La controvertida Ley Núm. 22-2012 conocida como “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”, la cual ha recibido duras críticas durante más de una década por prestarse como herramienta desigual para el desplazamiento de importantes propiedades y el patrimonio boricua a manos extranjeras, vuelve a ser defendida a “capa y espada” por la administración Pierluisi.
Esta vez le tocó el turno al director de la Oficina de Incentivos para Negocios en Puerto Rico del Departamento de Desarrollo Económico, Carlos Fontán quien expresó a miembros de la prensa que: “Mientas continuemos haciendo estudios y estos estudios establezcan que son beneficios para la economía puertorriqueña, estaremos apoyando tanto el programa de Ley 22 como cualquier otro tipo de programa de este tipo”.
Con relación a las propuestas enmiendas a esta ley que periódicamente surgen quedando en el tintero legislativo, Fontán defendió los decretos ejecutivos relacionados a esta ley – y otras como la 20 y la 60 – y le echó los $20 a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que al parecer sirve de “bouncer” en la puerta: “La Junta ha levantado bandera cuando se trata de enmendar la ley (22) y cambiar algunas disposiciones, pues ya es dentro del ámbito legislativo, pues ellos hacen expresiones referentes a esas enmiendas. Pero referente a decretos que nosotros hayamos aprobado ahí no, porque eso ya es una ley que está vinculante y cómo se evalúan los casos de conformidad a los parámetros que establece la ley”, señaló el funcionario, quien dejó saber que en 2020 los inversionistas acogidos al estatuto pagaron $159.4 millones en contribuciones sobre ingresos.
Los decretos a los que hace referencia Fontán son aquellos que dentro de la ley facilitan aún más el inversionismo extranjero y que el gobernador Pedro Pierluisi ha defendido igualmente “a capa y espada”.
De hecho, el 16 de mayo de 2023 el mandatario expresó: “Los decretos hay que honrarlos. Los decretos empeñan la palabra del gobierno y se tienen que honrar”.
Cabe señalar, que se encuentra ante el Senado un proyecto de enmienda de los senadores Thomas Rivera Schatz (PNP) y Juan Zaragoza (PPD), con el aval del primer ejecutivo, que a estas alturas impondría como requisito un mínimo de $1 millón en inversión para acogerse a la Ley 22.
Al momento no se ha divulgado un inventario actualizado de propiedades adquiridas por inversionistas extranjeros en la Isla durante los pasados 11 años, sin embargo se sabe que las favoritas son aquellas que ubican en áreas de alto atractivo turístico y sectores como Puerta de Tierra y otros alrededor de la Isla, donde se alega que comunidades completas están siendo paulatinamente desplazadas a causa de este inversionismo extranjero protegido por el gobierno.