Es secreto a voces que las grandes empresas tecnológicas y las principales plataformas de internet, redes sociales y medios de comunicación, han estado bloqueando durante la pandemia toda información que se aparte de la narrativa oficialista a favor de la vacunación, la cual califican de “desinformación” y censuran, sin importar la fuente, datos y evidencia.
Esta censura se ha visto mayormente en el tema del Covid-19 y la sustancia a la que llaman vacuna, pero no se limita a este.
Alegadamente esta censura, mediante la cual plataformas como Facebook y otras, sancionan y suspenden cuentas, proviene de manera orquestada de las más altas esferas en Washington y percola a todos los niveles alrededor de toda la nación más poderosa del mundo.
El gobierno y los principales medios corporativos de comunicación en Puerto Rico, también son parte de este esquema de censura. Medios rentados por el gobierno se han encargado de omitir información valiosa, que el pueblo no conoce, por haber sido bloqueada y censurada.
Inclusive medios, periodistas y figuras reconocidas a nivel nacional, también han sido censurados y han tratado de ser degradados o manchadas sus reputaciones por una legión de “fact checkers” nunca antes vista y organizada para tales propósitos a fin de minar su credibilidad.
Una demanda por censura y violaciones a derechos constitucionales, incoada contra la administración del presidente Biden, por el fiscal general de Missouri, Eric Schmitt, junto con el fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, incluye al principal asesor epidemiológico de Casa Blanca, Dr. Anthony Fauci, el Departamento de Seguridad Nacional y cerca de una docena de agencias federales y secretarios de gobierno, incluyendo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).
Por tal razón, y por orden del juez federal de distrito, Terry Doughty, el Dr. Faucci tendrá que sentarse el próximo 23 de noviembre en el banquillo a testificar en torno a este esquema de censura, en la parte correspondiente al tema del Covid-19 y las vacunas.
Y es que como mencionamos, la demanda no solo se limita a la censura pandémica, sino que alcanza el silenciamiento de datos y evidencia en temas como: violaciones a la integridad electoral en 2020.
Los abogados de defensa presentaron un recurso judicial ante el Tribunal de Apelaciones federal para invalidar la orden de Doughty y evitar que Faucci y otros nueve altos funcionarios testifiquen.
Puedes acceder aquí a nuestro pasado reportaje en NuevaIsla.com donde damos más detalles de este caso.