Puerto Rico continúa con el mismo problema: un impuesto a los comercios sobre las mercancías que mantienen almacenadas y que pone en riesgo los abastos en situaciones de crisis, toda vez que como medida de las compañías para reducir ese pago limitan las cantidades disponibles en su almacén.

Los municipios se benefician y reparten $314 millones de esos recaudos que utilizan para sus presupuestos y el ofrecimiento de servicios públicos. La dependencia de los municipios sobre esos fondos es y ha sido ancla y manzana de la discordia para su eliminación.

Después de una larga discusión de años y diversas administraciones para su eliminación, la gobernadora Jenniffer González Colón envió un proyecto de administración a la Legislatura, que «congelaba» o fijaba por cinco años las cantidades que pagan actualmente los comercios, sin que se vieran afectados con mayores abastos en sus almacenes ni los municipios se quedaran sin esos fondos. Al cabo de los cinco años se eliminaba, por lo que el gobierno tendría ese término para encontrar un sustituto a esos ingresos.

Durante el debate legislativo se enmendó el proyecto de la gobernadora y se redujo el término de cinco a tres años, aumentando la incertidumbre de los alcaldes rojos y azules, generándose una fuerte presión y cabildeo por parte de estos para que la mandataria vetara el proyecto (PC 420) enviado a su escritorio para su firma.

Los presidentes de Cámara y Senado, Carlos «Johny» Méndez y Thomas Rivera Schatz, ambos de mayoría PNP, advirtieron que de ser vetado el proyecto y devuelto a la Legislatura, el mismo no sería atendido.

La gobernadora finalmente vetó el proyecto y lo devolvió al Capitolio.

«Se tiene que congelar por cinco años… los legisladores tienen un poder constitucional de evaluar las medidas que se les radican, enmendarlas si tienen que enmendarlas, derrotarlas si tienen que derrotarlas, y de la misma manera, radicar medidas. Esa misma autoridad y ese mismo poder lo tengo yo como gobernadora y lo estoy ejerciendo aquí de la mano de 78 municipios. Si yo pude sentarme con los 78 municipios que diferimos políticamente: por qué la Asamblea Legislativa no puede hacer lo mismo», expresó González Colón.

Para la mayoría de los analistas del país, con el veto y el tranque legislativo murió el asunto y el impuesto al inventario pudiera tomar visos de perpetuidad.

Detrás del término de los cinco o tres años está el cálculo político: antes o después de las elecciones de 2028.

Es de todos conocido, la tensión y lucha de poder existente en el PNP y entre el Ejecutivo y Legislativo. De igual manera se sabe que hay intenciones internas de serruchar las aspiraciones de González Colón a una reelección y se cocina a fuego lento la búsqueda de un(a) sustituto(a) y una potencial primaria.