Tal y como habíamos informado meses atrás en este medio, las naciones más poderosas del mundo, en sintonía con la denominada “Agenda 2030”, comienzan a alinearse y dar los pasos afirmativos y finales para enmendar el Reglamento Internacional de la Salud (RSI), mediante el cual se otorgarían poderes plenipotenciarios a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para emitir mandatos, por encima de las soberanías y ramas de gobierno de las naciones. Esto en aras del bien universal y de alcanzar un estado de uniformidad mundial en el manejo de las emergencias provocadas por las futuras pandemias.
El pasado 16 de noviembre de 2022, en el marco de la Cumbre del G20 en, Bali, Indonesia, los líderes de las naciones que componen el G20 emitieron una declaración conjunta a fin de alcanzar un estándar global sobre la prueba de vacunación para viajes internacionales y plantea la creación de lo que denominan una “red digital de salud global”, cuya función está ligada al control mediante la integración de los pasaportes de vacunas digitales de Covid-19 ya existentes.
En esta cumbre, el denominado B20 (Business 20), adscrito al G20 y apadrinado por el Foro Económico Mundial (WEF), endosó el concepto de pasaporte de vacunación digital para viajes y fue más allá al incluir un certificado de salud digital, que como abiertamente plantea la WEF, tendría el efecto de restringir la movilidad de las personas e inclusive los servicios a los que podría o no acceder.
Quizás usted diga “no tengo problema con eso, pues estoy vacunado”, pero se trata de cuántas vacunas y cuántas dosis o nuevas sustancias experimentales está dispuesto usted a tolerar.
Bajo el escenario global que se está construyendo, usted no tendrá ese poder decisional, si desea entrar a un cine, un supermercado o acceder cualquier servicio de salud, de gobierno e inclusive financiero para abrir una simple cuenta bancaria.
Tanto el pasaporte, como el certificado de salud digital dentro de la propuesta red digital de salud global, son iniciativas que no admiten oposiciones de los estados a ser implantadas.

De hecho, esta iniciativa es parte de la urgencia de aprobar la propuesta de enmiendas al RSI que se quedó pendiente en la pasada Asamblea Mundial de la Salud en mayo de este año y que deberá ser aprobada en mayo de 2023.
Hablamos de una propuesta de 13 enmiendas, algunas de las cuales otorgan poderes amplios sobre la soberanía de los países en cuanto al manejo y respuesta en una emergencia de salud.
De igual manera, incluye el control de información y la creación de mecanismos de acción para combatir la “desinformación”, que incluiría sanciones no especificadas.
Bajo esta visión piramidal, la OMS, organismo adscrito a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyos miembros se obligan a acatar sus determinaciones de manera vinculante, los mandatos de emergencia como: vacunación, encierros, segregación o aislamiento, serían decretados directamente por ésta y no por presidentes, gobernadores o funcionarios de las naciones, las cuales no tendrían el poder legislativo o jurídico para cambiar o detener las mismas.
Aquí un extracto de la declaración conjunta en su inciso número 19:
“Reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer la gobernanza sanitaria mundial, con el papel de liderazgo y coordinación de la OMS y el apoyo de otras organizaciones internacionales. Apoyamos el trabajo del Órgano de Negociación Intergubernamental (INB) que redactará y negociará un instrumento legalmente vinculante que debe contener elementos legalmente vinculantes y no vinculantes para fortalecer la PPR pandémica (Pandemic Preparedness, Prevention, and Response) y el grupo de trabajo sobre el Reglamento Sanitario Internacional que considerará las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional (RSI) (2005), teniendo en cuenta que la decisión será tomada por la Asamblea Mundial de la Salud con el papel de liderazgo y coordinación de la OMS y el apoyo de otras organizaciones internacionales”, reza el documento.
Por otro lado, otra de las intenciones de esta iniciativa, recogida en la declaración conjunta, es que sirva para la implantación del concepto “Cubierta Universal de Salud”, impulsada por la Organización Mundial de Comercio (OMC), otro estrecho colaborador de la ONU y la OMS.
De este tema podríamos elaborar varios artículos, pero en síntesis, aunque no se trata exactamente de un plan médico como lo conocemos, busca en teoría que los pobladores del planeta puedan tener acceso a servicios de salud, sin que esto le represente una dificultad financiera; todo esto bajo los lineamientos del nuevo orden mundial y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
La Cubierta Universal de Salud está estrechamente ligada a la financiación bajo un nuevo sistema económico global socializado, la digitalización, la tecnología y la inteligencia artificial.
Así las cosas, la pandemia del Covid-19, lejos de conceptualmente haber terminado, está sirviendo de propulsor de todo un andamiaje de mecanismos de cambios dramáticos, orientados hacia el control de masas y sistemas, en una gobernanza global, que ha de impactar a cada gobierno y cada morador del planeta Tierra en un corto período de tiempo.