Gobierno se prepara:
No más campamentos ni
casetas frente al Capitolio
Emiten nueva orden administrativa


En lo que pareciera ser la preparatoria ante potenciales protestas en contra de nuevos abusos y mandatos por parte del gobierno, los cuales pudieran conllevar la iniciativa de acampar frente al Capitolio de Puerto Rico, se dio a conocer la nueva Orden Administrativa SDC-2023-04 emitida por la Asamblea Legislativa y la Superintendencia del Capitolio: “Para Establecer Normas y Controles de Acceso a los Edificios que componen el Distrito Capitolino y Establecer otras Disposiciones de Seguridad”.
El documento firmado por el superintendente del Distrito Capitolino, César A. Hernández Alfonso, el pasado 23 de agosto, el cual prohíbe levantar toldos, casetas de acampar y carpas, entre otro tipo de estructuras temporeras, también incluye directrices que aplican a: guías turísticos, accesos específicos para prensa y visitantes, ruidos, vestimenta y otras disposiciones expuestas en dicha Orden Administrativa.
Según Hernández Alfonso: “Acorde con nuestra política de ser más responsables con los visitantes, estamos atemperando las reglas a reportes que se hicieron a principios del cuatrienio sobre lo laxa que era la seguridad en este edificio. Fue señalado por las autoridades federales y estatales… Con la creación de la orden tenemos una base legal con un lenguaje claro y preciso para atender situaciones que ocurrieron en el pasado”, expresó el superintendente capitolino a miembros de la prensa.
Aprovechan para distorcionar la verdad:
Un medio digital de primera circulación en el país, publicó información errónea, y a todas luces mal intencionada, al atribuirle daños a las instalaciones del Capitolio a causa del “Campamento por el Despertar”, levantado en la Navidad de 2021 en contra de los mandatos pandémicos, el cual se mantuvo instalado por espacio de tres meses, de manera pacífica y ordenada, hasta que el Gobierno levantó gran parte de la rigurosidad y disposiciones dispuestas en sus mandatos.
Según publicó ese medio al editorializar el contexto de la noticia relacionada a esta nueva Orden Administrativa: “A principios de 2022 organizaciones antivacunas establecieron un campamento en el área verde de la zona norte del Capitolio y permanecieron allí hasta abril, mutilando la zona, provocando daños y destruyendo la hasta ese entonces bien cuidada grama. Los daños fueron estimados en $30,000”, expresó el vaccineta medio de prensa.
Si embargo, NUEVAISLA.com puede dar fe de que la información es falsa, toda vez que personalmente pasamos inspección en el área y no existían tales daños, ni mucho menos a la “grama”, en un área donde mayormente lo que existía era hierba común recortada.
Nos parece encomiable que se tomen medidas para garantizar la seguridad de visitantes y personal en un complejo de edificios públicos como lo es el Distrito Capitolino, pero información falsa, mal intencionada y estigmatizada, por parte de medios y otras fuentes del país, no puede ni va a ser pasada por alto.
Historia y efecto de los campamentos:
Por otro lado, cabe señalar que los campamentos frente al Capitolio, desde los años 70’s, han sido históricamente eventos aislados, debido a que conllevan un enorme sacrificio por parte de los manifestantes, y han sido utilizados como recurso extremo por parte de sectores representativos del pueblo para hacer llegar un reclamo al Gobierno, cuando éste pretende hacer oídos sordos.
En tiempos recientes, podemos recordar el “Campamento de la dignidad y la solidaridad”, establecido en 2009, por una coalición de organizaciones sindicales en contra de los despidos injustificados por parte del Gobierno, el cual desembocó en negociación y acuerdos.
De igual manera, recordamos el “Campamento contra el IVA” en 2015, que abonó a que la medida impositiva se colgara en la Cámara.
Lo mismo sucedió en 2021, con el “Campamento de los Jubilados” del Frente Amplio en Defensa de las Pensiones que desembocó en la aprobación del proyecto de Retiro Digno.
De esta manera, estratégica y convenientemente, el Gobierno, en la cara de todos, pretende suprimir un mecanismo útil de expresión pública, continuando su política de limitar el alcance de la voz del pueblo.
El autor es periodista acreditado por el Departamento de Estado de Puerto Rico Miembro de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO)
Miembro de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ) Washington DC