De manera creativa, portavoces de organizaciones que favorecen el aborto en Puerto Rico, defendieron el derecho de la mujer a terminar un embarazo no deseado vinculando la pobreza a la iniciativa legislativa de proteger la vida y la salud física y emocional de las madres.
Hablamos de la vista pública de la Cámara de Representantes, presidida por el representante del PPD, Orlando Aponte Rosario, donde se discuten los proyectos de ley: P. de C. 1084, P. de C. 715, P. de S. 693.
Según el portavoz del National Hispanic Caucus of State Legislators (NHCSL), el Lcdo. Guillermo Mena, los proyectos resultarían en detrimento de las personas de escasos recursos que no podrían viajar a otras jurisdicciones a realizarse un aborto.
En su defensa del aborto, Mena lo puso más feo aún, y aseguró que de convertirse en ley los proyectos provocarían hasta un éxodo de médicos al “poner tan difícil y ambiguo lo que es un aborto legal, versus uno criminal”.
Según Mena, estos médicos cogerían sus maletas y se irían a “estados como California, Nueva York, Connecticut, Oregon y Washington State”, donde “han adoptado leyes que protegen la información de las personas que vayan a realizarse el procedimiento”, indicó el defensor del derecho de las madres a matar a los bebés indeseados que llevan en sus vientres.
Lo mismo aseguró la portavoz del grupo, alegadamente cristiano, “Mujeres de Fe”, Ilia Vázquez Gascot, quien en su defensa del aborto aseguró que su organización asume postura “entre la fe y el derecho a una vida libre de prejuicios, entre la fe y el derecho a la plenitud”, indicó Vázquez vinculando la libertad de prejuicios y la plenitud al “derecho” de la mujer a terminar a gusto un embarazo señalando que el tema “solo ha servido bien para dividir a las ‘cuatro mujeres’, entre ‘las buenas’ y las ‘perversas’; para silenciar, atemorizar y culpabilizar a muchas”.
Vázquez se hizo eco de Mena y también trajo el tema de la pobreza como un factor a considerar en el debate que discrimina a la mujer.
Por su parte, Christian F. Nunes, presidenta de la Organización Nacional de la Mujer (NOW, por sus siglas en inglés), presentó un escenario catastrófico de ser aprobados estos proyectos y aseguró querer evitar que suceda lo mismo que en EE.UU., tras la revocación por parte del Tribunal Supremo federal de la histórica decisión de 1973 Roge vs Wade, que establecía que el derecho de una mujer a interrumpir su embarazo estaba protegido por la Constitución.
Según Nunes, cualquier legislación que restrinja la autonomía de la mujer debe ser rechazada, más aún si impone un límite de tiempo para abortar.