No fueron pocos los sorprendidos con la decisión del juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Anthony Cuevas ordenando la efectividad del aumento salarial a los jueces y ordenando que se comience a pagar los aumentos, retroactivo al 1 de julio.
Esto en respuesta a las demandas de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura y del juez del Tribunal de Apelaciones, Ricardo Marrero Guerrero, solicitando se pusiera en vigencia el alza salarial, aprobado en resolución conjunta del presupuesto para el año fiscal 2023-2024 y que posteriormente la Cámara de Representantes intentó echar hacia atrás, alegando que la Constitución dispone que el salario del gobernador, jefes de agencias, legisladores y jueces, deben determinarse mediante legislación especial y no a través de una resolución de presupuesto.
La decisión del juez Cuevas fue emitida pocas horas después de que la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maité Oronoz Ramos, se expresara indignada contra la Legislatura después de un intenso cabildeo.
El presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández expresó en declaraciones escritas a la prensa del país: “No adelantaremos nuestros próximos pasos ni estrategias legales, y estaremos vigilantes al trámite presupuestario y los procesos administrativos para implementar el aumento a estos empleados públicos y, sobre todo, que se proteja la doctrina de separación de poderes dispuesta en nuestra carta magna”, expresó Hernández.