Ante el despido de 62 empleados y la reducción de camas, de 260 a solo 18, el secretario del Departamento de Salud (DS), Víctor Ramos Otero reaccionó a la grave crisis financiera que atraviesa el Hospital El Maestro, en Hato Rey, dejando ver que el argumento de la administración de que se trata de una «restructuración» no es la verdad.

En entrevista para el periódico El Nuevo Día, Ramos Otero expresó: «Un hospital no es sostenible con 18 camas, así que mañana los inspectores tendrán que ir al hospital y ellos tendrán que informar la verdad de lo que está pasando. No es sostenible operar con 18 camas… vamos a ir diligentemente para que nos presenten cómo ellos pretenden tener un hospital sostenible con 18 camas abiertas. Nos lo van a tener que explicar…

Creo que tienen que ser complemente transparentes y nosotros entendemos que no lo están siendo”, señaló el secretario.

Según trascendió, la administración envió una carta al DS, informando las medidas adoptadas, sin embargo la misma no cumple con los requisitos del Certificado de Necesidad y Conveniencia (CNC), que rige la operación de las instituciones hospitalarias, por lo que las medidas adoptadas no cumplen los parámetros de ley.

El titular de la agencia informó que le enviaron una misiva en respuesta a la administración, indicándole que «no cumple con los requisitos» y que tenían que solicitar una solicitud formal de cambio del CNC.

Ramos Otero indicó que «esto no puede ser un al garete”, dando a entender que la institución anda por la libre imponiendo sus propias reglas.

La crisis financiera del importante hospital, fundado en 1957 por gestión de la Asociación de Maestros de Puerto Rico – de ahí su nombre – viene arrastrándose desde hace cerca de cinco años.

Aunque en este momento se desconoce el monto de la deuda que pueda tener, un informe de 2022 la ubicaba en poco más de $29 millones.

A principios de este mes de agosto el hospital había informado que el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS, en inglés) había embargado sus cuentas, por lo que estaban “evaluando nuestras alternativas”.

Según las declaraciones escritas emitidas el 8 de agosto, el embargo correspondía “a una parte de la deuda que estaba descubierta” y se anclaron en el hermetismo al indicar que “por el momento, estas son las únicas declaraciones que estaremos ofreciendo mientras manejamos la situación”.

Cabe señalar, que el hospital recibió una asignación de $150 millones en fondos federales de parte de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), tanto para la reconstrucción de su infraestructura, como para la selección y contratación de otro administrador que asumiría la operación de los servicios de salud.

Se desconoce aún si la institución se encuentra en trámite de acogerse a la Ley de Quiebras.