Nuevamente, el río sonó y tal como se había anticipado, agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) arrestaron en la madrugada del jueves, en su residencia en la urbanización Árboles de Montehiedra, a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, acusada de participar en un esquema de financiamiento ilegal de su campaña electoral, que involucra soborno y corrupción gubernamental.
La exsecretaria de Justicia, Vázquez Garced fue juramentada gobernadora en 2019 tras la renuncia del entonces gobernador Ricardo Roselló Nevárez por línea de sucesión constitucional, tras la dimisión fulminante del entonces secretario de Estado, Luis Gerardo Rivera Marín a quien le correspondía asumir el puesto.
En horas de la mañana del jueves 4 de agosto de 2022, el jefe de fiscalía federal, Stephen Muldrow, confirmó que se trataba de Herrera Velutini, propietario de Bancrédito; la expresidenta del dicho banco, Frances Díaz; Mark Rossini (exagente federal) y John Blakeman. Este último, quien fungió como administrador de Vivienda Pública bajo la administración de Pedro Roselló, fue consultor político y manejador de las finanzas de la campaña electoral primarista de Vázquez Garced en 2020.
Blakeman, ya se había declarado culpable el pasado 31 de marzo, tras lograr un acuerdo con la Fiscalía federal, por los delitos de conspiración, soborno con fondos federales y un esquema de ‘kickback’ o pago a cambio de beneficios.
Alegadamente, Vázquez Garced sostuvo una reunión con banqueros, en la cual se encontraba el banquero venezolano Julio Herrera Velutini. Se dice que Vázquez Garced y su grupo de campaña primarista aceptó $300,000 en “donaciones” a cambio de que no tan solo se paralizara una investigación en contra de la entidad bancaria Bancrédito por parte de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), sino que la gobernadora despidiera al director de la misma y nombrara a una persona escogida por Herrera Velutini.
Tras la derrota de Vázquez Garced en las primarias, el grupo de acusados se concentra en el entonces candidato a la gobernación y actual gobernador, Pedro Pierluisi para que le diera continuidad al acuerdo conspiratorio, a lo cual al parecer el gobernador rehusó. No se divulgó si Pierluisi informó al FBI del acercamiento que le hicieron los acusados.
Muldrow aclaró que el gobernador, descrito en el pliegue acusatorio como el “Funcionario A” , no está implicado en el esquema de corrupción, sin embargo no quizo desmentir si continúan investigando las alegadas irregularidades en la campaña de este.
Como nota interesante y ciertamente indignante para muchos, la jueza Camile Vélez Rivé impuso una fianza “no asegurada” de $50,000 a la exmandataria. La fianza no asegurada es una fianza nominal no respaldada por bien inmueble o dinero alguno.