Un caso que tomó notoriedad entre abril y junio de 2022 fue el misterioso y controvertido deceso de la reclusa Shannel Colón, paciente de salud mental, quién al parecer, de manera negligente, fue ingresada en la cárcel al estar alegadamente involucrada en un “carjacking”.
La joven madre, residente en Pensilvania, donde estaba recibiendo tratamiento de salud mental, viajó a la Isla a pasar tiempo con su familia.
En un extraño incidente, donde alegadamente la mujer se sintió perseguida y optó por “escapar” en un vehículo que no era de su propiedad, terminó siendo arrestada e ingresada al Complejo de Rehabilitación para Mujeres de Bayamón, cuando acudió con un familiar a la Policía a aclarar la situación.
La joven falleció bajo extrañas y misteriosas circunstancias, menos de dos meses después de su arresto e ingreso.
La familia estaba dando la batalla para sacarla del encarcelamiento o al menos que la enviaran a una institución adecuada para su condición.
Alegadamente, Shannel estaba siendo víctima de violencia y maltrato, cuando se produjo el supuesto suicidio por ahorcamiento, que fue certificado por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).
Ahora la familia, padres e hija de Shannel, reclaman $3.8 millones por daños.
La demanda contra el comisionado de la Policía; Antonio López; el Complejo de Rehabilitación para Mujeres de Bayamón, Roberto Del Valle y su superintendente; Erasmo Martínez y la empresa Physician HMO, proveedor de servicios médicos al Departamento de Corrección, fue presentada por los abogados Fermín Arraiza Navas, director legal en Puerto Rico de la Unión de Libertades Civiles Americanas (ACLU en inglés), Wanda Valentín Custodio y José Rodríguez Jiménez.
En la misma, los demandantes alegan que: “Shannel fue sometida a tratos inhumanos, crueles y degradantes al habérsele privado de los servicios de salud mental que su condición requería, provocándole intensos sufrimientos y angustias mentales previo a su fallecimiento, todo ello en circunstancias muy extrañas y sin que los funcionarios del DCR a cargo de su custodia recibieran el adiestramiento ni la supervisión requerida para manejar este tipo de casos dentro del sistema correccional”.