La Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF, por sus siglas en inglés) no tan solo negó la exención religiosa a miles de sus miembros que no deseaban vacunarse contra el Covid-19, sino que selectivamente solo las concedió a una ínfima minoría que estaban al borde de la jubilación, bloqueándole este derecho constitucional a personal de nuevo ingreso y el resto de sus miembros activos.
Un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito de los Estados Unidos, compuesto por los jueces: Eric Murphy, Raymond Kethledge y John K. Bush, emitió una opinión en contra de la apelación de la USAF en torno al fallo del juez Matthew McFarland del Tribunal Federal de Ohio, quien bloqueó temporalmente el mandato de vacunación contra el COVID-19 a miles de miembros de la USAF, los cuales permanecen sin vacunarse tras oponerse a la vacuna por motivos religiosos.
Cerca de 12,000 miembros de la USAF fueron víctimas de este alegado discrimen, siendo objeto de “persecución” y presiones para que se vacunaran, con amenazas de ser removidos de la organización.
Unos 18 valientes, de ese universo antes mencionado, decidieron demandar en febrero de 2022 a la USAF logrando el fallo a favor y provocando el revés de esta en Apelaciones. Un revés que con toda probabilidad llegará al Supremo federal.
Los 18 demandantes son miembros en servicio activo de la USAF destacados en la Base Wright-Patterson en Ohio; Campo Hurlburt en Florida; Base Randolph en Texas; y la Base de la Reserva Aérea Dobbins en Georgia.
La USAF solo aprobó 135 mezquinas exenciones religiosas de miles de solicitudes.
De hecho, la opinión del panel de jueces indica: “Realmente otorgó las exenciones ‘religiosas’ solo a aquellos que calificaron para una exención ‘administrativa’ porque pronto se jubilarían. En el argumento, la Fuerza Aérea acordó que no ha otorgado exenciones religiosas a nadie que no planee dejar el servicio dentro de un año”.
Este caso abre las puertas a nuevas demandas federales y estatales contra mandatos pandémicos que obviaron, cuestionaron y coartaron el derecho constitucional a la objeción por convicción religiosa que le asiste a los ciudadanos, más allá de la posición institucional de las denominaciones eclesiásticas o líderes religiosos.