Según el portal de la Casa Blanca, “la Ley para la Reducción de la Inflación (IRA por sus siglas en inglés) reducirá los costos de atención de la salud, incluidos los costos de medicamentos recetados, y ampliará la cobertura de seguro médico para las familias latinas”.
La ley firmada por el presidente Biden, en agosto del pasado año, está enmarcada en una agresiva acción presupuestaria para combatir el cambio climático, con medidas que fortalezcan la economía, mediante la reducción en los costos energéticos y de salud.
La ley destina sobre $369,000 millones de inversión federal e integra una agresiva reforma contributiva que beneficia a los ciudadanos con ingresos menores de $400,000 al año.
En el renglón de la salud, IRA permitirá que Medicare negocie los precios de los medicamentos recetados.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS, por sus siglas en inglés) dará inicio al proceso de negociación con las farmacéuticas durante este año 2023 y no será hasta 2024, cuando la agencia anuncie cuáles serían los primeros 10 medicamentos con precios reducidos negociados, los cuales entrarían en vigor en 2026.
Se estima que para 2029, hasta 60 medicamentos estarán sujetos a la negociación de precios.
Hasta ahí todo iba bien, hasta que salió a relucir en los primeros estertores de luz de 2023, un informe de investigación realizado por la firma 3 Axis Advisors, en el cual se revela que las principales farmacéuticas, entre ellas: Pfizer, AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Bristol Myers Squibb y Sanofi, se disponen a aumentar los precios de más de 350 productos a partir de este mes de enero, adelantándose a las negociaciones con el gobierno y así maximizar sus márgenes de ganancias en el sube y baja.
La ley establece que los fabricantes que no cumplan con los requisitos de negociación estarán sujetos a impuestos y multas.
Así las cosas, el refrán popular “el que hizo la ley, hizo la trampa”, pudiera tomar vigencia y ejemplo en las actuaciones de los “salvadores de la humanidad”: el gobierno y las farmacéuticas.