El zar de energía de Puerto Rico, Josué Colón Ortiz, emitió una comprometedora carta en la que acusa a LUMA Energy LLC de haber presentado alegaciones “evidentemente infundadas”, por no decir falsas, para obtener el contrato de operación de la red eléctrica de la isla hace casi seis años.

La misiva representa una declaración de guerra frontal entre el gobierno y el consorcio encargado de la transmisión y distribución de energía en Puerto Rico, y abre la puerta a un potencial intento de anulación del controvertido contrato, en donde el gobierno aspira a la cancelación del mismo sin necesidad de un proceso de disputa formal. Sin embargo, dos cosas parecen estar claras: el divorcio le costará buen dinero al Gobierno y LUMA no va a ponérsela fácil a la administración de turno.

Según ha trascendido, la posibilidad de anular el contrato forma parte de informes previos tanto del Comité Especial del Colegio de Abogados y Abogadas como por la firma legal Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, asesora de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), basados en el argumento de que LUMA obtuvo el acuerdo con información falsa o engañosa, algo que el Gobierno busca establecer y fortalecer mediante la misiva.

La carta de Colón Ortiz se produce en el marco de la solicitud urgente de LUMA, divulgada la semana pasada, en la que la empresa reclamó entre $500 y $800 millones adicionales en fondos públicos para atender una supuesta crisis financiera y operacional, especialmente de cara a la temporada de huracanes.

Parece ser que la petición de LUMA fue interpretada por el gobierno como un intento de presión pública para obtener recursos, a pesar de obligaciones contractuales previamente acordadas, y una punta de lanza perfecta para dar inicio al proceso de ruptura prometido en la campaña de la gobernadora Jenniffer González Colón.

El zar Colón Ortiz sostuvo que LUMA incumplió múltiples compromisos que presentó como fortalezas al momento de la adjudicación del contrato, incluyendo experiencia en el manejo de fondos federales de FEMA, capacidades de respuesta ante emergencias, eficiencia operativa, y promesas de operar sin necesidad de aumentar tarifas. Además, recalcó que durante el año de transición —por el que se les pagaron $181 millones— LUMA aseguró haber adquirido un conocimiento profundo de la red, algo que no se ha traducido en resultados concretos.

El funcionario denunció que LUMA ha gestionado de manera deficiente los fondos federales y los procesos de reembolso, forzando a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a cubrir costos operacionales con sus propios recursos. También criticó que la empresa no haya cumplido con tareas básicas de mantenimiento, como el despeje de vegetación de las líneas eléctricas, lo cual, según afirmó, ha sido el origen de apagones masivos ocurridos en junio de 2024 y abril de 2025.

Colón Ortiz también subrayó que el contrato establece que tareas como el manejo de vegetación deben cumplirse dentro del presupuesto ordinario, sin depender de fondos adicionales. “Estas no son mejoras opcionales, sino tareas básicas de mantenimiento”, sentenció.

La carta concluye con un fuerte mensaje del gobierno a LUMA: “La historia de la operación de la infraestructura energética de la isla no se escribirá en comunicados de prensa, anuncios o ‘billboards’, sino en megavatios restaurados, millas de líneas de transmisión despejadas y dinero reembolsado”. Así, el Ejecutivo reitera que Puerto Rico necesita un socio que valore y administre con responsabilidad los fondos públicos, en lugar de tratarlos como ilimitados.

Responde LUMA y desmiente al Gobierno:

Ni ñocos ni mudos, por su parte LUMA le salió al paso a Colón Ortiz respondiendo con firmeza a las expresiones vertidas y afirmando que las acusaciones contienen “inexactitudes” y “caracterizaciones erróneas” sobre su gestión al frente del sistema eléctrico de la isla.

En una declaración escrita, LUMA sostuvo que la carta de Colón -en la que se les imputa haber hecho representaciones infundadas para obtener el contrato en 2020- omite un aspecto clave del contexto financiero actual: el proceso de reestructuración bajo el Título III de la ley PROMESA.

La compañía subrayó que, mientras la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) continúe en bancarrota, sus operaciones dependen exclusivamente de los fondos públicos y de una tarifa base que no ha sido revisada desde 2017.

“El contrato se firmó bajo la expectativa de que la AEE saldría de la quiebra en un plazo de 18 meses, permitiendo el acceso a otras fuentes de inversión. Esa condición no se ha cumplido”, indicó el consorcio compuesto por ATCO y Quanta Services.

Según LUMA, este retraso ha limitado su capacidad para obtener financiamiento adicional, incluyendo el acceso a fondos federales, cuya obtención -afirman- es compleja en el actual marco legal y fiscal.

LUMA sostuvo que la respuesta del gobierno evade el contenido sustancial de su solicitud de colaboración, y reiteró que la solución estructural radica en concluir la reestructuración financiera de la AEE.

La empresa defendió los avances realizados desde que asumió el control de la red eléctrica, mencionando proyectos concretos como:
– La instalación de dispositivos automatizados para mejorar la confiabilidad del servicio.
– Iniciativas de manejo de vegetación para reducir interrupciones.
– La promoción de proyectos de almacenamiento en baterías y energía renovable.

“Estos esfuerzos son una muestra más de nuestra dedicación para proveer energía confiable y sostenible a nuestros 1.5 millones de clientes”, señaló la empresa.

LUMA insiste en que opera en un marco restrictivo y que la colaboración institucional es esencial para superar los retos del sistema energético.

Aunque el choque entre el gobierno y LUMA ocurre en un contexto de creciente insatisfacción pública por los constantes apagones y la fragilidad del sistema eléctrico, no se puede perder de vista dos aspectos neurálgicos: La proximidad de la temporada de huracanes y los costos en tiempo y dinero que este “divorcio” le va a costar al pueblo de Puerto Rico.

Según algunos expertos no va a ser juego de niños demostrar incumplimiento o las alegadas falsedades de la empresa para lograr el contrato, y existen penalidades por cancelación e inclusive un cargo por transición hacia un nuevo operador, que pudieran representar sobre $150 millones.