La economía isleña se transformó durante los últimos tres años en una economía pujante, al punto de ver una reducción significativa en quiebras corporativas e individuales; bancos y cooperativas reportando ganancias record; el desempleo a la baja y hasta un relajamiento en las tensiones presupuestarias entre la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el Gobierno de Puerto Rico, que ahora reparte no tan sólo bonos de navidad sin problemas, sino bonos adicionales por “excedentes y ahorros” por las asombrosas sumas de entre $3,000 y $11,000 a decenas de miles de empleados.
Todo esto fruto de una sorpresiva inyección pandémica inimaginada, que muchos sueñan con no tan solo fumársela hasta el cabillo, sino alargarla indefinidamente, sin importar lo que conlleve o tengan que hacer, incluyendo perpetuar la pandemia del Covid-19.
La pandemia del Covid-19 en Puerto Rico, muy en especial durante su primera fase, trajo consigo terror en la población, bonanza económica en miles de empresas e individuos y silencio por parte de los apadrinados por el gobierno.
Comencemos desde arriba: Los préstamos pandémicos del presidente Biden, al 1% de interés, los cuales no requieren repago si cumplen con el propósito para el cual fueron otorgados bajo el Programa de Protección de Nómina (PPP, por sus siglas en inglés), los cuales debían ser destinados al pago de salarios de empleados en empresas con 500 o menos empleados, se convirtieron en el sueño y fantasía cumplida de decenas de miles de empresas e individuos en Puerto Rico.
El programa fue administrado por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés), la cual otorgó en la Isla, la increíble e insólita cantidad de 70,199 “préstamos”, para un total de $2,800 millones.
Ni cortos ni perezosos, muchas de las principales empresas del país corrieron con sus canastas a recoger del maná pandémico.
Una de ellas, lo fue GFR Media, quien aparece posicionada entre las primeras empresas con las cuantías más altas en préstamos PPP otorgados en Puerto Rico.
Hablamos de $6.39 millones, en préstamo número 3472717106, aprobado el 11 de abril de 2020, el cual aparece “pagado en su totalidad” o perdonado, según los registros de SBA.
GFR Media picó alante y obtuvo su PPP a escazos 29 días después de la declaración de emergencia emitida por la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced.

Cabe señalar que Publi-Inversiones Inc., corporación matriz propietaria de El Vocero, aparece como beneficiaria de un préstamo PPP por la cantidad de $747,487 en préstamo número 5258057205, aprobado el 27 de abril de 2020.
Es importante mencionar que no hay problema alguno con las empresas e individuos que se hayan beneficiado de esta iniciativa federal, entre las cuales hay desde hospitales y médicos, hasta lavanderías y centros de mecánica automotriz, siempre y cuando no exista fraude o conflicto de interés.
En el caso de los medios de comunicación, llamados a vertir la información de parte y contraparte, investigaciones fundamentadas, versiones encontradas y análisis profesionales divergentes, resulta improbable que como prestatarios estén dispuestos a divulgar ningún dato contrario al interés del prestamista. Más aún cuando se les ha ofrecido perdonarle y borrarle de un plumazo el pago de su deuda.
Esto no incluye la monumental cosecha de contratos publicitarios millonarios para promover la política pública del gobierno, aunque ésta pudiera resultar en contra de los mejores intereses del pueblo.
Como dato curioso, el secretario del Departamento de Salud, Dr. Carlos Mellado López aparece con un PPP, por la cantidad de $20,800 en préstamo número 3935877410, aprobado el 8 de mayo de 2020.
Figuras mediáticas como Ferdinand Pérez Román, también aparecen guisando de un PPP de $20,800, en préstamo número 9439567801, aprobado el 8 de junio de 2020.
No podía quedarse atrás VOCES, la compañía de Lillian Rodríguez Capó, administradora de contratos millonarios para la inoculación experimental masiva, quien según los datos guisó con dos préstamos PPP de $46,600 y $64,200 en préstamos número 4566547207 y 8847378608, aprobados el 27 de abril de 2020 y 25 de marzo de 2021 respectivamente.
El Departamento del Tesoro (USDT) en su página web establece que estos fondos podían no tan solo ser utilizados para el pago de nómina, sino que “también se pueden utilizar para pagar intereses sobre hipotecas, alquileres y servicios públicos”.
Pero de igual manera, el USDT también establece: “El Programa de protección de nómina proporciona a las pequeñas empresas los recursos que necesitan para mantener su nómina, contratar de nuevo a los empleados que pueden haber sido despedidos y cubrir los gastos generales correspondientes”.
Ya hay sectores de la prensa estadounidense que comienzan a cuestionar la intención legislativa y el por qué los mayores beneficiados de este programa de regalías encubiertas, terminaron siendo los sectores más influyentes, en donde están los principales donantes del gobierno, muy en especial bufetes y empresas que no atravesaban por situación económica adversa alguna, ni estaban en riesgo de insolvencia o de tener que despedir empleados.
De hecho, sobre 100 prestigiosos bufetes de abogados en Estados Unidos, se beneficiaron de $809 millones de estos préstamos pandémicos que no requieren repago. Entre ellos, el bufete Kasowitz Benson Torres, el cual tiene entre sus clientes al acreedor del gobierno de Puerto Rico, National Public Finance Guarantee. Este bufete, guisó con un préstamo PPP de $10 millones.
En la Isla, bufetes como McConnell Valdés, aparece en los registros de SBA con préstamos PPP de $2.77 millones y el bufete O’Neill & Borges, para el cual el gobernador Pedro Pierluisi trabajó como abogado por más de una década y entre cuyos clientes se encuentra la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), también aparece guisando con un PPP de $2.48 millones.