En días recientes tomó relevancia en la discusión pública el reclamo del alcalde de San Germán, Virgilio Olivera, quien solicitó al Senado investigar a LUMA Energy, debido a que la empresa está obligando al municipio a pagar $300,000 anuales por el servicio de luz en el Coliseo Arquelio Torres, aunque el mismo está cobijado bajo un acuerdo de exención.

En el marco de esa discusión comenzaron a aflorar las historias de ciudadanos y comerciantes, trayendo alegaciones de ser objeto de abuso y hasta persecución de parte de la empresa mediante el mecanismo de sobrefacturación.

Lo interesante del asunto es que no se trata de una práctica que nace con el contrato y llegada de LUMA Energy a la escena pública, sino que fue convenientemente heredado de una práctica al parecer inpunemente institucionalizada en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y que muchos ciudadanos sufren en silencio, sin que se atiendan sus reclamos de justicia.

Hablamos de una alegada sobrefacturación en la factura de energía, en un decadente sistema que de por sí mantiene una de las tarifas más altas entre las jurisdicciones de Estados Unidos.

Una tarifa que sumado a la burocracia, permisología, reglamentación, aumento en salario mínimo, multas y oportunismo gubernamental, así como el aumento en el precio de los insumos y materia prima, han colocado contra la pared a los pequeños y medianos comerciantes en el país. 

La historia de una víctima del alegado esquema:

Entre las historias que han llegado a nuestros oídos, nos llama mucho la atención, el caso del reconocido comerciante del área oeste, José Luis Ortiz Rodríguez, propietario del supermercado Edwards Food Mart (Faamcoop) en el municipio de Rincón.

Según Ortiz Rodríguez, quien abrió con mil y un sacrificios en 2009 un pequeño supermercado en dicho municipio, comenzó pagando  aproximadamente $1,500 mensuales en la factura de energía durante ese primer año de operaciones, cuando a causa de falta de capital y líneas de crédito mantenía la mayoría de las neveras de carnes, lacteos y vegetales sin mercancía y apagadas.

El negocio familiar fue progresando y aproximadamente un año después de abrir operaciones, le llegó una factura de la AEE ascendente a $65,000, alegando que habían dizque cometido un error facturándole menos que lo que alegadamente consumía.

Ortiz Rodríguez comenzó un tortuoso proceso de disputa y reclamos, en donde la AEE, no pudo demostrar cómo y de dónde provenía el alegado gasto y la exorbitante factura.

Según Ortiz Rodríguez,  se sometió a un proceso administrativo donde la AEE reconoció la no existencia de deuda estableciendo como la causa para la factura a un «error de facturación».

Sin embargo, la factura mensual, incluso después de la entrada de LUMA Energy en escena, continuó llegando mes tras mes por los pasados 15 años con cifras astronómicas que ya ascienden a $100,000 y que incluyen la partida en disputa con intereses y recargos. Una alegada deuda sin aparente base contable ni legal, no empece a que Ortiz Rodríguez y sus abogados han sido enfáticos en rechazar y no reconocer la misma, esto en medio de constantes amenazas de desconexión del servicio por falta de pago. 

El negocio de Ortiz Rodríguez se transformó en un próspero comercio que compite con los grandes supermercados de la región y actualmente su factura de energía fluctúa entre los $9,000 y $12,000 mensuales, algo que considera asfixiante.

«Esta gente (LUMA) sabe que no existe tal deuda, la Autoridad lo aceptó… fueron incapaces de probar el alegado error, en un negocio que tenía neveras apagadas y que no le debía un solo centavo. ¿De dónde sacaron eso? La Autoridad confirmó lo que se les decía. Y LUMA se montó en la guagua y sigue facturando lo que no se le debe y lo que no se le va a pagar… Este es el problema de hacer negocio en Puerto Rico. Así le paga el gobierno a quienes cargamos en nuestros hombros a este país, generando empleos, pagando contribuciones exorbitantes que no pagan los extranjeros… Y eso es en todos los sentidos, una persecución, un abuso… Por ahí tengo una multa de $12,000 porque después de mil intentos para renovar la licencia para vender Panadol, porque en este país necesitas una licencia para vender sobrecitos de Panadol, nadie respondía en el Departamento de Salud, después supe que habían tenido problemas en la plataforma digital para renovación y cuando logramos contactarlos llegó una dama y nos dijo que sacáramos la mercancía de góndola hasta que nos llegara la licencia, que no me preocupara que no tendría problema. Un par de semanas después me llegó la licencia renovada y la multa de $12,000… esto es un abuso y una persecución, porque ven al comerciante como una fuente de ingresos para sacar dinero… Si te sigo contando… Ahí tengo una multa de ORIL (Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera) de $15,000. Apareció un individuo al negocio indicando que había una querella en mi contra porque alegadamente no podía vender leche orgánica. Compré diez cajitas para ponerlas ahí y terminé, sin explicación ni amonestación, con $15,000 de multa. La gente no sabe lo que vive el comerciante…», expresó Ortiz Rodríguez.

Con relación a la alegada sobrefacturación de LUMA a individuos y comercios, es la orden del día, algo que recurrentemente se escucha y que parece ser un problema a título de perpetuidad.

En octubre de 2024, el medio Primera Hora publicó la increíble y triste historia del matrimonio ponceño de Hedda Llorens Cruz y su esposo Carlos Mattei Santos, de 67 y 75 años respectivamente, quienes «viven desesperados y con dificultad para atender sus respectivas condiciones de salud, tras un ‘error de facturación'» en la factura de energía eléctrica, que los dejó sin servicio de energía eléctrica por una supuesta deuda de $12,022 que siguió aumentando hasta más de $14,000.

Mientras esto sucede, la retórica política y populista, la inacción y el oportunismo, mantienen a un país con la reversa puesta y un rolo aplastante sobre el comercio y la ciudadanía en general.