS, PARA LUEGO PRESENTAR SOLUCIONES
El propósito principal del cartel es presentar el remedio a la crisis que han diseñado, mediante la contratación de mano de obra esclava mucho más económica, bajo una alegada situación de “emergencia” y con el aval de poderosas organizaciones, profundamente corruptas y de los políticos, que ya recibieron el pase del balón para donquearla y cumplir su parte del trato de legislar e implantar la “solución final”: Médicos Asistentes (MA y PA ), así como enfermeras a título premiado, ocuparán el lugar de los médicos licenciados en Puerto Rico.
Es decir, que usted amigo lector, terminará siendo atendido en centros de salud y salas de emergencia, por médicos sin licencia, explotados, frustrados, arrinconados y controlados; así como por enfermeras adiestradas a título de doctor, y serán estos quienes lo diagnosticarán, realizarán procedimientos, etc., al amparo de la “crisis” y “emergencia” creada por EL CARTEL DE LA MEDICINA EN PUERTO RICO.
Mira la reacción a este reportaje por parte de la Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico, la cual a través de la firma de comunicaciones y relaciones públicas Pharmacon, salieron en defensa de los Centros 330: ACCEDE AQUÍ

 

El autor es periodista certificado por el Departamento de Estado de Puerto Rico
Miembro de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO)
Miembro de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ), Washington DC